Diputados fue convocado a una sesión especial para el 15 de octubre con el DNU 70/2023 entre los temas centrales. Como el Senado ya lo rechazó en 2024, una negativa de la Cámara baja determinaría su pérdida de vigencia hacia adelante. Qué áreas quedarían bajo revisión.
La Cámara de Diputados se prepara para discutir el futuro del DNU 70/2023, una norma que introdujo numerosas modificaciones y derogaciones en materia económica, comercial y administrativa desde el comienzo del gobierno de Javier Milei. La oposición convocó a una sesión especial para el próximo 15 de octubre.
El Senado ya había rechazado el decreto en marzo de 2024. Por ese motivo, según publicó Ámbito, si la Cámara baja también votara en contra, se completaría el rechazo de ambas cámaras y el DNU dejaría de tener vigencia hacia adelante.
El debate volvió a tomar impulso después de la reciente decisión de la Corte Suprema relacionada con la Ley de Tierras. El máximo tribunal revocó el fallo que había declarado inconstitucional la derogación de esa ley, aunque no se pronunció sobre la constitucionalidad del DNU, sino sobre la falta de legitimación de la entidad que había promovido la demanda.
Qué pasaría si Diputados rechaza el DNU 70/2023
La eventual caída del decreto tendría consecuencias que exceden ampliamente el régimen de tierras rurales. El DNU modificó o derogó decenas de normas y estableció un amplio esquema de desregulación.
Sin embargo, el escenario no implicaría necesariamente un regreso automático y uniforme a todas las reglas existentes en diciembre de 2023.
En distintas áreas existen normas, decisiones judiciales y actos posteriores, por lo que el impacto concreto debería analizarse en cada caso. También surgiría el interrogante sobre las relaciones jurídicas y contratos celebrados durante la vigencia del decreto.
Qué podría pasar con los alquileres
Uno de los sectores alcanzados sería el mercado de alquileres. El DNU derogó la Ley 27.551 y modificó disposiciones del Código Civil y Comercial.
Entre otros puntos, el nuevo esquema amplió la libertad de las partes para determinar cuestiones vinculadas con el plazo, la moneda y los mecanismos de actualización de los contratos.
Ante una pérdida de vigencia del decreto, volvería a plantearse la discusión sobre el régimen aplicable y, especialmente, sobre la situación de los contratos celebrados durante estos años.
Obras sociales y prepagas
Otro de los capítulos alcanzados está relacionado con las obras sociales y las empresas de medicina prepaga.
El DNU introdujo modificaciones en el régimen de elección de obra social para los trabajadores y en las reglas aplicables al sector de la medicina privada.
Si el decreto fuera rechazado definitivamente, sería necesario establecer qué disposiciones anteriores recuperarían vigencia y cómo deberían articularse con las normas dictadas posteriormente.
Ley de Abastecimiento y Ley de Góndolas
El DNU también avanzó sobre distintas regulaciones relacionadas con el comercio y los alimentos.
Entre ellas se encuentran la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas, que fueron derogadas por el decreto, además de modificaciones vinculadas con el régimen de Compre Argentino.
La Ley de Abastecimiento otorgaba herramientas de intervención estatal sobre determinados aspectos de precios y abastecimiento, mientras que la Ley de Góndolas establecía reglas de exhibición de productos, entre otros objetivos.
Qué podría cambiar en el comercio exterior
El comercio exterior también forma parte de las áreas modificadas por el DNU 70/2023.
El decreto introdujo cambios en el Código Aduanero y eliminó normas que establecían restricciones para determinadas operaciones.
Una eventual pérdida de vigencia del DNU obligaría, por lo tanto, a revisar el marco normativo aplicable y su relación con las medidas adoptadas posteriormente.
Empresas públicas
Otro de los capítulos relevantes está vinculado con las empresas públicas.
El decreto introdujo cambios en el régimen de las sociedades estatales y contempló su transformación en sociedades anónimas.
En caso de un rechazo definitivo, el impacto concreto sobre cada empresa dependería no solamente de la pérdida de vigencia del DNU, sino también de las leyes, decretos y actos administrativos dictados con posterioridad.
Telecomunicaciones e internet satelital
Las telecomunicaciones también quedarían dentro de las áreas a revisar.
El DNU introdujo modificaciones destinadas a facilitar la prestación de determinados servicios, entre ellos los relacionados con internet satelital.
Un cambio en ese marco regulatorio podría abrir una nueva instancia de análisis sobre las condiciones bajo las cuales comenzaron o ampliaron sus actividades distintos operadores.
Qué pasaría con las normas laborales
La situación del capítulo laboral presenta particularidades debido a las modificaciones normativas y decisiones judiciales registradas desde la publicación del DNU.
A esto se suma que, según el escenario planteado, durante 2026 el Congreso aprobó una reforma laboral.
Por ese motivo, un eventual rechazo del DNU no significaría simplemente volver en bloque al régimen laboral vigente antes de diciembre de 2023, sino que debería analizarse la situación de cada disposición.
La Ley de Tierras, en el centro de la discusión
La discusión parlamentaria volvió a cobrar fuerza después del pronunciamiento de la Corte Suprema relacionado con la Ley 26.737 de Tierras Rurales.
El artículo 154 del DNU 70/2023 derogó esa legislación, que establecía límites a la propiedad extranjera de tierras rurales. La Corte revocó el fallo que impedía aplicar esa derogación por considerar que la organización demandante no tenía legitimación para impulsar el caso.
De esta manera, actualmente volvió a estar vigente el artículo 154 y la Ley de Tierras permanece derogada. El tribunal, sin embargo, no resolvió sobre la constitucionalidad de fondo del decreto.
Qué necesita la oposición en Diputados
La sesión especial fue solicitada para el 15 de octubre y el primer desafío será alcanzar el quórum necesario para iniciar el debate.
Una vez habilitada la sesión, el rechazo requiere una mayoría simple. Debido a que el Senado ya se pronunció contra el DNU en marzo de 2024, una decisión equivalente de Diputados completaría el rechazo parlamentario.
El resultado tendría así consecuencias sobre distintas desregulaciones impulsadas mediante el DNU 70/2023, aunque el efecto específico en alquileres, empresas públicas, salud, relaciones laborales y otras actividades dependerá del entramado normativo vigente en cada sector al momento de producirse el eventual rechazo.
