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Política Fue aprobada por 18 votos a favor y 12 en contra

Reforma previsional: qué dijo cada diputado, los argumentos a favor y las voces en contra de la ley

La Reforma previsional fue aprobada por la Cámara de Diputados de Entre Ríos tras más de cinco horas de debate. Los principales argumentos del oficialismo, las críticas de la oposición y qué dijo cada legislador antes de convertir el proyecto en ley.

29 de Julio de 2026
Reforma previsional: qué dijo cada diputado en el debate.
Reforma previsional: qué dijo cada diputado en el debate. Foto: (GPER).

REDACCIÓN ELONCE

La Reforma previsional fue aprobada por la Cámara de Diputados de Entre Ríos tras más de cinco horas de debate. Los principales argumentos del oficialismo, las críticas de la oposición y qué dijo cada legislador antes de convertir el proyecto en ley.

La Reforma previsional dejó uno de los debates legislativos más intensos de los últimos años en Entre Ríos, con discursos que expusieron dos modelos opuestos sobre el futuro de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

Después de más de cinco horas de debate, el proyecto impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio obtuvo 18 votos a favor y 12 en contra, con tres ausencias, y abrió una nueva etapa para la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, en medio de un fuerte conflicto político, sindical y social.

 

El resultado parlamentario reflejó una clara división política. El oficialismo de Juntos por Entre Ríos consiguió el respaldo de dos diputados de La Libertad Avanza y de la legisladora Liliana Salinas, mientras que el bloque justicialista rechazó en forma unificada la iniciativa y fue acompañado por el diputado Carlos Damasco, de La Libertad Entre Ríos.

Afuera del recinto, en tanto, trabajadores estatales, docentes, judiciales y jubilados siguieron el debate desde Plaza Carbó con la promesa de continuar la pelea en los tribunales.

 

Más allá del resultado de la votación, la sesión dejó expuestas dos visiones irreconciliables sobre el presente y el futuro del sistema previsional provincial.

Mientras el Gobierno insistió en que la reforma busca garantizar la supervivencia de la Caja para las próximas generaciones, la oposición sostuvo que se trata de un ajuste que restringe derechos históricos y concentra facultades en el Poder Ejecutivo.

 

Un recinto atravesado por la tensión de la calle

 

Desde las primeras horas de la mañana el clima anticipaba una jornada distinta. La Plaza Carbó comenzó a poblarse de columnas sindicales provenientes de distintos puntos de Entre Ríos. Docentes, trabajadores judiciales, estatales y jubilados confluyeron frente a la Casa de Gobierno para expresar su rechazo al proyecto mientras dentro de la Legislatura comenzaba una sesión que se sabía decisiva.

 

El operativo de seguridad también marcó la dimensión política de la jornada. Un vallado rodeó el contrafrente de la Casa Gris y los accesos a la Cámara de Diputados permanecieron custodiados por efectivos policiales durante toda la sesión. Desde el recinto, los legisladores escuchaban con nitidez los bombos, los cánticos y las consignas que llegaban desde la movilización. La discusión parlamentaria avanzó acompañada por el pulso de la protesta social.

 

Con ese escenario como telón de fondo comenzó un debate en el que oficialismo y oposición buscaron no sólo convencer a sus pares, sino también enviar un mensaje a los miles de entrerrianos que seguían la discusión. Cada intervención dejó en evidencia que la reforma previsional trascendía el plano técnico para convertirse en una de las decisiones políticas más relevantes de la actual gestión provincial.

Diputados aprobó la reforma previsional y Entre Ríos declaró la emergencia del sistema jubilatorio

 

El oficialismo defendió una reforma "impostergable"

 

La encargada de abrir el tratamiento fue la presidenta de la Comisión de Previsión Social, Érica Vilma Vázquez, quien pidió "sabiduría para quienes tenemos la enorme responsabilidad de representar al pueblo entrerriano" y calificó la discusión como una de las más importantes del actual período legislativo.

 

"Es una de las decisiones más trascendentes de este período legislativo, ya que se trata del presente y el futuro de miles de trabajadores activos", sostuvo la diputada, quien además remarcó que la Legislatura había abierto instancias de diálogo con todos los sectores involucrados antes de elaborar el dictamen.

 

Para Vázquez, el déficit de la Caja no puede atribuirse a los trabajadores sino a decisiones acumuladas durante distintos gobiernos. "La situación de la Caja no fue generada por los trabajadores, sino que es fruto de decisiones tomadas por distintos gobiernos de nuestra historia, pero hoy no estamos para buscar culpables, sino para buscar soluciones. No es tiempo de sembrar miedo ni de enfrentar a trabajadores con trabajadores", expresó.

