El Gobierno de Santa Fe salió a respaldar el mecanismo de recupero económico aplicado a familias de menores involucrados en amenazas falsas de tiroteos en escuelas y aclaró que no se trata de multas ni de sanciones penales contra adolescentes.
El Gobierno de Santa Fe salió a respaldar el mecanismo de recupero económico aplicado a familias de menores involucrados en amenazas falsas de tiroteos en escuelas y aclaró que no se trata de multas ni de sanciones penales contra adolescentes. La aclaración oficial llegó luego de una primera impugnación judicial presentada por un abogado particular.
Desde el Ministerio de Seguridad provincial explicaron que no se busca castigar penalmente a menores de edad ni imponer una multa administrativa, sino reclamar el recupero de los recursos públicos utilizados durante los operativos de emergencia. “No estamos hablando de una multa, sino de una acción civil”, sostuvo la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani.
Según detalló la funcionaria, las acciones están dirigidas a los responsables legales de los menores y se apoyan en disposiciones del Código Civil y Comercial y del Código Procesal Civil y Comercial santafesino. Además, remarcó que cualquier eventual investigación penal sobre los adolescentes dependerá de los fiscales que intervienen en cada caso, publicó Aire de Santa Fe.
“Si el fiscal considera que hubo delito, podrá avanzar por la vía penal. Pero esta acción civil apunta al recupero económico”, insistió Orciani.
Cómo se calculan los montos reclamados
Uno de los puntos que generó cuestionamientos fueron las cifras reclamadas, que en algunos casos superan los seis millones de pesos. Desde el Gobierno provincial señalaron que los valores surgen de informes técnicos elaborados tras cada operativo.
Para determinar los montos se tienen en cuenta distintos factores, entre ellos la cantidad de móviles policiales utilizados, el personal afectado, el combustible consumido, el equipamiento desplegado y la participación de bomberos o ambulancias. También se consideran evacuaciones, interrupciones de actividades y horas laborales perdidas.
Orciani afirmó que los costos varían según la magnitud y el lugar del procedimiento, y aclaró que no representa el mismo gasto un operativo realizado en la capital provincial que otro efectuado en pequeñas localidades del interior.
Plazos y posibles acciones judiciales
Las familias notificadas reciben inicialmente una intimación administrativa y cuentan con un plazo de cinco días para responder. Desde el Ministerio indicaron que el objetivo principal es lograr predisposición al diálogo y voluntad de pago para evitar una instancia judicial posterior. “Cuando una persona recibe una intimación del Gobierno no debería dejarla arriba de la heladera junto a un folleto”, señaló.
La funcionaria aseguró que el objetivo principal no es recaudatorio. Según explicó, la intención es recuperar los recursos públicos utilizados y reforzar la responsabilidad de las familias frente a este tipo de episodios.
La funcionaria explicó que, si no existe respuesta ni intención de cumplimiento, el reclamo puede avanzar mediante una demanda judicial para exigir el cobro de los gastos ocasionados por los procedimientos de emergencia.
El Gobierno santafesino aseguró además que la medida comenzó a mostrar resultados. Según datos oficiales, ya se concretaron 15 notificaciones y otras 18 se encuentran en trámite. Aunque todavía no hubo pagos efectivos, algunas familias ya manifestaron intención de regularizar la situación.
Durante las declaraciones también surgió el debate sobre la posibilidad de aplicar trabajos comunitarios u otras sanciones alternativas para menores involucrados en este tipo de episodios. Sin embargo, desde el Ministerio aclararon que esas decisiones corresponden exclusivamente al ámbito judicial.
