El exjefe de Gabinete presentó un descargo de 78 páginas ante la Justicia. Aseguró que obtuvo USD 591.544,61 mediante operaciones con bitcoin y explicó cómo financió propiedades, vehículos, viajes y refacciones.
El exjefe de Gabinete Manuel Adorni justificó su patrimonio con USD 591.544,61 obtenidos mediante inversiones en bitcoin, según el descargo que presentó ante la Justicia federal. La explicación fue entregada después de que la Fiscalía detectara movimientos y gastos que, inicialmente, no tenían correlación directa con los ingresos declarados por el grupo familiar.
La presentación, realizada por su abogado Matías Ledesma, tuvo 78 páginas y tres anexos. Allí, la defensa describió la supuesta ruta de las criptomonedas, identificó ocho billeteras virtuales y detalló el destino que habría tenido el dinero utilizado para adquirir propiedades y vehículos, financiar viajes y realizar refacciones.
El fiscal federal Gerardo Pollicita deberá analizar ahora la documentación y determinar si las explicaciones resultan suficientes. En caso de considerar que las sospechas persisten, podrá solicitar al juez Ariel Lijo que convoque al exfuncionario a prestar declaración indagatoria en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Las diferencias detectadas por la Fiscalía
La investigación había señalado una diferencia de $43.068.549 en moneda nacional y un flujo de USD 402.578,12 que no encontraba respaldo directo en los ingresos lícitos declarados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.
Frente a ese requerimiento, la defensa sostuvo que el principal origen de los fondos fueron las ganancias obtenidas por la compra y posterior venta de bitcoin. Según la explicación presentada, el matrimonio comenzó a invertir varios años antes del ingreso de Adorni a la función pública.
El escrito indicó que parte del capital inicial provenía de los ahorros acumulados durante más de una década de actividad profesional privada. Adorni se desempeñaba como contador, mientras que su esposa trabajaba como licenciada en Administración.
Una inversión iniciada en 2014
De acuerdo con la reconstrucción de la defensa, el matrimonio realizó una primera inversión de USD 1.897,20 en 2014. Tres años después, en 2017, habría destinado otros USD 199.883,20 a la compra de criptomonedas.
Esta segunda operación representó más del 99% del capital total invertido. La defensa afirmó que las compras fueron realizadas de manera informal, mediante encuentros presenciales con vendedores en espacios públicos.
Según esa versión, Adorni entregaba dólares en efectivo y recibía los activos virtuales en billeteras de autocustodia. Estas cuentas no pertenecían a plataformas centralizadas y, por lo tanto, no contaban con datos personales asociados a sus titulares.
Ocho billeteras sin identificación personal
La presentación judicial identificó ocho direcciones de billeteras virtuales que tuvieron movimientos entre 2014 y 2018. Todas quedaron vacías luego de la venta de los activos.
La defensa aseguró que Adorni obtuvo USD 591.544,61 al liquidar las criptomonedas. La operación también habría sido realizada mediante encuentros personales en los que transfirió los bitcoin y recibió dólares en efectivo.
Debido a que las billeteras no tienen nombre, apellido ni documento vinculados, la titularidad constituye uno de los puntos centrales que deberá evaluar la Justicia. Para demostrar que las cuentas le pertenecían, Adorni certificó ante escribano que posee las claves privadas necesarias para operarlas.
Su abogado informó que recibió esas contraseñas dentro de un sobre cerrado y lacrado, que podría ser abierto si la Justicia lo considera necesario. Para la defensa, el control de las claves privadas acredita la propiedad de las billeteras, aunque el fiscal y el juez deberán determinar si ese elemento resulta suficiente.
El dinero permaneció fuera del sistema bancario
La versión aportada indicó que los dólares obtenidos por la venta de bitcoin nunca fueron depositados en una cuenta bancaria. Según el escrito, permanecieron guardados en el domicilio familiar durante más de cinco años.
La defensa afirmó que Adorni y su esposa decidieron mantener esos ahorros prácticamente intactos hasta diciembre de 2023, cuando el entonces vocero presidencial ingresó a la administración nacional.
