La Cámara Federal de San Martín ratificó el procesamiento de Orlando Canido, propietario de Manaos, por presunta evasión impositiva superior a $805 millones.
La Justicia confirmó el procesamiento del dueño de Manaos, la popular marca de gaseosas que busca hacerle sombra a los dos pesos pesados del sector, las multinacionales Coca-Cola y PepsiCo. El empresario se expandió en el último tiempo en el negocio y sigue interesado en seguir de compras, con más adquisiciones.
En julio, Orlando Canido fue procesado por evasión y embargado con una suma millonaria por disposición del Juzgado Federal N° 3, Secretaría 11, de Morón, en una causa iniciada por el Ministerio Público Fiscal y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en la que el fisco se presentó como querellante. A mediados de año, también fue procesada su firma, Refres Now S.A., por el mismo hecho investigado.
En ese momento, se resolvió mantener su libertad provisional durante el proceso, pero se ordenó un embargo preventivo de $ 250 millones sobre sus bienes y otro por el mismo monto sobre los de Refres Now S.A.
Este jueves, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó el procesamiento: le dio la razón al juzgado anterior y mantuvo la sentencia. El tribunal resuelve confirmar el pronunciamiento apelado en todo cuanto fue materia de recurso, destaca el expediente, que detalla la estrategia de la querella y la apelación. Clarín intentó comunicarse con la compañía, pero no tuvo respuesta.
En julio de 2025, Canido desembolsó US$ 74 millones y compró las marcas Cunnington y Neuss, que estaban en manos de la compañía Productos de Agua (Proea) y hasta entonces eran competidoras directas en el mercado de gaseosas. Ahora, evalúa la posible adquisición de las aguas de mesa y saborizadas Pureza de las Sierras para expandirse en el negocio de bebidas sin alcohol.
En un programa de streaming al que fue invitado en diciembre, Canido generó polémica, cuando reveló que la compra de Cunnington se realizó en efectivo, de contado.
La denuncia contra Canido
La causa –que también involucra a Norberto Canido, hermano de Orlando– se originó por presunto incumplimiento del pago de Impuesto a las Ganancias, IVA e Impuestos Internos por más de $ 805 millones correspondiente a los ejercicios fiscales 2018 y 2020, con presentaciones de declaraciones juradas engañosas.
Originalmente, se denunció el delito de evasión simple en Ganancias de 2016 por $ 721.449.974,16, IVA de 2016 por $ 148.699.911 y de 2017 por $ 85.419.263,80, e Impuestos Internos de 2016 por $ 37.205.635,80.
Con posterioridad, se amplió la denuncia a Ganancias de 2017 por $ 242.550.000, IVA de 2017 por $ 92.943.325,86 e Impuestos Internos de 2017 por $ 16.955.467,62. Se incluyó, además, a los años siguientes: Ganancias de 2018 por $ 295.842.539,72 y de 2020 por $ 132.000.000, IVA de 2018 por $ 142.142.206,10 y de 2020 por $ 91.130.264,53, e Impuestos Internos de 2018 por $ 16.092.573,59 y de 2020 por $ 14.480.977,75.
En cuanto a los periodos 2017-2018, finalmente se dictó el sobreseimiento, debido a que la acción penal prescribió tras la aplicación de una 'ley más benigna', que elevó los montos mínimos de punibilidad tras la actualización del régimen penal tributario.
A su vez, para la exAFIP, se presentaron declaraciones juradas engañosas bajo una supuesta maniobra de un préstamo de $ 650 millones de su accionista mayoritario. Por eso, el organismo se refirió a una repetición de estas conductas en diferentes años y consideró que hubo un incremento patrimonial no justificado.
También apuntó contra “la simulación de un pasivo” y sostuvo que “no existe movimiento de dinero, ni aplicación de fondos que justifiquen la disponibilidad”. Canido alegó que el dinero fue aportado en efectivo por un tercero, Lorenzo Pizzo, pero la investigación confirmó que este no contaba con la capacidad para realizar tal préstamo en 2020.
“La querella expone agravios específicos como la inyección de fondos no justificados mediante préstamos simulados, deducciones en exceso por facturación duplicada y ocultamiento de la capacidad contributiva, que no constituyen episodios aislados, sino un plan delictivo preconcebido que se desplegó”, sostiene el expediente.
A su vez, ARCA pidió que se investiguen supuestos tickets de venta truchos emitidos a 80 distribuidores falsos, de los cuales la mitad (39) figuraban en la base de contribuyentes 'no confiables' del organismo correspondientes a 2021 y 2022.
Manaos no tiene venta directa al público. En ese sentido, la provisión a mayoristas habría sido por más de $ 10.000 millones, fondos de los que no se pudo reconstruir los movimientos, motivo por el que ARCA advirtió que no tiene la infraestructura ni los activos correspondientes para respaldar la actividad declarada, y que no dispone de empleados en relación de dependencia o los que dice tener son insuficientes para prestar el servicio contratado. (Clarín)
