Según la investigación, los directivos de Atanor habrían contaminado el ambiente “mediante el esparcimiento de partículas en el aire y el vuelco de efluentes al río”, los cuales contenían residuos peligrosos.
La causa por contaminación del río Paraná en la zona de San Nicolás dio un giro clave en las últimas horas: la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ordenó la citación a declaración indagatoria de directivos de la empresa Atanor y de funcionarios provinciales por presuntas irregularidades en el control ambiental, informó Rosario3.
La medida alcanza a seis representantes de la firma agroquímica y a ocho funcionarios vinculados a organismos de control de la provincia de Buenos Aires, en una causa que investiga posibles delitos contra la salud pública y el ambiente.
Un fallo que reactiva una causa de más de una década
La resolución fue adoptada por la Sala B del tribunal, que hizo lugar a las apelaciones impulsadas por el fiscal federal Matías Di Lello y la querella integrada por vecinos de San Nicolás.
En ese marco, se dispuso que el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo cite a indagatoria a los imputados, luego de años de demoras y rechazos a avanzar en esa instancia procesal.
La causa se originó en 2014, cuando un grupo de habitantes denunció que la planta de Atanor generaba contaminación en el río Paraná, sus barrancas, el suelo y el aire mediante distintas prácticas irregulares.
Las acusaciones contra la empresa
Según la investigación, los directivos de la empresa habrían contaminado el ambiente “mediante el esparcimiento de partículas en el aire y el vuelco de efluentes al río”, los cuales contenían residuos peligrosos, publicó Rosario3.
Estas sustancias, enmarcadas dentro de la Ley de Residuos Peligrosos, habrían puesto en riesgo la salud de los habitantes, especialmente en barrios cercanos como Química y Ponce de León.
Entre las denuncias se incluyen:
- Vertido de líquidos contaminantes al río Paraná
- Presencia de cañerías clandestinas
- Enterramiento de residuos tóxicos en las barrancas
- Emisión de gases contaminantes
- Deficiencias estructurales en la planta
Además, vecinos señalaron posibles consecuencias en la salud, incluyendo enfermedades y fallecimientos que vinculan a la actividad industrial.
Evidencias y estudios ambientales
Durante la investigación, se realizaron peritajes que detectaron la presencia de sustancias químicas peligrosas. Entre ellas:
- Atrazina en muestras de agua del río
- Cipermetrina y trifuralina en el suelo
A esto se sumaron estudios difundidos en 2025 por Greenpeace, que revelaron la existencia de “plaguicidas altamente tóxicos y prohibidos” en el arroyo Yaguarón, un brazo del Paraná que habría recibido efluentes de la planta durante años.
Estos elementos reforzaron las sospechas sobre un impacto ambiental sostenido en el tiempo.
Funcionarios bajo la lupa
La decisión judicial también alcanza a funcionarios del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y de la Autoridad del Agua. Según el fiscal, estos funcionarios habrían incumplido sus deberes al no fiscalizar ni ejecutar políticas de control ambiental.
En particular, se les imputa:
Falta de control sobre actividades contaminantes
- Omisión en la preservación de recursos naturales
- Incumplimiento de normativas del Código de Agua
- Ausencia de medidas preventivas frente a riesgos ambientales
Para la fiscalía, esta inacción permitió que la contaminación se extendiera sin controles efectivos durante años.
Un proceso marcado por demoras
La causa atravesó múltiples obstáculos judiciales. En 2022, la querella solicitó las indagatorias, pero el pedido fue rechazado por el juez por considerarlo “prematuro”.
En 2023, el fiscal reiteró la solicitud, que también fue desestimada en primera instancia. Ante esta situación, Di Lello cuestionó duramente las decisiones judiciales.
“Los rechazos sin fundamento constituyen un sobreseimiento ficto”, sostuvo, al argumentar que la falta de avance impedía el esclarecimiento del caso.
Finalmente, la Cámara revirtió esa postura y ordenó avanzar con las indagatorias, lo que marca un punto de inflexión en la causa.
Un caso emblemático de contaminación en Argentina
El expediente se convirtió en uno de los casos más relevantes en materia ambiental en el país, al poner en discusión no solo la responsabilidad empresarial, sino también el rol del Estado en el control de actividades industriales.
La decisión judicial reabre el debate sobre la relación entre producción industrial y protección ambiental en Argentina, especialmente en sectores como el agroquímico.
En este sentido, el caso expone tensiones estructurales: por un lado, la necesidad de sostener la actividad productiva; por otro, la obligación de garantizar estándares ambientales y sanitarios adecuados.
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