En la causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), ordenaron peritar audios donde se menciona a Karina Milei en supuestas coimas del 3%. La Gendarmería Nacional analizará su autenticidad.
En el marco de la investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el juez federal Ariel Lijo ordenó un peritaje oficial sobre grabaciones de audio donde se menciona que supuestamente Karina Milei habría cobrado presuntas coimas equivalentes al 3% en compras oficiales de medicamentos de alto costo. El expediente se encuentra en plena etapa de análisis técnico de la prueba digital.
El principal implicado en la causa, el exdirector de la ANDIS Diego Spagnuolo, sostiene que los audios difundidos a través del canal de streaming Carnaval son falsos. En ese contexto, su defensa cuestiona la validez del material y busca que se determine si hubo manipulación o edición de los registros.
Para avanzar en esa línea, la Gendarmería Nacional será la encargada de realizar un estudio informático y acústico que permita determinar la autenticidad, integridad y procedencia de las grabaciones, consideradas una pieza central dentro del expediente judicial.
Peritajes, defensa técnica y cadena de custodia
La estrategia de la defensa de Spagnuolo, encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro, apunta a demostrar que las grabaciones habrían sufrido alteraciones y montajes con el objetivo de impugnar su validez legal y solicitar la nulidad de las actuaciones.
En ese sentido, la defensa designó como perito de parte al ingeniero informático y especialista forense Marcelo Torok, quien presentó un pliego de diez puntos de pericia orientados a auditar la cadena de custodia del material y detectar posibles saltos temporales o ediciones digitales.
La hipótesis planteada sostiene que el audio podría tratarse de un ensamble artificial de conversaciones tomadas en distintos contextos, combinando fragmentos de ambientes públicos con supuestas llamadas telefónicas, lo que será materia de análisis técnico.
Intervención de fiscales y equipos técnicos
En paralelo, el fiscal Franco Picardi dispuso la participación de cinco especialistas de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), quienes supervisarán el peritaje oficial ordenado por la Justicia. También se sumaron técnicos de las firmas farmacéuticas y de empresarios involucrados en el expediente.
A pesar de la centralidad mediática de los audios, fuentes judiciales aclararon que la causa no se sustenta exclusivamente en ese material, sino que cuenta con un conjunto de pruebas documentales e informáticas independientes que forman parte del expediente.
En ese marco, Diego Spagnuolo ya se encuentra procesado sin prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita, fraude al Estado, cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, con un embargo fijado en 202.000 millones de pesos.
Hipótesis fiscal y avance de la investigación
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal describe una estructura presuntamente cartelizada en la que exfuncionarios de la Andis habrían direccionado licitaciones públicas vinculadas a la compra de medicamentos y otros insumos.
La pesquisa detectó posibles sobreprecios no solo en medicamentos de alto costo, sino también en insumos ortopédicos básicos como andadores, lo que amplía el alcance de las irregularidades investigadas.
Hasta el momento, la acción penal no avanzó sobre los familiares del Poder Ejecutivo mencionados en las grabaciones difundidas en streaming, aunque el expediente continúa abierto.
En paralelo, la fiscalía citó a indagatoria al empresario Alan Pocoví, sospechado de canalizar fondos y operar movimientos financieros vinculados a la presunta red investigada, incluyendo el supuesto uso de criptomonedas como mecanismo de transferencia de dinero.
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