REDACCIÓN ELONCE
La Fundación Cauce advirtió a Elonce que el Gobierno provincial no acreditó la ejecución de las obras ordenadas por la Justicia para restablecer el paso del agua en el arroyo El Salto. El plazo venció el 29 de octubre y evalúan solicitar sanciones económicas.
El plazo judicial para realizar obras de desobstrucción en el arroyo El Salto venció el 29 de octubre, pero el Gobierno de Entre Ríos todavía no acreditó que los trabajos ordenados por la Justicia se hayan concretado. Así lo advirtió la directora ejecutiva de la Fundación Cauce, Valeria Inés Enderle, quien explicó a Elonce que la Provincia presentó un relevamiento topográfico, aunque no documentación que demostrara la instalación de los nuevos conductos destinados a restablecer la circulación del agua.
Durante una entrevista con el programa GPS, Enderle señaló que la resolución judicial había establecido un plazo para que el Ejecutivo provincial demostrara el inicio de las obras necesarias para mejorar el escurrimiento del arroyo, cuya obstrucción genera preocupación por sus consecuencias ambientales.
Qué obras debía realizar el Gobierno provincial
La representante de Fundación Cauce detalló que la Provincia presentó un relevamiento topográfico.
El objetivo de la intervención era mejorar el paso del agua en un sector donde el cauce se encontraba restringido. Según explicó Enderle, la obra permitiría recuperar parte de la conectividad del arroyo y reducir los efectos de la obstrucción.
“Hasta ahora no hay un cumplimiento de la medida, sino que lo que presentaron fue un relevamiento topográfico donde indican que van a colocar los dos caños de 60 cm de diámetro, pero aún no han enviado por lo menos una prueba eficiente de que los caños estén colocados”, sostuvo.
La abogada agregó que, de acuerdo con la información que manejaba la organización, el único conducto instalado continuaba siendo el de 40 centímetros de diámetro.
Fundación Cauce solicitará sanciones económicas
Ante el vencimiento del plazo, Enderle explicó que la organización ambiental había reclamado en reiteradas oportunidades el cumplimiento de la resolución judicial.
“Ya lo habíamos solicitado antes y habíamos solicitado que se le apliquen sanciones pecuniarias que ante la no ejecución de lo que el juez le ha ordenado, vamos a solicitar que estas sean cumplimentadas”, manifestó.
En ese sentido, explicó que las sanciones económicas previstas para estos casos se conocen jurídicamente como astreintes, multas destinadas a impulsar el cumplimiento de una resolución judicial.
La Provincia apeló la resolución judicial
Enderle también indicó que el Gobierno provincial había recibido un segundo plazo para ejecutar los trabajos, por lo que consideró que ya no existían motivos para nuevas postergaciones. Ya no tiene margen”, afirmó.
La abogada señaló que la Fiscalía había apelado la decisión judicial, aunque explicó que ese recurso no suspendía la obligación de cumplir la medida.
“Las apelaciones o los amparos son con efecto devolutivo, es decir, la orden que emana del juez se tiene que cumplir sí o sí”, explicó.
Asimismo, sostuvo que la Procuración de la Provincia había considerado acertado el criterio del magistrado, según su interpretación de las actuaciones judiciales.
Respecto de los próximos pasos, estimó que el Gobierno podría presentar durante los días siguientes documentación que acreditara la colocación de los conductos, aunque aclaró que hasta ese momento no contaban con esa información.
Advierten consecuencias ambientales por la obstrucción del arroyo
Uno de los principales cuestionamientos de Fundación Cauce estuvo relacionado con los efectos que la interrupción del curso de agua podría provocar sobre el ecosistema.
Enderle explicó que el sector afectado se encuentra a menos de cinco kilómetros de la desembocadura del arroyo en el río Paraná, una ubicación relevante para la circulación y reproducción de distintas especies de peces.
“Las consecuencias tienen que ver principalmente con la fauna ictícola, porque como bien sabemos los arroyos son lugar de reproducción de peces”, indicó.
La especialista sostuvo que el conducto de pequeño diámetro dificulta el desplazamiento de los peces y restringe la circulación del agua, lo que podría alterar las condiciones naturales del ambiente.
Además, advirtió que la falta de conectividad hídrica afecta a la vegetación y a otras especies asociadas al cauce.
Preocupación por las comunidades cercanas
La directora ejecutiva de Fundación Cauce también hizo referencia a las consecuencias que la situación podría generar para las poblaciones ubicadas en las inmediaciones del arroyo.
Entre ellas mencionó a Aldea Brasilera y otras comunidades cercanas al curso de agua, que podrían verse afectadas por la reducción del caudal.
Según explicó, desde el sector donde se encuentra la obstrucción hasta la desembocadura en el río Paraná circula una cantidad reducida de agua, salvo cuando las precipitaciones u otras condiciones provocan aumentos temporales del caudal.
“Si está obstruido en este sitio, obviamente el agua no llega”, señaló.
La abogada aclaró que Fundación Cauce no había realizado un estudio específico sobre el impacto ambiental en ese punto, pero sostuvo que la bibliografía científica permite advertir las consecuencias de interrumpir la circulación natural de un arroyo.
Qué sucede con la investigación por contaminación de otros arroyos
Durante la entrevista con GPS, Enderle también fue consultada sobre la investigación por posibles episodios de contaminación en cursos de agua vinculados con el área industrial de Crespo.
La abogada recordó que Fundación Cauce y el Foro Ecologista habían presentado una denuncia penal ante el Juzgado Federal de Paraná aproximadamente un año atrás.
Según explicó, la investigación fue delegada en el Ministerio Público Fiscal, que continuaba solicitando distintas medidas de prueba para determinar el origen de los posibles contaminantes.
“Ahora último pedimos la extracción de muestras ante esta coloración rojiza que apareció en los arroyos”, indicó, en referencia a los cambios de coloración observados recientemente en cursos de agua de la zona.
No obstante, aclaró que todavía no existía una determinación de responsabilidades ni imputaciones penales en el marco de esa investigación.
Enderle también mencionó los estudios científicos desarrollados por Rafael Lajmanovich y su equipo, que analizaron diferentes fuentes de contaminación en los cursos de agua.
Según explicó, las investigaciones contemplaron no solamente posibles descargas industriales, sino también sustancias provenientes de actividades agropecuarias y residuos urbanos de las localidades cercanas.
