El nuevo régimen ambiental para las actividades productivas entró plenamente en vigencia en Entre Ríos tras la reglamentación de la Ley 11.250. La normativa unifica trámites, incorpora herramientas digitales y establece nuevos mecanismos de evaluación y control ambiental.
El nuevo régimen ambiental para las actividades productivas entró en plena vigencia en Entre Ríos con la reglamentación de la Ley Nº 11.250 de Gestión Ambiental de Actividades Económicas. La normativa establece un sistema unificado para los procedimientos ambientales vinculados con emprendimientos y reemplaza regulaciones que llevaban varias décadas vigentes.
Entre los principales cambios aparece la implementación del Certificado Único Ambiental (CUA), destinado a concentrar y reemplazar certificados contemplados en el esquema anterior. La reforma también incorpora procedimientos digitales y criterios uniformes para la evaluación ambiental en el territorio provincial.
La Ley 11.250 reemplaza, entre otras disposiciones, a la Ley Nº 6.260, sancionada en 1978. El Gobierno provincial sostiene que el objetivo es simplificar la gestión administrativa para las actividades económicas sin reducir las facultades estatales de fiscalización y control.
Un Certificado Único Ambiental
El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, afirmó que la reglamentación busca dejar atrás procedimientos "burocráticos y dispersos" y brindar reglas claras y mayor agilidad administrativa a quienes producen e invierten en la provincia.
"La ley busca la modernización y la simplificación de los procedimientos, pero sin renunciar bajo ningún punto de vista a las potestades de control y fiscalización del Estado provincial", sostuvo el funcionario al presentar los alcances de la medida impulsada por el gobierno de Rogelio Frigerio.
Por su parte, la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, señaló que el nuevo régimen se sustenta en la Constitución provincial y en la Ley General del Ambiente. Según explicó, el Certificado Único Ambiental será una de las principales herramientas del sistema y permitirá concentrar procedimientos que hasta ahora se encontraban separados.
Uso del suelo y participación ciudadana
Junto con la reglamentación, la Secretaría de Ambiente emitió resoluciones complementarias. Una de ellas establece un modelo uniforme con contenidos mínimos para el Certificado de Uso de Suelo Conforme, con el propósito de ofrecer criterios comunes para municipios y comunas.
La Provincia aclaró que la implementación de ese modelo no modifica las competencias de los gobiernos locales. Los municipios y comunas continuarán siendo los organismos encargados de determinar la factibilidad del uso del suelo dentro de sus respectivas jurisdicciones.
Además, se dispuso una modalidad digital para las instancias de participación ciudadana en los procedimientos de evaluación ambiental. La herramienta permitirá acceder de manera remota a documentación vinculada con los proyectos y presentar observaciones durante los procesos de consulta pública.
Nuevas herramientas de control ambiental
El régimen contempla también la puesta en funcionamiento del Registro Provincial Ambiental (RPA), que formará parte de la estructura prevista para organizar y centralizar información vinculada con las actividades alcanzadas por la normativa.
A su vez, se creará un Fondo de Control y Fiscalización Ambiental. Según informó el Ejecutivo, el esquema contempla mecanismos de cooperación con municipios y comunas y prevé compartir recursos provenientes de sanciones para fortalecer las tareas de monitoreo territorial.
Con la reglamentación, la Provincia completa así la puesta en marcha de una reforma que modifica el sistema de gestión ambiental aplicable a las actividades económicas. El nuevo marco combina simplificación administrativa, digitalización, participación ciudadana y mecanismos de fiscalización, bajo los principios de desarrollo sostenible establecidos en la legislación ambiental.
