Dos estudiantes fueron imputados por intimidaciones contra un establecimiento educativo. La Justicia de Santa Fe dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva en un caso que marca un precedente.
Dos jóvenes de 16 y 18 años fueron imputados por amenazas de atentados contra una escuela en la localidad de Llambi Campbell, en la provincia de Santa Fe. La medida fue dispuesta por la fiscal de menores Ana Laura Gioria, en el marco de una causa que generó preocupación en la comunidad educativa.
La audiencia se desarrolló en los tribunales de Esperanza, donde los acusados —identificados como J.O. y Yamil Alexander G.— fueron imputados por los delitos de amenazas coactivas e intimidación pública en concurso ideal. Tras la imputación, la Justicia resolvió aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva, las cuales ya fueron comunicadas a las autoridades del establecimiento.
El caso se originó a partir de una nota hallada en el baño de la institución educativa, en la que se advertía: “Devuelvan los celulares o tiroteo”. Según las primeras hipótesis, el mensaje estaría vinculado a la restricción del uso de teléfonos móviles dentro de la escuela.
Investigación en curso y posible tercer implicado
En paralelo, la investigación continúa con el análisis de un tercer involucrado, un adolescente de 15 años, cuya participación está siendo evaluada por las autoridades judiciales.
Las tareas investigativas permitieron identificar a los sospechosos a partir de elementos recolectados en el establecimiento, lo que derivó en la imputación formal de los dos jóvenes.
El avance del caso se dio en un contexto de reiteradas amenazas en instituciones educativas de la provincia, lo que motivó la activación de protocolos de seguridad en distintos establecimientos.
Contexto de creciente preocupación
Las amenazas en escuelas se multiplicaron en las últimas semanas, tras un hecho violento ocurrido en San Cristóbal que generó fuerte repercusión a nivel provincial. A partir de entonces, se registró una creciente circulación de mensajes intimidatorios, tanto en redes sociales como en espacios físicos dentro de las instituciones.
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad advirtieron que esta situación se vio impulsada por una “viralización negativa” de este tipo de conductas, que derivaron en múltiples intervenciones policiales.
En ese marco, el gobierno provincial implementó un protocolo para reforzar la respuesta ante estas situaciones, al considerarlas delitos que afectan el normal funcionamiento de las escuelas.
Medidas y costos de los operativos
Entre las acciones adoptadas, se dispuso que los responsables de falsas amenazas deberán afrontar los costos de los operativos de seguridad desplegados. Según estimaciones oficiales, cada intervención puede demandar entre 5 y 6 millones de pesos.
La normativa vigente establece un mecanismo de intimación extrajudicial para recuperar esos gastos, con el objetivo de desalentar este tipo de hechos y optimizar el uso de recursos públicos.
El caso de Llambi Campbell se convirtió en un antecedente relevante dentro de este contexto, al tratarse de una de las primeras imputaciones a jóvenes por amenazas escolares, en un escenario marcado por la necesidad de prevenir situaciones que generan alarma social.