 

"No se puede seguir postergando el problema"

 

Uno de los discursos centrales fue el del presidente de la Comisión de Presupuesto, Bruno Sarubi, quien defendió el proyecto a partir de una reconstrucción histórica del déficit previsional. Recordó que la preocupación por la Caja no comenzó con la actual administración y mencionó antecedentes durante las gestiones de Jorge Busti y Gustavo Bordet, quienes también plantearon la necesidad de discutir el sistema.

 

"Este Gobernador no vino a especular, por eso está tratando de resolver el déficit para que las futuras generaciones se puedan jubilar", afirmó Sarubi, quien destacó además la participación del presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, durante el tratamiento legislativo para responder consultas técnicas de los diputados.

 

En la misma línea se pronunciaron Fabián Rogel, quien sostuvo que era "imprescindible discutir el sistema previsional para que sea sustentable", y Susana Pérez, que calificó como una "irresponsabilidad" dejar crecer el déficit sin adoptar medidas. "El sistema previsional de Entre Ríos arrastra desde hace años un déficit y si no actuamos hoy, serán las próximas generaciones las más perjudicadas. Este proyecto tiene el propósito de garantizar la continuidad de derechos", afirmó la legisladora oficialista.

 

La defensa del 82% móvil

 

Otro de los momentos más relevantes del debate llegó con la intervención de María Elena Romero, quien buscó responder una de las principales críticas formuladas por los gremios y la oposición respecto del impacto de la reforma sobre las jubilaciones.

 

La diputada rechazó que el proyecto implique eliminar el 82% móvil y aseguró que ocurre exactamente lo contrario. "Esta reforma no toca el 82% móvil, sino que lo blinda", sostuvo durante su exposición, al tiempo que aseguró que ningún jubilado provincial cobrará menos como consecuencia de la nueva ley.

 

Romero cerró su intervención con una fuerte defensa política del proyecto y del gobernador Rogelio Frigerio. "No vengo a votar esto de espaldas a la gente, sino mirándolos a la cara. Esta es la única forma de garantizar que los derechos sigan existiendo dentro de 20 años", afirmó, antes de destacar "el coraje" del mandatario provincial para impulsar una reforma que, según sostuvo el oficialismo, había sido postergada durante décadas.

 

La oposición denunció un "ajuste" y anticipó una ola de judicializaciones

 

Si el oficialismo defendió la necesidad de actuar para evitar el agravamiento del déficit previsional, desde la oposición la respuesta fue contundente. Los legisladores del bloque Justicialista coincidieron en cuestionar tanto el contenido del proyecto como la velocidad con la que fue tratado en Diputados y el alcance de las facultades que, según sostuvieron, la ley delega al Poder Ejecutivo.

 

Una de las primeras en fijar posición fue Silvina Deccó, quien centró su intervención en los aspectos constitucionales de la norma. Para la diputada, la declaración de emergencia previsional por dos años, con posibilidad de prórroga por otros dos, representa una cesión excesiva de atribuciones al Ejecutivo y pone en riesgo el equilibrio institucional.

 

"La declaración de emergencia de la Caja por dos años, prorrogable por dos años más, implica una concentración de poder, una fuerte delegación de facultades y atenta contra la división de poderes", sostuvo.

Además, cuestionó el artículo 11 por considerar que incorpora una nueva delegación de atribuciones y concluyó: "La reforma es confiscatoria y limita el derecho a las pensiones. La reforma se debe dar con la gente adentro".

 

Carlos Damasco rompió con el acompañamiento libertario

 

Uno de los discursos que mayor impacto político generó fue el de Carlos Damasco, quien se diferenció del resto de los sectores alineados con el oficialismo y votó en contra de la iniciativa.

El legislador de La Libertad Entre Ríos advirtió que la inclusión de la emergencia previsional busca justificar modificaciones permanentes y pronosticó que la ley abrirá una larga etapa de litigios judiciales.

 

"Esta no es una reforma previsional integral, es esencialmente una reforma de ajuste: se le pide a los trabajadores que resignen sus derechos para paliar parte del déficit", afirmó. Luego profundizó su crítica política: "Una verdadera reforma debe construirse con diálogo y consensos. Frigerio representa un kirchnerismo con buenos modales porque concentra facultades y restringe derechos".

 

El debate por el 82% móvil volvió al centro de la discusión

 

El futuro del 82% móvil fue uno de los puntos que más dividió las exposiciones. Mientras desde el oficialismo insistieron en que la reforma garantiza su continuidad, la oposición sostuvo exactamente lo contrario.

