REDACCIÓN ELONCE
Tras la adjudicación de la privatización de la Hidrovía Paraguay-Paraná, organizaciones socioambientales cuestionaron la profundización del canal de navegación y denunciaron que la obra avanza sin estudios de impacto ambiental.
La privatización de la Hidrovía Paraguay-Paraná volvió a generar cuestionamientos por parte de organizaciones ambientalistas, que alertaron sobre las consecuencias que podría tener la profundización del canal de navegación sobre el río Paraná y denunciaron que el proceso avanzó sin los estudios de impacto ambiental correspondientes.
El gobierno adjudicó la concesión a la empresa belga Jan De Nul junto a su socia local Servimagnus. Operarán bajo la sociedad Vía Navegable Argentina encargándose del dragado, balizamiento y mantenimiento de la ruta fluvial por los próximos 25 años.
En diálogo con Elonce, el abogado ambientalista Enzo Culasso Orué sostuvo que la medida representa una "reprivatización" del principal curso de agua del país. “Porque ya se encontraba concesionado desde los años 90 a la misma empresa, que dicho sea de paso está acusada por corrupción”, afirmó.
El letrado explicó que uno de los principales puntos cuestionados es la decisión de aumentar la profundidad del canal de navegación para permitir el ingreso de buques de ultramar.
Advierten por la profundización del canal
Según explicó Culasso Orué, la licitación contempla una profundización del calado que, a su entender, podría provocar consecuencias ambientales de gran magnitud. “Es para que puedan ingresar buques de ultramar, que están preparados para cruzar el océano y no adaptados al río”, señaló.
El abogado sostuvo que históricamente la navegación en el Paraná se realizó con embarcaciones adecuadas para sus características naturales. “Denunciamos que esto avanza sin tener estudios de impacto ambiental. Desconocemos qué impacto puede llegar a tener que se profundice tres metros más el canal de navegación”, advirtió.
Preocupación por el agua y los humedales
El referente socioambiental remarcó que el río Paraná constituye la fuente de agua potable para numerosas ciudades ribereñas. “Dependemos del río Paraná para tomar agua. Cuando abrimos la canilla, lo que sale es agua del río Paraná”, expresó.
Como antecedente, recordó la histórica bajante registrada entre 2020 y 2022. “Tenemos la experiencia de Victoria, que durante la mayor sequía estuvo a punto de quedarse sin agua en la toma”, afirmó.
También alertó sobre el impacto que podría generar en los humedales y en la fauna ictícola. “Hace ocho años que los peces no pueden ingresar a estos ecosistemas a desovar, dejar sus huevos y renovar el ciclo reproductivo. Ya hace ocho años que no se renueva la población de peces”, aseguró.
"Se tienen que cumplir las leyes"
Para Culasso Orué, el principal cuestionamiento apunta al procedimiento administrativo que dio origen a la concesión. “Se tienen que cumplir las leyes. Las leyes indican que, previo a iniciar cualquier obra, se tienen que hacer estudios de impacto ambiental”, manifestó.
En ese sentido, recordó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas emitió dictámenes cuestionando el proceso. “Dijo que no solo resulta irracional, sino hasta antieconómico avanzar en una licitación sin tener los estudios de impacto ambiental”, afirmó.
Asimismo, señaló que durante la audiencia pública realizada por la hidrovía hubo un amplio rechazo a la profundización del canal. “Más de 200 personas participamos y fue casi unánime la oposición a esta profundización a 44 pies”, indicó.
Reclamos por la soberanía del río
El abogado sostuvo que las tareas ya comenzaron en algunos sectores del río y expresó su preocupación por el futuro de la principal vía navegable del país. “La licitación ya está adjudicada y entendemos que las obras ya están comenzando. Incluso hay partes donde nos informaron que ya llegaron a esa profundidad”, aseguró.
Además, cuestionó que las provincias no hayan tenido participación en el proceso licitatorio. “Ni Ambiente de la Nación ni las provincias participaron en esta licitación. Las provincias somos las titulares originarias de los recursos naturales. Que no nos permitan participar, y que tampoco las provincias lo reclamen, no solo es inconstitucional, sino que viola el derecho humano fundamental de acceso al agua potable”, afirmó.
Finalmente, explicó que existen diversas demandas judiciales presentadas contra el proceso, aunque consideró que la respuesta de la Justicia suele llegar demasiado tarde. “El poder del pueblo puede llegar a ser lo que tuerza la balanza. Si no recuperamos el manejo de nuestra vía fluvial más importante, no vamos a ser un país soberano e independiente”, concluyó.
Temas:
hidrovía río Paraná
