La jueza federal Analía Ramponi dispuso el traslado a una cárcel del ciudadano uruguayo buscado por narcotráfico, pese a que había sido liberado en una causa provincial.
La jueza federal de Concordia, Analía Ramponi, ordenó que el ciudadano uruguayo Carlos Damián Araujo continúe detenido y sea trasladado a una unidad del Servicio Penitenciario, en el marco de un proceso de extradición por delitos de narcotráfico.
La medida se adoptó luego de que, en una causa tramitada en la justicia provincial, el fiscal Martín Núñez dispusiera su liberación en relación a un expediente por tenencia de estupefacientes. Sin embargo, la magistrada dejó en claro que el imputado seguirá privado de su libertad bajo jurisdicción federal.
Según se informó, la detención no está vinculada al caso local, sino a un pedido de captura internacional emitido por la República Oriental del Uruguay, donde
Araujo cuenta con antecedentes por narcotráfico y es requerido por la Justicia de ese país.
En ese contexto, el proceso de extradición avanza en paralelo y de manera independiente. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se confirmó que el pasado 24 de marzo se realizó la audiencia prevista en la Ley 24.767, en la que se notificó formalmente al acusado sobre la alerta roja internacional vigente en su contra.
Fuentes del caso indicaron además que autoridades uruguayas manifestaron preocupación tras conocer la liberación dispuesta en la causa provincial, lo que aceleró las gestiones para asegurar la permanencia del detenido bajo custodia.
De esta manera, más allá de la resolución en el fuero local, Araujo permanecerá detenido mientras continúa el trámite de extradición, que seguirá su curso por las vías judiciales y diplomáticas correspondientes.
La búsqueda de Interpol
Cabe recordar que la semana anterior Interpol activó una alerta roja internacional tras confirmarse la fuga de Araujo, que cumplía prisión domiciliaria en la ciudad de Salto, Uruguay, en la frontera con Concordia.
El prófugo se encontraba cumpliendo una condena por delitos vinculados al narcotráfico, tráfico de armas y municiones, además de reiterados ilícitos relacionados con el suministro de estupefacientes. Su pena era de cinco años y seis meses de prisión.
Según trascendió, Araújo había sido trasladado desde una unidad penitenciaria tras someterse a una intervención quirúrgica, lo que derivó en la concesión del beneficio de prisión domiciliaria. En ese contexto, durante el mes de febrero habría aprovechado la falta de controles para darse a la fuga.
Uno de los puntos más cuestionados del caso es que, al momento de otorgarse el arresto domiciliario, la Justicia no dispuso custodia policial ni el uso de tobillera electrónica. Esta situación habría facilitado la evasión y generó críticas sobre los mecanismos de control aplicados.
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