Las embarcaciones incautadas durante allanamientos por presunto lavado de activos no pertenecían a los investigados. Tras acreditar la titularidad, la Justicia Federal ordenó su devolución a vecinos de la zona.
La Justicia Federal ordenó la restitución de dos embarcaciones que habían sido secuestradas durante allanamientos realizados en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, al confirmarse que pertenecían a vecinos y no a las personas imputadas en la causa.
Los procedimientos se llevaron a cabo el viernes 26 de diciembre de 2025, cuando personal de la Prefectura Naval Argentina Delegación Concordia, junto a efectivos de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Concordia, realizó cuatro allanamientos por una presunta infracción al artículo 303 del Código Penal, que contempla el delito de lavado de activos.
Las medidas se concretaron en distintas viviendas vinculadas a Juan Antonio Carniel y Juan Manuel Centurión, quienes son investigados por la supuesta comercialización ilegal de divisas, en el marco de una pesquisa impulsada por la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay.
Como resultado de los allanamientos, se procedió al secuestro de camionetas, embarcaciones, autopartes, elementos de interés para la causa y una importante suma de dinero, tanto en pesos argentinos como en moneda extranjera.
Entre los bienes incautados se encontraban dos embarcaciones: un velero denominado “Kryptonita” y una embarcación a motor llamada “Itativa”. Inicialmente, ambas habían sido secuestradas ante la sospecha de que estarían vinculadas a Juan Antonio Carniel.
Sin embargo, tras los procedimientos, los verdaderos propietarios presentaron la documentación correspondiente que acreditó la titularidad de las embarcaciones. Ante esta situación, y de acuerdo a lo que pudo saber Concordia Policiales, la Justicia Federal dispuso su inmediata restitución a sus legítimos dueños.
Los propietarios son vecinos que residen en la zona lindera a los domicilios allanados, particularmente en la isla Salvatore, ubicada en el área del lago de Salto Grande, donde Carniel posee una de las viviendas que fue objeto del procedimiento judicial.
