REDACCIÓN ELONCE
El fiscal general federal José Ignacio Candioti analizó en Elonce los desafíos frente al narcotráfico, las ganancias de las bandas y el impacto sobre los menores. También habló de protección de testigos, trata de personas y los recursos necesarios para implementar el sistema acusatorio.
El narcotráfico debe investigarse con el objetivo de desarticular a las organizaciones que lo sostienen y no limitarse al secuestro de cargamentos, planteó el fiscal general federal José Ignacio Candioti en diálogo con Elonce. El funcionario también advirtió sobre el daño que provoca la venta de drogas en los barrios, especialmente entre los menores de edad, y reclamó herramientas efectivas para proteger a quienes declaran como testigos.
Durante la entrevista, distinguió dos dimensiones del problema: la tarea de la Justicia y las fuerzas de seguridad frente a las bandas, y la situación cotidiana de los vecinos que conviven con puntos de venta. Para los investigadores, señaló, el desafío debe estar en perseguir el accionar organizado de quienes comercializan estupefacientes a gran escala.
Desde la perspectiva de los ciudadanos, puso el foco en los chicos que consumen drogas y ven afectadas sus posibilidades de estudiar, practicar deportes y compartir otras actividades. “Eso causa un daño terrible”, sostuvo. Añadió que esa preocupación también fue expresada por organizaciones sociales, asociaciones que trabajan en la temática y la Iglesia.
Las ganancias que sostienen el negocio en los barrios
Consultado sobre la penetración del narcotráfico en sectores vulnerables y su relación con la presencia estatal, Candioti evitó atribuir el fenómeno a un gobierno determinado. Su explicación se concentró en la rentabilidad del negocio: “Por las ganancias siderales que el narcotráfico deja”, afirmó.
El fiscal aseguró que esa apreciación surgió de las pruebas reunidas en expedientes, particularmente de conversaciones entre integrantes de las organizaciones. Explicó que en los alegatos presentaron cifras sobre ingresos diarios o semanales y aclaró que no se refería únicamente a grandes estructuras: también mencionó grupos de cuatro o cinco personas que operaban en unas pocas manzanas.
“Ellos se manejan en dólares. En las causas hablan en dólares”, remarcó. Aclaró, además, que tenía mayores precisiones sobre los ingresos de quienes vendían que sobre las ganancias de los proveedores, porque no siempre los diálogos incorporados a las investigaciones permitían cuantificar ese tramo de la cadena.
Una causa que vinculó el abastecimiento con la venta al menudeo
Candioti describió un juicio reciente en el que fueron condenadas cuatro personas y explicó cómo se conectaban la compra de cocaína y su comercialización en los barrios. Según relató, los integrantes de la organización obtenían dólares en Concordia y viajaban a Buenos Aires: “Ahí adquirían la cocaína y la traían a Paraná para venderla al narcomenudeo”.
"En el alegato lo que sostuvimos es que por lo menos durante siete meses estas personas hacían este mecanismo”, explicó, y agregó que los viajes eran semanales.
En el procedimiento final, la Policía siguió el vehículo mediante un GPS. Cuando intentaron interceptarlo, sus ocupantes escaparon y descartaron la droga.
“Arrojan 18 kilos de cocaína de muy buena pureza, con un valor enorme”, relató. Parte del circuito incluía una boca de expendio minorista vinculada con la cuarta persona condenada. “Entonces, veamos cómo tenemos acá las dos cosas”, señaló sobre la relación entre el abastecimiento y la venta barrial.
Narcomenudeo: “No ha habido problemas de falta de coordinación”
El fiscal evaluó la experiencia entrerriana de distribución de investigaciones entre la Justicia provincial y la federal. “A mi entender, no es insatisfactoria la experiencia”, sostuvo, y explicó que ese balance surgía del funcionamiento que había observado y de los intercambios con otros fiscales.
“No ha habido problemas de falta de coordinación”, afirmó. También señaló que no había advertido investigaciones provinciales por narcomenudeo que entorpecieran causas federales de mayor alcance. Consultado sobre si intervenir en un punto de venta podía impedir avanzar hacia los proveedores, respondió: “No he visto ni he tenido conocimiento de que haya pasado eso”.
Secuestrar droga y detener al transportista: por qué pidió ir más allá
Candioti cuestionó que un secuestro importante de estupefacientes sea presentado automáticamente como la desarticulación del negocio. Tomó como ejemplo un camión con dos toneladas de droga cuyo procedimiento terminara únicamente con la detención del conductor. “¿Y a quién se detuvo? Al camionero”, planteó para señalar los límites de ese resultado.
Para el fiscal, la investigación debe buscar a quienes organizaron el envío y a quienes esperaban recibirlo. “De dónde salió el estupefaciente, a quién se lo iban a llevar”, enumeró como preguntas centrales. Aclaró que no restaba importancia a las incautaciones, pero insistió: “No desmerezco ese procedimiento, pero digo: podemos ir por más”.
En ese sentido, sostuvo que existen herramientas legales que permiten profundizar las pesquisas y que su utilización exige decisiones de los investigadores. “Está el desafío por parte de las fuerzas de seguridad y los operadores judiciales de aplicarlas”, afirmó.
La entrega vigilada como herramienta para llegar a otros responsables
Una de las herramientas que destacó fue la entrega vigilada, que permite seguir un cargamento bajo control judicial antes de interrumpir su recorrido. “Todo un procedimiento judicial con autorización, con monitoreo para que ese cargamento siga desplazándose vigiladamente y llegar al lugar de destino”, explicó.
