La iniciativa contempla medidas de protección para hogares vulnerables y la renovación de contratos de alquiler. El anuncio se produjo tras las protestas por el caso de una jubilada de 87 años en Madrid. Las disposiciones deberán completar su trámite parlamentario.
El Gobierno de España aprobó este martes 29 de septiembre un paquete de medidas sobre vivienda que incluye la ampliación hasta 2030 de la protección frente a los desalojos de hogares vulnerables. La decisión fue adoptada por el Consejo de Ministros, tras un acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar, las dos fuerzas que integran la coalición gobernante.
La iniciativa contempla también la prórroga de contratos de alquiler, nuevas regulaciones para los arrendamientos temporales y por habitaciones, y restricciones a determinadas operaciones de fondos de inversión. Las disposiciones fueron distribuidas en dos decretos que deberán ser examinados por separado en el Congreso de los Diputados.
El anuncio se produjo después de varios días de movilizaciones por la situación habitacional, impulsadas por el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había vivido durante más de siete décadas en una vivienda alquilada de Madrid.
La protección frente a los desalojos hasta 2030
El primero de los decretos contempla extender hasta 2030 los mecanismos de protección frente a desalojos para personas y familias en situación de vulnerabilidad habitacional. La medida no supone una suspensión general de todos los procedimientos de desalojo, sino la ampliación de las garantías previstas para los casos alcanzados por la normativa.
El texto también establece una prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler vigentes que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. Además, incorpora disposiciones sobre los alquileres de temporada y por habitaciones, modalidades que serán objeto de una regulación específica.
Entre las medidas anunciadas figura una restricción temporal a la adquisición de viviendas por determinados fondos de inversión hasta 2028. El paquete incluye, asimismo, instrumentos fiscales y propuestas destinadas a facilitar el acceso a la primera vivienda.
La renovación de los contratos de alquiler
El segundo decreto aborda la renovación automática de los contratos de alquiler, una medida diferente de la prórroga extraordinaria de dos años contemplada en el primer texto. Su finalidad es establecer mecanismos de continuidad para los arrendamientos, sujetos a las condiciones y excepciones que determine la normativa.
La ministra de Sanidad, Mónica García, comunicó el acuerdo alcanzado por los socios de Gobierno. Por su parte, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, presentó las medidas después de la reunión del Consejo de Ministros y solicitó el acompañamiento parlamentario para ambos decretos.
El Ejecutivo pidió la convocatoria de una sesión extraordinaria del Congreso para tratar las iniciativas este viernes. La aprobación gubernamental no constituye su ratificación definitiva: los dos textos necesitan superar el trámite parlamentario y completar los requisitos legales correspondientes.
Las protestas tras el desalojo de una jubilada
La discusión sobre las medidas de vivienda se intensificó tras el desalojo de Maricarmen Abascal, ocurrido el miércoles 23 de septiembre. La mujer fue retirada de la propiedad madrileña en la que había residido durante más de 70 años, después de un conflicto relacionado con las condiciones de su alquiler.
El episodio dio lugar a manifestaciones y a una acampada en la Puerta del Sol de Madrid. Los participantes reclamaron cambios en la regulación de los alquileres, mecanismos de protección frente a los desalojos y medidas vinculadas con el acceso a la vivienda.
Este martes también trascendió que la empresa propietaria del inmueble presentó una propuesta para que Abascal pueda regresar a su domicilio bajo nuevas condiciones contractuales. Según informó Reuters, la oferta se encontraba bajo evaluación de la mujer y sus representantes.
Mientras continúan las movilizaciones, los dos decretos aprobados por el Gobierno de España deberán atravesar su tratamiento legislativo. Su aplicación dependerá del contenido definitivo de las normas y del resultado de la votación parlamentaria.
