REDACCIÓN ELONCE
Las falsas amenazas en escuelas motivaron una nueva medida del Gobierno de Córdoba, que ahora buscará que los responsables paguen los costos de los operativos de seguridad. Santa Fe también implementará el cobro.
Las falsas amenazas en escuelas se convirtieron en una problemática creciente que genera preocupación en distintas provincias del país. En este contexto, el Gobierno de Córdoba decidió avanzar con un protocolo específico para desalentar este tipo de conductas, incorporando sanciones económicas a quienes las lleven adelante.
La iniciativa fue formalizada por el Ministerio de Seguridad de Córdoba y establece que quienes realicen intimidaciones —como advertencias de tiroteos o alertas falsas— deberán afrontar los costos de los operativos de seguridad desplegados. En el caso de menores de edad, la responsabilidad recaerá sobre sus padres o adultos responsables.
Cada intervención será medida en función del personal movilizado, los recursos tecnológicos utilizados y las tareas investigativas realizadas, con el objetivo de recuperar los gastos generados por estas situaciones.
Un impacto que excede lo económico
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, explicó el fundamento de la medida: “Cada operativo de estas características moviliza personal policial, móviles, sistemas de emergencia, tareas investigativas y recursos tecnológicos, afectando capacidades que deberían estar destinadas a la prevención del delito en otros puntos de la provincia”.
El funcionario remarcó además que las falsas amenazas en escuelas no deben ser minimizadas. “Este tipo de conductas altera el normal funcionamiento escolar, genera angustia en estudiantes, docentes y familias, y obliga a una respuesta inmediata del Estado”, sostuvo.
Coordinación institucional y prevención
La implementación del protocolo será coordinada con el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, la Policía de Córdoba y distintas áreas administrativas, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida y efectiva ante cada incidente.
Quinteros fue contundente al justificar la decisión: “Cada vez que alguien realiza una falsa amenaza en una escuela, se activa un importante dispositivo estatal. Se movilizan efectivos, unidades especiales y sistemas de emergencia que deberían estar cuidando a los vecinos en otros puntos de la provincia. Eso tiene un costo, y ese costo no puede seguir recayendo sobre toda la sociedad”.
Santa Fe también cobrará
El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe confirmó nuevas medidas para frenar la ola de amenazas de ataques a tiros en escuelas. De acuerdo a lo que habían anunciado fuentes oficiales, este martes se publicó un protocolo para cobrarles los gastos de los operativos a estudiantes u otras personas denunciadas por estos delitos.
Según el titular de la cartera, Pablo Cococcioni, un procedimiento básico para abordar este tipo de situaciones en establecimientos educativos tiene un costo que oscila entre 5 y 6 millones de pesos. Dado el aumento de las pintadas y mensajes de WhatsApp en la última semana, la provincia apuesta a desalentar las falsas acciones intimidatorias mediante una intimación extrajudicial para recuperar ese dinero.