El propósito, señaló, es identificar a otros participantes de la organización y realizar allí el procedimiento. Reconoció que la decisión genera debates por los riesgos que supone mantener la droga en circulación y por la posibilidad de que falle la vigilancia. Aun así, defendió asumir esa tarea con los controles correspondientes: “Hagamos ese desafío”, expresó.
Candioti mencionó que el juzgado federal de Concordia recurría a ese mecanismo y lo presentó como un ejemplo de recursos que ya están disponibles. “Hay mecanismos en las leyes”, remarcó, y volvió a señalar que el reto está en ponerlos en práctica.
Testigos en los juicios: “Qué valentía que hay que tener”
Al analizar qué aspectos podrían mejorarse, puso el foco en la protección de quienes deben declarar. “Una de las cosas que se podría reformular o perfeccionar es el tema de la protección de los testigos”, sostuvo, especialmente respecto del ciudadano que participa en un juicio oral y público.
Distinguió esa instancia de una declaración durante la investigación, porque en el debate la persona debe hablar frente a los acusados. “Otra cosa es cuando lo tiene que hacer públicamente en presencia de los acusados”, explicó. Por eso valoró la actitud de quienes cumplen con esa obligación: “Qué valentía que hay que tener”, manifestó.
Aunque recordó que declarar constituye una carga pública, consideró que esa exigencia debe estar acompañada por una respuesta estatal efectiva ante posibles riesgos. Planteó que, si el testigo llega a tener algún problema, “el Estado le garantice efectivamente una protección”.
La relación entre narcotráfico y trata de personas
Candioti explicó que comenzó a advertir conexiones entre ambos delitos hace más de diez años, a partir de expedientes concretos. “Empecé a ver una, dos; cuando ya vi cuatro o cinco, dije: bueno, ya hay un patrón acá”, recordó sobre las situaciones que llegaron al tribunal.
Una de las coincidencias fue la participación de las mismas personas en los dos negocios. “Condenados por trata también se dedicaban al negocio del narcotráfico y los condenábamos por ambas actividades”, señaló. Como antecedente, recordó un juicio de 2012 en el que un acusado amenazó al tribunal y aludió a su supuesto manejo del narcotráfico en Concordia.
También describió el uso de drogas para someter a las víctimas. Recordó una causa en la que dos jóvenes permanecían en una habitación y recibían estupefacientes para doblegar su voluntad. “Una cosa deleznable”, calificó.
Las vacantes en la Justicia y el avance de las designaciones
Sobre los acuerdos para cubrir cargos judiciales, el fiscal valoró que se avanzara después de un período de vacantes acumuladas. Señaló que el tema también era seguido por la Asociación de Magistrados, de la que forma parte. “Había jurisdicciones donde el 40%, 50% de los cargos estaban vacantes”, expresó al explicar por qué consideraba favorable el proceso.
Consultado por el interinato en la Procuración General y las vacantes en la Corte Suprema, señaló una dificultad vinculada con los acuerdos políticos necesarios: “Se necesitan mayorías calificadas”.
Su respaldo al sistema acusatorio federal
Candioti respaldó el cambio hacia un modelo que separe la investigación del juzgamiento y coloque la dirección de las pesquisas en el Ministerio Público Fiscal. “No tengo la menor duda de que es el sistema constitucional que corresponde”, afirmó.
Según planteó, existe un acuerdo amplio sobre ese rumbo entre sectores académicos, operadores judiciales y gobiernos. “Han pasado tres gobiernos nacionales de distintos signos”, recordó.
La dificultad, sostuvo, aparece al momento de llevarlo a la práctica. “Implementarlo implica invertir en recursos”, advirtió. Explicó que el presupuesto necesario para incorporar personal e infraestructura fue uno de los condicionantes de su aplicación gradual.
Entre Ríos: una fecha que todavía no quedó definida
Respecto de la implementación en la provincia, Candioti aclaró que la última referencia que habían recibido era junio de 2027, pero que esa previsión había perdido certeza. “Lo último que teníamos que había aparecido era junio de 2027”, indicó, y añadió que posteriormente esa fecha también había salido de la agenda.
El funcionario relató que consultó por el tema durante una visita de colegas a Entre Ríos. Según le transmitieron, se analizaba la situación de Córdoba y La Plata, dos jurisdicciones grandes, y existía la posibilidad de modificar el orden previsto e incorporar antes a una de menor tamaño, como la entrerriana.
Por ese motivo, evitó confirmar un cronograma. “A la espera, pero quizás sea antes de lo previsto”, expresó.
“El Ministerio Público Fiscal no tiene ni siquiera un edificio propio”
Al detallar las necesidades locales, Candioti señaló una carencia básica de infraestructura: “El Ministerio Público Fiscal no tiene ni siquiera un edificio propio”.
“Hay que tener salas para tomar testimoniales, salas de audiencia, cosas elementales”, enumeró.
El fiscal advirtió que una aplicación sin recursos podría generar cuestionamientos al modelo por fallas derivadas de su implementación. “Espero que cuando se implemente en Entre Ríos estén los recursos de infraestructura, de personal, de todo para que el sistema funcione”, sostuvo. Finalmente, insistió: “El sistema es bueno, pero con los recursos correspondientes”.
