UTHGRA recurrió a la Justicia Federal para reclamar una evaluación ambiental transfronteriza por la planta que la empresa internacional proyecta en Paysandú. Solicita información, participación ciudadana y medidas preventivas.
La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) presentó un amparo ambiental contra la instalación de la planta de HIF Global en Paysandú y reclamó que se evalúen los posibles impactos que el proyecto podría generar sobre las localidades argentinas ubicadas a orillas del río Uruguay.
La acción judicial fue impulsada por el gremio de la costa del Uruguay y tiene como eje un cuestionamiento al Estado nacional por una presunta falta de cumplimiento de obligaciones vinculadas a la protección ambiental y la prevención de impactos transfronterizos, publicó 7Páginas.
El reclamo no está dirigido contra Uruguay ni busca impedir de manera general el desarrollo económico, sino que apunta a que se cumplan los mecanismos de evaluación, información y participación ciudadana previstos para emprendimientos con potencial incidencia ambiental.
Reclamo por estudios ambientales y participación ciudadana
Según el planteo presentado ante la Justicia, la organización sostiene que el Estado argentino no habría garantizado una evaluación integral de los posibles efectos de la planta sobre las ciudades ribereñas.
La demanda fue dirigida principalmente contra el Poder Ejecutivo Nacional, la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Turismo y Ambiente, la Subsecretaría de Ambiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
UTHGRA fundamentó su presentación en el artículo 41 de la Constitución Nacional, el Estatuto del Río Uruguay, el Acuerdo de Escazú y los principios ambientales de prevención y precaución.
Entre los puntos cuestionados, el gremio menciona la falta de acceso a información ambiental, la ausencia de mecanismos efectivos de participación ciudadana y la falta de activación de instancias de cooperación internacional entre Argentina y Uruguay.
Qué pide el amparo presentado
Entre las medidas solicitadas, UTHGRA pidió que se realice una evaluación de impacto ambiental transfronteriza que contemple especialmente a las localidades argentinas de Colón, San José, Pueblo Liebig y otras zonas potencialmente afectadas, publicó 7Páginas.
Además, solicitó que el Estado nacional publique toda la documentación disponible sobre el proyecto y las gestiones realizadas, garantice el acceso a la
información ambiental y convoque a una audiencia pública en el área de influencia.
El gremio también reclamó que se activen los mecanismos de cooperación con Uruguay y la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), y pidió que no se otorguen nuevas autorizaciones que puedan volver irreversible el avance del emprendimiento mientras esos procedimientos no estén completos.
En paralelo, solicitó una medida cautelar para que estas acciones se implementen mientras continúa el trámite judicial.
La causa avanza en la Justicia Federal de Concepción del Uruguay
El expediente había sido presentado inicialmente ante un Juzgado Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que confirmó la competencia federal pero decidió remitirlo al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay por razones territoriales.
Luego, la fiscal federal María Josefina Minatta avaló la legitimación de UTHGRA para impulsar la acción y la jueza federal María Isabel Caccioppoli aceptó la competencia del tribunal entrerriano.
Despacho 24 Julio by elonceweb
Uno de los pasos más importantes se produjo el 24 de julio de 2026, cuando la magistrada decidió no resolver todavía sobre la medida cautelar y ordenó previamente la elaboración de un amplio informe ambiental en el marco del Acuerdo de Escazú.
Para ello, otorgó un plazo de 30 días hábiles a distintos organismos nacionales, provinciales y uruguayos para que entreguen información relacionada con el proyecto.
La mirada del gremio sobre la actividad turística
Desde UTHGRA remarcaron que el objetivo del amparo es proteger derechos vinculados al ambiente, la salud de los trabajadores, el acceso a la información pública y la participación ciudadana.
También señalaron que buscan resguardar la actividad hotelera y gastronómica de la costa del río Uruguay, considerada una de las principales fuentes de empleo de la región.
La planta de HIF Global, ubicada en Paysandú frente a la costa entrerriana, continúa así bajo análisis judicial mientras la Justicia Federal recopila información de organismos argentinos y uruguayos antes de definir los próximos pasos de la causa.
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