La Fiscalía de Paraná investiga 14 presuntas estafas vinculadas con Mundo Steel Framing. Aunque el titular de la firma y su esposa todavía no fueron imputados formalmente, designaron abogados defensores. El perjuicio económico investigado supera los $137 millones.
La causa por las presuntas estafas con la construcción de viviendas de Mundo Steel Framing avanzó en Paraná con la recolección de pruebas sobre 14 hechos investigados y presunto un perjuicio económico que supera los 137 millones de pesos. Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal aclararon a Elonce que el titular de la empresa y su esposa todavía no fueron imputados formalmente, aunque ambos ya designaron abogados defensores. Además, se indicó que la causa avanza, pero hasta el momento, no ha sido remitida a juicio.
La investigación está a cargo del fiscal Santiago Alfieri, de la Fiscalía especializada en Delitos Económicos de Paraná. Según explicaron fuentes judiciales a Elonce, las actuaciones continúan en la etapa de recopilación de elementos probatorios y podrían concluir próximamente, aunque todavía no se produjo una elevación de la causa a juicio.
El expediente comprende 13 presuntas estafas contra particulares y una decimocuarta vinculada con una empresa comercializadora de caños. De acuerdo con información publicada por Análisis, el perjuicio económico atribuido a las maniobras investigadas que superaría los $137 millones.
Cómo habrían operado las presuntas estafas con viviendas
La hipótesis investigativa sostiene que los clientes acudían al local comercial de Mundo Steel Framing, ubicado en avenida Almafuerte 446 de Paraná, donde se exhibían modelos de viviendas y se ofrecían contratos para ejecutar construcciones.
Según los elementos reunidos, la empresa aparentaba contar con capacidad económica y operativa para cumplir los compromisos asumidos. Sin embargo, las obras contratadas por distintos clientes no habrían avanzado conforme a los acuerdos establecidos y pese a las entregas de dinero realizadas a la empresa.
El análisis financiero incorporado a la investigación indicó que, pese al ingreso constante de dinero en las cuentas de la firma, esos fondos no se habrían destinado a la adquisición de materiales ni a las construcciones comprometidas.
Una damnificada entregó $30 millones y no recibió su casa
El caso tomó estado público en mayo, cuando familias de Paraná y otras localidades entrerrianas comenzaron a denunciar incumplimientos en contratos de construcción. Una de las denunciantes fue Luciana Ponti, quien contó a Elonce que había contratado a la empresa en julio de 2025. Inicialmente entregó $3,5 millones y acordó cuotas mensuales de $590.000.
Posteriormente, en diciembre, vendió un departamento en Oro Verde y entregó otros 14.500 dólares para la supuesta compra de materiales. También afrontó gastos de planos y parte de un muro de contención. “En total, alrededor de 30 millones y no me hicieron absolutamente nada, ni siquiera movieron la tierra para hacer la platea”, había relatado Ponti a Elonce.
Las promesas de construcción que no se cumplieron
Según explicó la mujer, los trabajos debían comenzar en enero, pero las fechas anunciadas fueron postergándose. “Pasaron los meses, me decían que iban a empezar, siempre les estaba faltando algo. Yo quise confiar en que tenían mucho trabajo”, recordó.
Ante la falta de avances, comenzó a contactar a otras personas que atravesaban situaciones similares. “Empecé a averiguar por mi cuenta y fuimos encontrando gente damnificada y al día de hoy somos alrededor de 40”, había señalado durante su entrevista con Elonce.
Los contratos y el reclamo por el dinero entregado
Ponti identificó públicamente a Micaela Morales y Ezequiel Morcón como las personas que intervinieron en la comercialización de las viviendas. “Son Micaela Morales y Ezequiel Morcón, los que nos vendieron. Al nombre de Ezequiel Morcón hicimos los contratos, fueron firmados por él”, explicó.
La damnificada también recordó una reunión que mantuvo con el empresario y su abogado para conocer qué había sucedido con el dinero destinado a materiales. “Yo le pregunté qué había hecho con mi plata porque se suponía que era para comprar materiales, eran 14.500 dólares, y no me respondió”, manifestó.
Otra familia pagó millones y tampoco recibió la vivienda
Entre las denunciantes también se encontraba Andrea Wolker, quien había entregado siete millones de pesos y acordado un plan de 120 cuotas para acceder a una vivienda.
Además, adelantó seis pagos de $400.000 para acelerar los trabajos. La entrega estaba prevista inicialmente para enero de 2026, pero posteriormente se modificó el contrato.
“Nos ofrecieron una vivienda llave en mano y hacían entrega en enero del 2026”, recordó. Luego acordaron una nueva fecha para el 30 de abril, pero “tampoco sucedió”, afirmó a Elonce.
Las viviendas terminadas que los clientes no pudieron visitar
Wolker también relató que, antes de contratar, solicitó conocer alguna construcción finalizada por la empresa. “Cuando nosotros contratamos con ellos, les pedimos ver una vivienda terminada para terminar de confirmar. Nos dijeron que no nos podían mostrar porque los propietarios ya estaban viviendo y molestaba a los propietarios”, sostuvo a Elonce.
Posteriormente, recibió versiones sobre la cantidad de casas efectivamente terminadas, aunque aclaró que no contaba con información comprobada. La mujer también cuestionó las sucesivas promesas de la firma: “Nos mienten, nos mintieron hasta incluso la semana pasada, diciéndonos que nos iban a pasar un cronograma y demás y nunca pasó nada”.
Qué puede suceder con la investigación judicial
Mientras la Fiscalía avanza con la recopilación de pruebas, algunas familias tenían previstas audiencias en el fuero civil para fines de noviembre, con la intención de recuperar parte de los fondos entregados.
También circularon versiones entre los afectados sobre una posible continuidad comercial de los responsables bajo otra denominación. Sin embargo, esa información no fue confirmada oficialmente.
Por el momento, la investigación penal continúa sin imputaciones formales contra la pareja señalada. Los próximos pasos dependerán de la evaluación de las pruebas reunidas por la Fiscalía, mientras las familias aguardan respuestas sobre las viviendas que contrataron y el destino de sus ahorros.