 

Mariel Ávila afirmó que existían alternativas para fortalecer financieramente la Caja sin modificar derechos previsionales y cuestionó especialmente la declaración de emergencia. Según expresó, la norma implica una transferencia de facultades hacia el Ejecutivo que afecta la calidad institucional.

 

"Con esta reforma desaparece el 82% móvil, se genera una falsa confrontación entre trabajadores estatales y privados y se impacta negativamente en las arcas de los municipios", sostuvo la legisladora, en uno de los discursos más críticos de la jornada.

 

La autonomía municipal, otro de los ejes del rechazo

 

La discusión no se limitó al régimen jubilatorio. La diputada Andrea Zoff llevó el debate hacia el impacto que la ley tendrá sobre los municipios entrerrianos. Según explicó, la norma incorpora nuevas obligaciones económicas para las administraciones locales y afecta su autonomía financiera.

 

Para ejemplificar el alcance de la medida, mencionó el caso de Paraná. "El Municipio de Paraná deberá abonar 170 millones de pesos mensuales", afirmó.

 

Además, cuestionó que la ley deje librado a futuras reglamentaciones el mecanismo para determinar esos aportes, lo que, a su entender, elimina previsibilidad y provoca "una enorme transferencia de recursos de los municipios a la provincia". Al cerrar su intervención sintetizó la postura opositora: "Hoy nos piden aprobar un recorte histórico".

 

"Había otros caminos"

 

Otra de las voces críticas fue la de María del Carmen Moreno, quien advirtió que la reforma tendrá consecuencias directas sobre jubilados, docentes y municipios. "La reforma restringe derechos, deteriora los haberes y profundiza la vulnerabilidad de los jubilados", expresó.

 

También lamentó que no se incorporara el proyecto alternativo presentado por el justicialismo en el Senado y señaló que el respaldo más importante a la iniciativa provenía de entidades empresarias que no aportan al sistema previsional provincial.

 

Lorena Arrozogaray, por su parte, vinculó el debate parlamentario con la movilización que se desarrollaba en las afueras de la Legislatura. "El debate fue una puesta en escena", afirmó, al tiempo que cuestionó las facultades extraordinarias otorgadas al Ejecutivo y sostuvo que el proyecto contiene "graves vicios inconstitucionales".

 

Cresto, Seiler, Bahillo y Stratta profundizaron las críticas

 

Enrique Cresto advirtió que la reforma afecta la autonomía municipal y pidió disculpas a los integrantes de la Multisectorial por no haber prosperado el proyecto alternativo que proponía veinte fuentes distintas de financiamiento para reducir el déficit de la Caja. "Que se queden tranquilos los trabajadores y los jubilados, que los gobiernos de ajustes no duran mucho tiempo. Después siempre vienen los gobiernos que reivindican derechos", sostuvo.

 

Yari Seyler fue aún más lejos y afirmó que la provincia pasará a tener "uno de los sistemas previsionales más regresivos del país". Cuestionó la estrategia política del Gobierno, rechazó la confrontación entre trabajadores públicos y privados y dejó una de las frases más fuertes de la sesión: "Una provincia no es una Sociedad Anónima, es una construcción colectiva. El equilibrio fiscal se convierte en desequilibrio social". Finalmente responsabilizó políticamente al gobernador Rogelio Frigerio por el contenido de la ley.

 

Juan José Bahillo también rechazó el planteo oficial de que sólo existía una salida posible. "No acepto la lógica de yo o el caos: se hace así o explota todo. Eso raya la soberbia. Siempre hay alternativas", afirmó. María Laura Stratta coincidió en que "hay otros caminos posibles para sostener el sistema previsional" y aseguró que "no hay una bomba por desactivar", cuestionando además la cantidad de aspectos que la ley deja sujetos a reglamentación.

 

Un debate que seguirá fuera del recinto

 

A las 16.30, luego de más de cinco horas de exposiciones, llegó la definición. La Cámara de Diputados convirtió en ley la Reforma Previsional con 18 votos afirmativos, 12 negativos y tres ausencias, sellando una de las decisiones políticas más trascendentes del actual período legislativo.

Diputados debate la reforma previsional

 

Sin embargo, el resultado de la votación no cerró la discusión. La movilización sindical continuó frente a la Casa de Gobierno y los gremios ya anunciaron que impulsarán acciones judiciales para cuestionar la constitucionalidad de distintos artículos de la norma.

 

Así, la reforma previsional inicia una nueva etapa. El Gobierno sostiene que permitirá garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones y preservar el sistema para las próximas generaciones.

 

La oposición, en cambio, advierte que implicará una pérdida de derechos, afectará a trabajadores, jubilados y municipios y abrirá un extenso capítulo de litigios en los tribunales. El debate político terminó en el recinto, pero la disputa recién comienza.

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