A partir de ese momento, el matrimonio habría comenzado a utilizar el capital para financiar compras inmobiliarias, vehículos, viajes y obras de remodelación. Para fines de 2025, según los cálculos presentados, conservaba un saldo de USD 209.961,52.
Esto implicaría que entre diciembre de 2023 y fines de 2025 se utilizaron alrededor de USD 381.583 de aquellos fondos. La documentación deberá ser contrastada con las adquisiciones y gastos incorporados al expediente.
Propiedades, refacciones, vehículos y viajes
Entre las operaciones analizadas apareció la compra del lote 380 en el country Indio Cuá, junto con los gastos posteriores destinados a su remodelación.
También se incluyó la adquisición de un departamento ubicado en la calle Miró al 550, en el barrio porteño de Caballito. A esos movimientos se sumaron compras de vehículos, viajes y otros consumos efectuados por el grupo familiar.
El incremento patrimonial y el nivel de gastos despertaron la atención de los investigadores porque no aparecían inicialmente respaldados por los ingresos declarados. Adorni sostuvo que todas esas erogaciones se financiaron con los dólares obtenidos años antes mediante las operaciones con bitcoin.
Otro aspecto relevante del descargo fue el reconocimiento de que el matrimonio había mantenido una parte de sus ahorros fuera del sistema formal. Según la defensa, los fondos se acumularon mediante sus actividades profesionales y con dinero recibido por Adorni y su hermano después de la muerte de su padre, ocurrida en 2002.
El escrito afirmó que esos recursos permanecieron “por fuera del circuito bancario y financiero formal”. También indicó que esa modalidad les permitió conservar una capacidad de ahorro superior a la que habrían tenido si los ingresos hubieran sido declarados oportunamente.
La defensa informó que Adorni presentó declaraciones impositivas rectificativas el 10 de junio de 2026 y abonó los tributos correspondientes. Argumentó que la corrección fue voluntaria y se realizó antes de recibir una notificación formal de inspección, aunque la causa judicial ya se encontraba en trámite.
Las deudas que dejaron de aparecer
La Fiscalía también pidió explicaciones sobre dos deudas bancarias incluidas en la declaración jurada patrimonial de 2023. Una correspondía a Adorni por $6.429.000 y la otra a su esposa por $3.903.000, ambas vinculadas con el Banco Galicia.
Esos pasivos dejaron de figurar en las declaraciones posteriores. Por ese motivo, los investigadores buscaron determinar si fueron cancelados y con qué fondos se realizaron los pagos.
La defensa sostuvo que las deudas nunca existieron y atribuyó su incorporación a un “error material” en la carga de la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción. Esa inconsistencia también fue incluida en las presentaciones rectificativas.
Préstamos familiares sin documentos
Otro punto bajo análisis fueron los préstamos privados que Adorni declaró haber recibido de su madre, Silvia Pais, y de Norma Zuccolo. Esos contratos fueron presentados como fuentes de financiamiento dentro de la evolución patrimonial.
La defensa reconoció que no existen contratos escritos, transferencias bancarias ni documentos con fecha cierta que demuestren la entrega efectiva del dinero. Sostuvo, sin embargo, que la legislación no exige formalidades especiales para los préstamos entre particulares.
Como respaldo, remitió a las declaraciones juradas impositivas en las que esas obligaciones aparecieron asentadas. La Fiscalía deberá establecer si esa documentación alcanza para acreditar la existencia y evolución de los préstamos.
Pollicita analizará la correspondencia entre los movimientos de las billeteras, las operaciones inmobiliarias, los gastos familiares y las declaraciones patrimoniales e impositivas.
Uno de los principales puntos será determinar si la posesión de las claves privadas permite comprobar que Adorni era efectivamente el dueño de las ocho billeteras. También deberá examinarse el circuito de compra y venta realizado completamente en efectivo y fuera de plataformas reguladas.
Tras esa evaluación, el fiscal resolverá si acepta la justificación patrimonial o solicita la indagatoria del exjefe de Gabinete. Hasta entonces, las explicaciones presentadas constituyen la versión de la defensa y deberán ser verificadas dentro del expediente judicial.
