El sindicato expuso ante el Senado sus objeciones a la modificación del artículo 5° de la Ley de Concesiones. Advirtió sobre posibles consecuencias para los derechos constitucionales, los empleados públicos y la gestión estatal, y reclamó respuestas al Gobierno.
UPCN cuestionó la modificación de la Ley de Concesiones de Entre Ríos durante una reunión de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Senadores, realizada este miércoles. El sindicato expresó su preocupación por los alcances de la reforma impulsada por el Gobierno provincial y advirtió sobre sus posibles consecuencias para los derechos de los ciudadanos y la estabilidad de los empleados públicos.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, propone modificar el artículo 5° de la Ley N° 11.280, correspondiente al Régimen General de Concesiones de Obras, Infraestructuras Públicas y Servicios Públicos.
La postura sindical fue presentada por la dirigente Maricel Molina, quien afirmó que la modificación "no es una corrección técnica, sino que es dar vuelta la regla". Según explicó, la normativa vigente impide concesionar determinadas funciones estatales vinculadas con derechos fundamentales.
Cuestionamientos a la concesión de servicios esenciales
"Hoy la ley 11.280 dice que salud, educación, seguridad y el servicio penitenciario no se concesionan nunca. Y para nosotros eso está bien, porque no estamos hablando de servicios, sino de derechos y garantías constitucionales", sostuvo Molina ante los legisladores.
La reforma permitiría concesionar esas funciones siempre que la titularidad y las potestades de regulación y fiscalización permanezcan bajo responsabilidad del Estado. Sin embargo, desde UPCN consideraron insuficiente esa condición.
"Eso es una redundancia porque en todas las concesiones el Estado conserva la titularidad del derecho", señaló la dirigente. Y agregó: "Acá lo que estamos concesionando es la gestión. Eso implica, entre otras cosas, concesionar los derechos de los entrerrianos, entre ellos los empleados públicos".
Advirtieron sobre los plazos y el control legislativo
Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con la duración de las concesiones y la posibilidad de que determinadas decisiones se adopten sin intervención de la Legislatura provincial.
"La concesión se daría a más de 25 años. Pero pensar en una política pública implica tener un Estado inteligente, que es aquel que puede planificar a 25 años sus políticas públicas", manifestó Molina, al advertir sobre la delegación de responsabilidades estatales.
También expresó preocupación por las concesiones que podrían concretarse sin tratamiento legislativo. "Podemos concesionar un servicio, un derecho, por 24 años, 11 meses y 26 días sin que la Legislatura, la representación del pueblo, tenga intervención. Eso es muy grave", afirmó.
UPCN pidió conocer los criterios de eficiencia
Durante su exposición, Molina cuestionó los argumentos que presentan al sector privado como una alternativa más eficiente para administrar determinadas funciones públicas.
"¿Es más eficiente el privado?, ¿por qué?, ¿cuáles son las categorías, los índices que se están tomando para decir que el Estado es ineficiente? Muéstrennos eso", reclamó. Además, advirtió que los conceptos de eficiencia y eficacia fueron utilizados históricamente para justificar transformaciones en las instituciones públicas.
La dirigente insistió en la necesidad de diferenciar los servicios de los derechos constitucionales antes de avanzar con la reforma. Finalmente, solicitó que se informen las implicancias técnicas, legales y económicas del proyecto y que exista un debate legislativo amplio. "Dejamos planteadas estas cuestiones, que tienen que contestar porque necesitamos respuestas", concluyó.
