El ministro de Economía de Entre Ríos, Fabián Boleas, explicó que no se eliminarán las horas extras en el Estado provincial, pero se aplicará un nuevo orden para su uso y pago.
El ministro de Economía de Entre Ríos, Fabián Boleas, confirmó que la administración provincial avanzó en una revisión del régimen de horas extraordinarias aplicadas en el sector público. Aclaró que la medida no implicó la eliminación de las horas extras, sino su ordenamiento en base a criterios de necesidad y control de gestión.
“No vamos a eliminar las horas extras, vamos a ordenarlas en un trabajo conjunto con los gremios”, afirmó Boleas, y sostuvo que “no se pagarán horas que no se trabajen ni tampoco aquellas que no sean necesarias”. En ese marco, remarcó que “en un contexto como el que vivimos, eso es inadmisible”.
El funcionario precisó que la medida podría impactar en no más del 4% del total de empleados públicos de la provincia, mayoritariamente dentro de los sueldos más altos del escalafón general.
“El régimen de horas extraordinarias fue pensado como una herramienta excepcional, para situaciones concretas donde sea necesario extender la jornada laboral”, explicó. Según indicó, el sistema no fue creado para complementar ingresos ni para sostener prácticas “que se naturalizaron con el tiempo pero que hoy no resisten ningún análisis de eficiencia ni de justicia”.
Boleas remarcó que la decisión del gobierno no implicó un recorte presupuestario. “No se trata de un ajuste, sino de un acto de respeto. Respeto por el trabajo genuino, por quienes cumplen y sobre todo por los contribuyentes que nos sostienen con su esfuerzo todos los días”, señaló.
El ministro sostuvo que la normativa vigente ya establecía la jornada laboral hasta pasado el mediodía, y que las horas extraordinarias debían mantenerse como una medida excepcional. “La ley es clara. Lo que estamos haciendo es revisar y corregir un sistema que muchas veces se sostuvo por comodidad o costumbre, pero que no puede seguir así”, agregó.
Finalmente, Boleas concluyó: “El esfuerzo no puede recaer siempre en los mismos. Desde el Estado tenemos que dar el ejemplo. Cuidar los recursos públicos no es solo una obligación legal: es un deber moral con la sociedad”.
