La empresa textil Algodonera Avellaneda vinculada a la familia Vicentin no recibió ofertas durante el proceso de salvataje judicial. Tras fracasar el intento de alcanzar un acuerdo con sus acreedores, quedó a la espera de una resolución que podría determinar su quiebra.
Algodonera Avellaneda quedó al borde de la quiebra luego de que venciera, sin que se presentaran interesados, el plazo establecido por la Justicia para intentar su salvataje. La empresa textil, perteneciente a integrantes de la familia Vicentin y ubicada en Reconquista, Santa Fe, atraviesa un concurso preventivo de acreedores y cuenta con aproximadamente 360 trabajadores.
El procedimiento había sido dispuesto por el juez Fabián Lorenzini, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista. La convocatoria comenzó el 29 de septiembre y finalizó el lunes 5 de octubre, sin que se registraran propuestas, ofertas ni solicitudes de inscripción para adquirir las acciones de la compañía.
La instancia de salvataje, conocida como cramdown, había sido habilitada después de que la firma no lograra reunir las mayorías necesarias entre sus acreedores para aprobar un acuerdo preventivo. El mecanismo permite que terceros, acreedores o cooperativas de trabajadores intentaran asumir el control de la empresa y negociar una salida a la crisis.
La empresa quedó a la espera de una resolución judicial
Con el vencimiento del plazo sin interesados, Algodonera Avellaneda quedó a la espera de una definición de la Justicia. Aunque la quiebra todavía no había sido declarada formalmente, una fuente vinculada al expediente indicó a La Nación que ese desenlace podría concretarse en los próximos días.
El magistrado debía resolver algunas cuestiones procesales antes de avanzar con una decisión definitiva. Mientras tanto, la incertidumbre alcanzaba a los aproximadamente 360 empleados de la compañía, cuya continuidad laboral dependía de la evolución del proceso judicial y de la actividad industrial.
Uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo había sido la deuda con el Banco Nación, entidad que concentraba más del 80% del pasivo quirografario computable. Según el expediente, el crédito verificado y admisible ascendía a 1.585,7 millones de pesos y 260,79 millones de dólares.
El conflicto con el Banco Nación
Antes de la apertura del salvataje, la empresa había solicitado que el Banco Nación fuera excluido del cálculo de las mayorías necesarias para aprobar el acuerdo con los acreedores. La firma argumentó que la entidad actuaba como un “acreedor hostil” porque no había prestado su conformidad a la propuesta presentada.
Por su parte, el banco sostuvo que las condiciones ofrecidas por Algodonera Avellaneda no permitían recuperar la totalidad de los desembolsos realizados. Esta diferencia impidió que la compañía consiguiera las adhesiones exigidas por la legislación concursal.
Finalmente, Lorenzini rechazó el planteo de la textil. El juez consideró que, pese al peso determinante del Banco Nación dentro del concurso, la entidad financiera había actuado en defensa de sus intereses como acreedor.
Una planta que funcionaba con actividad reducida
La situación financiera también se reflejaba en el funcionamiento de la fábrica. Según había señalado el magistrado, la planta industrial operaba aproximadamente al 60% de su capacidad debido a inconvenientes en la maquinaria de hilandería.
La continuidad de las operaciones se sostenía principalmente mediante contratos de fasón, una modalidad por la cual la empresa realizaba tareas de procesamiento industrial para terceros. Los ingresos obtenidos se destinaban al pago de salarios, pero no generaban excedentes suficientes para afrontar las deudas acumuladas.
El juez también había advertido que la compañía presentaba “un patrimonio neto negativo”, con obligaciones que superaban considerablemente el valor de sus activos. Esta situación evidenciaba las dificultades para encontrar una alternativa que permitiera reorganizar el funcionamiento de la firma.
El salvataje que no consiguió interesados
Al habilitar el procedimiento de salvataje, la Justicia había establecido una serie de requisitos para quienes pretendieran participar. Entre ellos figuraban acreditar experiencia en la industria textil, disponer de canales comerciales activos y demostrar antecedentes de cumplimiento tributario durante los últimos cinco años.
La propia Algodonera Avellaneda también estaba habilitada para intervenir sin necesidad de inscripción previa, siempre que manifestara expresamente su voluntad dentro del expediente. Sin embargo, el período de convocatoria finalizó sin que se presentaran terceros interesados en adquirir la compañía.
De esta manera, el fracaso del salvataje profundizó la situación concursal de la histórica textil santafesina. La decisión judicial pendiente determinará los próximos pasos del proceso, mientras persiste la incertidumbre sobre la continuidad de la actividad y el futuro de sus trabajadores.
