SENASA eliminó más de 40 normas obsoletas para simplificar la regulación fitosanitaria. El objetivo es reducir la burocracia y facilitar la actividad productiva y el comercio.
Regulación fitosanitaria. El Gobierno nacional, a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), mediante la Resolución 591/2026 publicada en el Boletín Oficial, derogó más de cuarenta resoluciones y disposiciones vinculadas con la sanidad vegetal que habían quedado obsoletas o habían sido superadas por regulaciones posteriores.
La resolución deja sin efecto normas dictadas entre 1964 y 2025 relacionadas con certificaciones fitosanitarias, programas específicos para determinados cultivos, alertas sanitarias ya vencidas, formularios, comisiones, procedimientos administrativos y otras disposiciones que perdieron vigencia o fueron reemplazadas por un marco regulatorio más actualizado. El objetivo es consolidar un esquema normativo más claro, accesible y coherente para los productores y operadores del sector agroalimentario.
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, señaló que la iniciativa forma parte de un trabajo integral para depurar el entramado regulatorio del Estado. "Un cuerpo normativo lleno de cosas obsoletas, contradictorias o, incluso, no públicas no constituye un marco adecuado para ninguna actividad. Por el contrario, genera riesgos innecesarios, incluso margen para la arbitrariedad y la corrupción", afirmó. En ese sentido, destacó que la Resolución 591/2026 "da inicio a un proceso de ordenamiento y limpieza normativa de todo el organismo" y anticipó que el Gobierno continuará "eliminando normas y simplificando trámites hasta revisar por completo toda la normativa".
La decisión se enmarca en el Digesto Normativo del SENASA, que busca recopilar, ordenar y mantener actualizada la normativa vigente de acuerdo con los principios de buenas prácticas regulatorias. Además, responde a los lineamientos de la Ley de Bases y del proceso de desregulación impulsado por el Gobierno nacional para eliminar exigencias que ya no cumplen una función efectiva o generan costos administrativos innecesarios.
Con esta medida, el Gobierno continúa avanzando en la revisión integral del marco regulatorio agropecuario, eliminando normas superadas por el paso del tiempo y facilitando el desarrollo de las actividades productivas y del comercio, sin modificar los estándares sanitarios que protegen la producción vegetal y el acceso de los productos argentinos a los mercados nacionales e internacionales.
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