REDACCIÓN ELONCE
La vocal del Superior Tribunal de Justicia presentó su descargo ante la Comisión de Juicio Político y rechazó una por una las denuncias por ausencias, viáticos y presunta mora judicial. Aseguró que todas sus licencias fueron autorizadas y recibió respaldos nacionales e internacionales.
La vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, formalizó este miércoles la presentación de su descargo ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, en el marco del proceso iniciado por denuncias por presunto mal desempeño.
En una exposición extensa y documentada, la magistrada rechazó de manera categórica cada una de las causales que se le atribuyen y sostuvo que no existió afectación alguna al servicio de justicia, a los procedimientos ni a los plazos legales.
El planteo de Medina respondió a dos denuncias que motivaron la apertura del proceso. La primera fue impulsada por el dirigente gremial Eduardo Jacquemain, quien le atribuyó haberse ausentado de la jurisdicción durante 668 días hábiles —equivalentes a tres años judiciales completos— en los períodos 2016-2019 y 2024-2025.
La segunda fue promovida por la asociación civil Entre Ríos Sin Corrupción, que además de cuestionar el número de licencias, agregó acusaciones vinculadas a un presunto abandono de funciones, alteraciones en el régimen de subrogancias del STJ, supuestas donaciones indebidas a la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) y un abuso de autoridad por impedir el ingreso de integrantes de esa entidad a tribunales.
Licencias, ausencias y comisiones de servicio
En su descargo, Medina afirmó que todas las ausencias, licencias y comisiones de servicio registradas entre 2014 y 2025 fueron “solicitadas en tiempo y forma” y contaron con la correspondiente autorización del STJ, conforme al reglamento vigente. Para respaldar esa afirmación, adjuntó un informe de la Secretaría de Superintendencia del alto cuerpo, que da cuenta de que cada una de las licencias fue registrada, aprobada y validada por la autoridad competente.
La magistrada sostuvo que ninguna de esas ausencias alteró el normal funcionamiento de la Sala del Trabajo ni generó perjuicios en el trámite de las causas. “Jamás una sola de las actividades académicas, institucionales o administrativas generó afectación, demora, perjuicio o irregularidad en el ejercicio de mi función jurisdiccional”, expresó en el escrito presentado ante los legisladores.
En ese sentido, remarcó que no puede configurarse la causal de mal desempeño cuando no existe daño concreto al servicio de justicia. “No puede haber mal desempeño cuando no existe daño, no existe atraso, no existe perjuicio y no existe incumplimiento”, enfatizó, al tiempo que aseguró que quien sostenga lo contrario debe probarlo.
Capacitación y actividades académicas
Otro de los ejes centrales del descargo estuvo vinculado a su participación en actividades académicas y de formación, tanto en la provincia como fuera de ella. Medina explicó que todas esas actividades fueron debidamente autorizadas por el STJ y que muchas de ellas, se enmarcaron en su rol ad honorem como directora del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial.
La vocal subrayó que la capacitación permanente no solo es una facultad, sino un “deber legal y ético” de la magistratura, conforme lo establecen el Estatuto del Juez Iberoamericano —en sus artículos 24 al 34— y los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial, particularmente en lo referido a los valores de competencia y diligencia. En ese marco, consideró un “contrasentido inadmisible” pretender que la formación continua pueda ser interpretada como una infracción disciplinaria.
Viáticos y uso de recursos oficiales
Respecto de los viáticos cuestionados en las denuncias, Medina aseguró que todos los montos percibidos fueron otorgados conforme a la reglamentación vigente, con autorización previa, control administrativo y rendición ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia, sin que se hayan formulado observaciones.
Además, adjuntó una nota en la que dejó constancia de su renuncia a percibir viáticos por viajes dentro de la jurisdicción a partir de julio de 2022. En el mismo sentido, indicó que también renunció al uso del servicio de chofer durante el período en que ejerció la presidencia del STJ, entre 2022 y 2023, como parte de una decisión personal orientada a reducir gastos y evitar cuestionamientos.
Productividad judicial y estado del despacho
Uno de los puntos más sensibles de la acusación formulada por Entre Ríos Sin Corrupción fue la presunta mora judicial, con señalamientos de un 90 por ciento de retraso en 2024 y un 88 por ciento en 2025. Frente a ello, Medina afirmó que su despacho se encuentra al día y que no registra causas con términos vencidos para resolver.
Para sostener esa afirmación, detalló que entre 2014 y octubre de 2025 dictó un total de 5.821 autos y sentencias. Además, incorporó certificaciones del Departamento Judicial Contencioso Administrativo, de la Sala del Trabajo y de la Oficina de Amparos, que acreditan que no existen expedientes con despacho vencido ni mora atribuible a su actuación.
En el documento presentado ante Diputados, la magistrada sostuvo la “inexistencia absoluta de afectación del procedimiento, del servicio de justicia y de los plazos legales”, y reiteró que la actividad del tribunal mantuvo un ritmo ordinario, continuo y eficiente durante todo el período cuestionado.
Programas, iniciativas y rol institucional
Medina también destacó su trayectoria institucional y las iniciativas impulsadas a lo largo de su carrera. Señaló que fue la creadora del programa “La Justicia va a los Barrios”, implementado desde el año 2000, orientado a acercar el servicio judicial a sectores vulnerables.
Asimismo, mencionó el desarrollo del programa “Masculinidades Sin Violencia”, puesto en marcha en 2023, y su labor como directora ad honorem del Museo del Poder Judicial.
En las conclusiones de su manifiesto, la vocal afirmó que las denuncias carecen de base fáctica y jurídica, y que no existe ningún elemento objetivo que permita sostener la acusación de mal desempeño. En ese marco, apeló al concepto de “humanizar la Justicia” mediante la formación permanente y la apertura institucional, con el objetivo de brindar un servicio más transparente y cercano a la ciudadanía.
Respaldo nacional e internacional
El descargo presentado ante la Comisión de Juicio Político incluyó además numerosas notas de respaldo y solidaridad provenientes de asociaciones judiciales nacionales e internacionales. Según se consignó, los apoyos llegaron desde países como Perú, Paraguay, Costa Rica, Ecuador y España, en reconocimiento a su trayectoria y a su labor en el ámbito de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, de la que renunció el domingo último.
Entre las adhesiones más destacadas se encuentran las notas remitidas por la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez; la reconocida jurista Aída Kemelmajer; el camarista federal Alfredo Silverio Gusmán; y Úrsula Basset, directora de Derechos Humanos de la Cancillería, quien resaltó la defensa de los derechos de las mujeres y la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito judicial.
Con este descargo, Susana Medina dejó formalizada su estrategia de defensa ante el avance del proceso de juicio político y se prepara para dar la batalla institucional en el ámbito legislativo, mientras la Comisión de Diputados continúa con el análisis de las denuncias y la documentación incorporada al expediente. (Con información de Página Política)
