Diputados inicia el tratamiento de dos pedidos de juicio político por presuntas irregularidades atribuidas a la vocal del STJ. Las denuncias cuestionan ausencias, uso de bienes públicos y demoras judiciales.
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político de la Cámara de Diputados comenzará este jueves el análisis formal de dos denuncias presentadas contra la vocal de la Sala Laboral del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Susana Medina. Las acusaciones apuntan a presunto mal desempeño, licencias irregulares, uso indebido de recursos estatales y abandono de funciones.
La reunión fue convocada para las 11 y estará presidida por la diputada Gabriela Lena (Juntos), en un contexto político y judicial que se tensó con la aparición de nuevas denuncias y la reciente renuncia de la magistrada a la presidencia de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina (AMJA).
Renuncia a AMJA y repercusiones iniciales
La situación tomó mayor relevancia durante el fin de semana, cuando se confirmó que Medina presentó su renuncia “indeclinable” a la presidencia de AMJA, cargo que ejercía desde marzo de 2009. La dimisión, atribuida a “razones personales”, fue comunicada a la comisión directiva de la entidad. El anuncio se conoció apenas días después de que ingresara en Diputados la primera denuncia en su contra, presentada por Eugenio Jacquemain, dirigente de la corriente Rojo y Negro de Agmer en Gualeguaychú.
Esa presentación motivó la apertura del expediente que inició el camino hacia el tratamiento legislativo del caso.
Segunda denuncia: ampliación de cargos y nuevas pruebas
Este miércoles se incorporó una segunda denuncia, impulsada por la asociación civil Entre Ríos sin Corrupción. Su presidenta, María Fabiana Cian, presentó un escrito que amplía las causales de presunto mal desempeño e incorpora nuevas acusaciones. Entre ellas, se señalan abandono de funciones, morosidad en la resolución de expedientes, abuso del sistema de licencias y presuntas irregularidades en la designación de vocales subrogantes durante la presidencia de Medina en el STJ, entre 2022 y 2023.
El texto sostiene que “el extraordinario número” de días de licencia tomados por la vocal constituye “una falta ética básica”. Además, adjunta estadísticas que indicarían demoras en la tramitación de expedientes. Según la ONG, “mientras la vocal goza de licencias y publicita sus participaciones en eventos en múltiples destinos, muchos justiciables esperan y siguen esperando la resolución de los asuntos que llevaron ante los estrados judiciales”.
Otro punto del escrito cuestiona presuntas alteraciones en el orden de designación de vocales subrogantes, lo que –según la denuncia– evidencia “ineficacia funcional grave y una opacidad preocupante” en un procedimiento clave para garantizar la imparcialidad judicial.
También se menciona la recepción de “contribuciones” para AMJA por parte de un “justiciable y contratista del STJ”, señalando vínculos con una entidad bancaria estatal y fundaciones asociadas.
Primer pedido de juicio político: 660 días sin funciones y viajes cuestionados
La denuncia impulsada por Jacquemain centra sus argumentos en tres ejes: más de 660 días hábiles de ausencias registradas como injustificadas, uso indebido de bienes del Estado y presunta desviación de poder vinculada al financiamiento de actividades de AMJA con recursos públicos.
Según el escrito, registros oficiales del STJ y una investigación de la revista Análisis exponen “patrones reiterados de comportamiento que comprometen gravemente los deberes institucionales de la magistrada denunciada”.
Ausencias y demoras en la Sala Laboral
La denuncia sostiene que Medina habría incumplido el régimen de licencias mediante ausencias reiteradas, lo que habría provocado “demoras significativas en la resolución de expedientes”. Ese patrón, afirma el escrito, configuraría “un grave abandono de funciones, incompatible con las responsabilidades de un juez del máximo tribunal”.
Licencias de capacitación por encima del límite
Otro de los cuestionamientos apunta al uso del régimen de capacitación, que no puede superar los 20 días por año ni habilitar el cobro de viáticos. Según la presentación, la jueza habría excedido esos límites en repetidas oportunidades, participando en actividades dentro y fuera del país, frecuentemente financiadas con fondos del Estado.
Uso de vehículos oficiales y viáticos
El denunciante también señala el uso de vehículos oficiales, choferes y viáticos para traslados vinculados a actividades académicas, institucionales o diplomáticas que no formaban parte de la agenda judicial. Los viáticos del chofer oficial ascenderían —según la denuncia— a unos 132 mil pesos diarios. Para Jacquemain, estas prácticas constituyen “una desviación de poder y un abuso de bienes públicos”.
La comisión evalúa la admisibilidad de las denuncias
A partir de este jueves, la comisión deberá determinar si las denuncias cumplen con los requisitos legales para avanzar en el proceso. Podrán requerirse informes al STJ sobre estadísticas de resolución de causas, registros de licencias, uso de vehículos oficiales y documentación respaldatoria de viajes.
Si la comisión admite las presentaciones, se abrirá una etapa de investigación que incluirá la recolección de pruebas, citación de testigos y posibilidad de descargo por parte de la magistrada. Solo tras ese proceso podrá emitirse un dictamen que eventualmente derive en una acusación formal ante el Senado, responsable de llevar adelante el juicio político.
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