La Justicia declaró inadmisible la presentación de un jubilado del ex Banco de Entre Ríos que pretendía mantener los aumentos del sector bancario. La Caja informó que el nuevo sistema le otorgó una suba del 3,5%, frente al 1,9% de los bancarios. El fallo no resolvió la constitucionalidad de la ley.
La Justicia de Entre Ríos rechazó una acción de amparo contra la reforma previsional establecida por la Ley 11.302, presentada por un jubilado del ex Banco de Entre Ríos que cuestionó el nuevo mecanismo de actualización de haberes. La resolución fue dictada el jueves 12 de noviembre por el juez Juan Francisco Malvasio, quien declaró inadmisible el planteo y dispuso que las costas del proceso quedaran a cargo del demandante.
El reclamo había sido impulsado por Orlando Alberto Jorge, un abogado jubilado de 82 años, quien solicitó que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 34 de la Ley 11.302 y de disposiciones reglamentarias de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. El demandante pretendía conservar el sistema anterior, mediante el cual su haber se actualizaba de acuerdo con los incrementos salariales del sector bancario.
Sin embargo, durante el proceso la Caja informó que Jorge había percibido todos los aumentos bancarios correspondientes hasta la entrada en vigencia de la reforma, el 22 de agosto. Además, señaló que en septiembre recibió una actualización del 3,5%, mientras que el incremento salarial bancario fue del 1,9%, una diferencia de 1,6 puntos porcentuales a favor del jubilado.
Por qué la Justicia rechazó el amparo
En su resolución, Malvasio coincidió con el dictamen del Ministerio Público Fiscal y consideró que la controversia requería un debate más amplio y la producción de pruebas que no podían desarrollarse mediante una acción de amparo.
El magistrado sostuvo que existían otras vías judiciales para analizar los cuestionamientos formulados contra la reforma previsional. Por ese motivo, declaró inadmisible la presentación sin pronunciarse sobre la validez constitucional de las disposiciones impugnadas.
Durante el proceso, la Caja de Jubilaciones y la Fiscalía de Estado defendieron la legalidad del nuevo mecanismo de movilidad. La Fiscalía también expuso la situación financiera del sistema previsional entrerriano, su déficit estructural y la necesidad de preservar su sustentabilidad, teniendo en cuenta el carácter solidario del régimen y los derechos del conjunto de los beneficiarios.
El fallo no determinó si la reforma previsional era constitucional o inconstitucional, sino que estableció que el reclamo debía tramitarse mediante otro procedimiento judicial.
Qué había reclamado el jubilado bancario
Jorge había presentado la acción contra el Gobierno provincial y la Caja de Jubilaciones después de advertir modificaciones en la liquidación de sus haberes. Según publicó Entre Ríos Ahora, el abogado se jubiló en 1995, luego de trabajar en el ex Banco de Entre Ríos SEM, y desde entonces sus ingresos previsionales se habían actualizado conforme a los acuerdos salariales del sector bancario.
“Durante más de tres décadas, y en forma pacífica e ininterrumpida, la Caja movilizó mi haber conforme a los incrementos salariales acordados para el personal bancario en actividad”, sostuvo en su presentación judicial.
El demandante cuestionó que la reforma reemplazara esa referencia por los aumentos otorgados al escalafón con mayor cantidad de aportantes del Estado provincial, identificado en la reglamentación como el personal del Consejo General de Educación (CGE).
En su escrito, afirmó que la normativa “desvincula la movilidad de mi haber del escalafón bancario al que pertenecí en actividad y la ata a los incrementos del escalafón con mayor cantidad de aportantes”. También cuestionó que el cambio se aplicara a personas que ya estaban jubiladas antes de la sanción de la ley.
Cómo cambió la movilidad jubilatoria en Entre Ríos
La Ley 11.302, sancionada el 29 de julio y promulgada el 20 de agosto de 2026, modificó el artículo 71 de la Ley 8.732, que regula el régimen previsional provincial. La reforma estableció que los haberes jubilatorios se actualizarán según los incrementos salariales acordados por el Poder Ejecutivo con el escalafón que reúna la mayor cantidad de aportantes.
La disposición también contempló que, cuando no existieran acuerdos salariales, las actualizaciones podrían determinarse mediante decretos del Ejecutivo. Los aumentos se trasladarían a los beneficiarios independientemente del sector al que hubieran pertenecido durante su actividad laboral.
Posteriormente, la Caja reglamentó el mecanismo mediante la Resolución 4.924/26, del 25 de septiembre. En el caso de Jorge, la referencia utilizada fue el personal del Consejo General de Educación, y se contemplaron los incrementos remunerativos de alcance general.
El aumento de $199.776 que motivó la presentación
El jubilado explicó que el 15 de octubre constató una acreditación de $199.776 en concepto de movilidad jubilatoria, equivalente al 3,5% de su último haber. Al revisar el recibo, advirtió que el importe había sido liquidado bajo el código 5001 y que correspondía al nuevo mecanismo establecido por la reforma.
“Esa suma no corresponde a ningún acuerdo salarial celebrado entre la patronal bancaria y la Asociación Bancaria”, afirmó Jorge, quien solicitó que la Caja continuara calculando sus haberes conforme a los incrementos salariales del sector en el que había trabajado.
El abogado también reclamó diferencias correspondientes a aumentos bancarios anteriores a la entrada en vigencia de la reforma, que, según sostuvo, no habían sido incorporados a su jubilación. Solicitó que esos importes fueran liquidados con intereses y que se descontaran los $199.776 ya acreditados.
Para fundamentar la utilización del amparo, argumentó que las diferencias afectaban ingresos destinados a su subsistencia. “El haber previsional es medio de subsistencia y reviste carácter alimentario. Cada liquidación mensual bajo el nuevo régimen renueva y agrava el perjuicio, que no admite la demora de un proceso ordinario”, expresó.
No obstante, la Caja informó durante el proceso que los incrementos bancarios anteriores a la reforma habían sido abonados y que la actualización aplicada en septiembre resultó superior a la correspondiente al sector bancario.
Con esos antecedentes, el juez Malvasio resolvió rechazar la vía del amparo y estableció que cualquier cuestionamiento sobre la constitucionalidad del nuevo régimen debía discutirse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.
