Maricarmen Abascal falleció tras permanecer hospitalizada desde que fue desalojada de la vivienda donde había vivido durante siete décadas. Su caso impulsó masivas protestas por el acceso a la vivienda y quedó en el centro de la crisis política española.
Maricarmen Abascal murió este miércoles a los 87 años, semanas después de haber sido desalojada de la vivienda en la que había residido durante siete décadas en Madrid. Su caso se convirtió en símbolo de las protestas por la crisis habitacional en España y quedó en el centro de una sucesión de acontecimientos políticos que desembocaron en la convocatoria anticipada a elecciones generales.
La mujer permanecía internada en el Hospital Gregorio Marañón desde el desalojo concretado el pasado 23 de septiembre. El fallecimiento fue comunicado por el Sindicato de Inquilinas, organización que acompañó su reclamo para permanecer en su vivienda.
“Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen”, expresó la organización al informar la noticia. El sindicato recordó además que se había alcanzado posteriormente un acuerdo que le habría permitido regresar al departamento, aunque señaló que “esta solución ha llegado demasiado tarde”.
Vivió siete décadas en la misma vivienda
María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, tenía 87 años y había llegado al departamento en 1956, cuando tenía 17. El inmueble estaba ubicado en el barrio madrileño de Retiro y el contrato original de alquiler de renta antigua había sido firmado por su padre.
Con el paso de los años, la propiedad cambió de manos y surgió una disputa en torno a la continuidad del contrato. El conflicto derivó en una extensa batalla judicial y en sucesivos intentos de desalojo.
Finalmente, el 23 de septiembre se ejecutó la medida judicial. Debido a sus problemas de movilidad, Abascal abandonó el edificio en una camilla, mientras en los alrededores se desarrollaban protestas para intentar impedir el procedimiento.
El desalojo que provocó una ola de protestas
Las imágenes del operativo tuvieron una fuerte repercusión y el caso se transformó rápidamente en una referencia de los reclamos por el acceso a la vivienda. Las movilizaciones se extendieron y cientos de personas comenzaron a concentrarse en la Puerta del Sol.
Desde el Sindicato de Inquilinas calificaron el desenlace como “una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante” y responsabilizaron al proceso que atravesó la mujer durante sus últimos meses.
Tras el desalojo se había alcanzado un acuerdo con la empresa propietaria para que Abascal pudiera regresar a su casa. La solución contemplaba un nuevo contrato por ocho años y un alquiler equivalente al 30% de su pensión. Sin embargo, la mujer continuó hospitalizada y no llegó a regresar al departamento.
El caso llegó al centro de la política española
La repercusión del caso excedió el conflicto particular de Abascal y profundizó el debate sobre la crisis de vivienda en España. Las protestas estuvieron acompañadas por reclamos para reforzar las protecciones de los inquilinos y limitar determinados desalojos.
El Gobierno de Pedro Sánchez impulsó medidas vinculadas con la protección de inquilinos vulnerables, aunque dos decretos fueron rechazados por el Congreso.
Ese revés parlamentario, en medio de las movilizaciones por la vivienda, precedió a la decisión del mandatario de adelantar las elecciones generales.
Sánchez anunció que España acudirá a las urnas el próximo 29 de noviembre, después de comunicar la decisión al rey Felipe VI y avanzar con la disolución de las Cortes. El calendario electoral quedó oficialmente en marcha esta semana.
Un símbolo de la lucha por la vivienda
De esta manera, el caso de Maricarmen pasó de una disputa entre una inquilina y los propietarios de un departamento a convertirse en uno de los símbolos de la crisis habitacional española.
Su muerte volvió a movilizar este miércoles a quienes permanecían concentrados en la Puerta del Sol. Allí, los manifestantes realizaron un minuto de silencio en su memoria y plantearon continuar con las protestas por el acceso a la vivienda.
El caso también dejó nuevamente en discusión las condiciones de los alquileres, los desalojos de personas vulnerables y el papel del Estado frente al incremento del costo habitacional, temas que quedaron instalados en el centro de la campaña electoral española.
