REDACCIÓN ELONCE
La Comisión de Asuntos Constitucionales inicia este jueves el análisis de los pedidos de juicio político contra la vocal del STJ, Susana Medina. Exponen licencias irregulares, uso indebido de recursos estatales y demoras en causas. Hace días renunció a la presidencia de la AMJA.
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político de la Cámara de Diputados comenzará este jueves el tratamiento de dos pedidos de juicio político presentados contra la vocal de la Sala Laboral del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Susana Medina.
La instancia marcará el inicio formal de un proceso legislativo que podría derivar en la acusación y eventual remoción de la magistrada, quien enfrenta cuestionamientos por presunto mal desempeño, uso indebido de recursos públicos y abandono de funciones.
La comisión, presidida por la diputada Gabriela Lena (Juntos), fue convocada para este jueves a las 11, en el marco de un escenario político y judicial que se intensificó en los últimos días con la presentación de nuevas denuncias.
Renuncia a la AMJA y primeras repercusiones
La situación de Medina tomó mayor relevancia este fin de semana, cuando se conoció que presentó su renuncia “indeclinable” a la presidencia de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA), cargo que ocupaba desde marzo de 2009. La decisión fue comunicada a la Comisión Directiva y a la Comisión Revisora de Cuentas de la entidad, y fue atribuida a “razones personales”.
La renuncia se produjo apenas días después de que se formalizara una primera denuncia en su contra ante la Cámara de Diputados, presentada por Eugenio Jacquemain, dirigente de la corriente Rojo y Negro de Agmer en Gualeguaychú. Esa presentación abrió el expediente que ahora será analizado por la Comisión de Juicio Político.
Segundo pedido de juicio político: nuevos cargos y ampliación de pruebas
Este miércoles se sumó un nuevo capítulo. La asociación civil “Entre Ríos sin Corrupción” formalizó una segunda denuncia contra Medina, ampliando las causales de presunto mal desempeño. La presentación fue realizada por la presidenta de la ONG, María Fabiana Cian, ante la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados y dirigida al presidente del cuerpo, Gustavo Hein.
El nuevo escrito incorpora acusaciones por abandono de funciones, morosidad en la resolución de expedientes, abuso del sistema de licencias y presuntas irregularidades en la designación de vocales subrogantes durante la presidencia de Medina al frente del STJ, en 2022 y 2023.
Según el texto, “el extraordinario número” de días de licencia tomados por la vocal constituye “una falta ética básica”, y se adjuntan estadísticas que muestran demoras significativas en la tramitación de causas en la Sala Laboral. “Mientras la vocal goza de licencias y publicita sus participaciones en eventos en múltiples destinos, muchos justiciables esperan y siguen esperando la resolución de los asuntos que llevaron ante los estrados judiciales”, sostuvo la ONG.
Otro de los puntos cuestionados es la alteración del orden de designaciones de vocales subrogantes ante recusaciones o excusaciones. La denuncia advierte “ineficacia funcional grave y una opacidad preocupante” en un proceso considerado clave para la garantía del “juez natural”.
También se incorporó un capítulo referido a la recepción de “contribuciones” a favor de AMJA, presuntamente entregadas por “un justiciable y contratista del STJ”, señalando a una entidad bancaria vinculada al Estado provincial y a fundaciones asociadas.
Primer pedido de juicio político: 660 días hábiles sin funciones y viajes oficiales cuestionados
El primer pedido de juicio político, firmado por Jacquemain, se centra en tres ejes: más de 660 días hábiles de ausencias consignadas como “injustificadas”, uso indebido de bienes del Estado y presunta desviación de poder vinculada al financiamiento de actividades de AMJA con recursos públicos.
El escrito señala que los registros oficiales del STJ y una investigación periodística de la revista Análisis exponen “patrones reiterados de comportamiento que comprometen gravemente los deberes institucionales de la magistrada denunciada”.
Ausencias y demoras judiciales
En relación con los días sin prestación de funciones, el denunciante sostiene que Medina habría incumplido el régimen de licencias mediante ausencias reiteradas a lo largo de varios años. Según la presentación, esas inasistencias derivaron en “demoras significativas en la resolución de expedientes” en la Sala Laboral.
El texto subraya que “este patrón configura, por su extensión y persistencia, un grave abandono de funciones, incompatible con la responsabilidad de cualquier juez y particularmente de un integrante del máximo tribunal provincial”.
Licencias por capacitación "en exceso"
Otro de los cuestionamientos refiere al uso del régimen de capacitación, que reglamentariamente no puede superar los 20 días por año ni contemplar el cobro de viáticos. Según la denuncia, Medina habría superado esos límites reiteradamente, participando en actividades académicas e institucionales dentro y fuera del país, muchas veces financiadas con fondos públicos.
Uso de vehículos oficiales, choferes y viáticos
El tercer eje apunta al uso de recursos del Estado para viajes bajo conceptos genéricos como “actividad institucional”, “académica” o “capacitación”, sin documentación respaldatoria. La denuncia señala que:
-Medina utilizó vehículos oficiales para traslados que no formaban parte de agenda judicial.
-Requirió chofer oficial, cuyos viáticos ascienden a aproximadamente 132 mil pesos diarios.
-Participó de actividades personales, de AMJA o diplomáticas, financiadas con fondos del STJ.
-Para el denunciante, estas prácticas configuran “una desviación de poder y un abuso de bienes públicos”.
La comisión inicia el análisis formal
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político deberá ahora analizar ambas presentaciones. El procedimiento prevé la admisibilidad de las denuncias, la recolección de pruebas, la posibilidad de descargo de la magistrada y la eventual formulación de la acusación ante el Senado, que es la instancia encargada del juicio político propiamente dicho.
En esta primera etapa, la comisión definirá si las denuncias cumplen con los requisitos legales y si corresponde avanzar en la investigación. Para ello, podrían solicitarse informes al STJ sobre estadísticas de la Sala Laboral, registros de licencias, utilización de vehículos oficiales y documentación de viajes.
Un proceso con impacto institucional
El avance de estos pedidos de juicio político tiene un impacto institucional significativo, ya que involucra a una de las integrantes del máximo tribunal provincial y a una figura de reconocimiento nacional en temas de género y justicia, a partir de su rol en AMJA y en la Red Internacional de Mujeres Juezas.
La multiplicación de denuncias en pocos días y la renuncia a su cargo en AMJA generan un escenario político y judicial de tensión, en un contexto donde distintos sectores reclaman mayor transparencia en el Poder Judicial.
Lo que viene
Si la comisión admite las denuncias, se abrirá una etapa de recolección de pruebas, citación de testigos, pedidos de información al STJ y posibilidad de descargo por parte de Medina. Solo luego de este proceso, la comisión podrá dictaminar y elevar o no la acusación al Senado.
Mientras tanto, el caso continúa generando repercusiones en ámbitos judiciales, políticos y sociales, donde se sigue de cerca la actuación de la Legislatura entrerriana y el impacto del caso en la imagen del Poder Judicial de la provincia. (Con información de Entre Ríos Ahora-Apf)
