El gobierno provincial identificó a 73 responsables por intimidaciones registradas en distintos establecimientos educativos. En la mayoría de los casos se trata de menores, por lo que deberán responder económicamente sus familias.
El gobierno de Santa Fe avanzó con una medida para sancionar a quienes realizaron falsas amenazas en establecimientos educativos y ya identificó a 73 responsables en distintos puntos de la provincia. Las autoridades buscarán recuperar el costo económico de cada operativo desplegado ante este tipo de alertas.
La decisión fue comunicada luego de una fuerte suba de denuncias registradas desde comienzos de año. Según datos oficiales, en Santa Fe ya se contabilizaron 404 reportes vinculados a amenazas en escuelas, lo que generó intervenciones policiales, evacuaciones y operativos preventivos.
Como en muchos expedientes los involucrados son menores de edad, el reclamo económico recaerá sobre madres, padres o adultos responsables.
Cuánto deberán pagar
Desde el Ejecutivo provincial indicaron que cada operativo activado por una falsa amenaza tiene un costo estimado de entre $5 millones y $6 millones, debido a la participación de policías, bomberos y equipos de emergencia.
La secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, remarcó que estos hechos deben ser tratados con seriedad. “No es broma, es un delito”, sostuvo al explicar la postura adoptada por Santa Fe.
Además, señaló que la provincia mantendrá acciones en materia educativa, salud mental y seguridad para reforzar el rol de la escuela como ámbito de contención.
Dónde se registraron más casos
La mayor cantidad de denuncias se concentró en la Fiscalía Regional N°2, con 238 casos. Luego se ubicaron la Regional N°1 con 75, la N°5 con 35, la N°3 con 33 y la N°4 con 23.
En cuanto a las personas ya identificadas, también lidera la Regional N°2 con 23 responsables detectados. Le siguen la N°3 con 17, la N°1 con 15, la N°5 con 14 y la N°4 con 4.
Las autoridades de Santa Fe realizaron además allanamientos y requisas en distintas investigaciones, donde secuestraron teléfonos celulares y otros elementos de interés para las causas.
El ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, advirtió que una vez comprobada la autoría, los responsables, o sus padres, deberán afrontar los gastos ocasionados.
