Un fallo de la Justicia Federal de Concordia favoreció por primera vez en Entre Ríos a personas con discapacidad que reclamaban por la suspensión de pensiones no contributivas. El abogado patrocinante sostuvo que hay “miles de casos” afectados en el país.
La Justicia Federal de Concordia dictó un fallo favorable para personas con discapacidad que reclamaban la restitución de pensiones no contributivas suspendidas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La resolución marcó un antecedente en la provincia de Entre Ríos, luego de numerosos rechazos administrativos registrados durante los últimos años.
El abogado Horacio Velázquez Pens, patrocinante de algunos de los amparos presentados, explicó a Elonce que la medida judicial permitió revertir situaciones de extrema vulnerabilidad social.
“En Entre Ríos estamos sentando jurisprudencia con un fallo favorable por primera vez en favor de las personas con discapacidad en los juzgados federales”, afirmó.
Reclamos por demoras y rechazos
Según indicó el letrado, durante 2024 y 2025 muchos expedientes fueron rechazados administrativamente bajo argumentos vinculados a la imposibilidad de verificar datos patrimoniales o antecedentes clínicos.
“El argumento que se utilizaba era que todavía no podían cruzar datos con registros automotores o inmobiliarios y tampoco volver a verificar el historial clínico”, señaló.
Velázquez Pens sostuvo que esas demoras afectaron a miles de personas con patologías severas y situaciones económicas críticas. “Tengo casos extremos de cáncer y de vulnerabilidad total”, aseguró.
Además, explicó que en muchos casos las personas ya habían atravesado instancias médicas oficiales donde se acreditó su discapacidad y la necesidad de acceder a la pensión.
“Hay miles de personas esperando”
El abogado remarcó que la situación se agravó tras cambios administrativos en la estructura de la Agencia Nacional de Discapacidad, que pasó a depender del Ministerio de Salud de la Nación.
“Se desmanteló la agencia y ahora todo resulta mucho más dificultoso”, expresó.
También indicó que existen problemas para acceder a los certificados médicos oficiales necesarios para iniciar los trámites, especialmente en algunas ciudades entrerrianas.
“Hay miles de personas esperando en todo el país y muchas están viviendo de familiares o de changas mínimas”, afirmó.
Procesos judiciales extensos
Velázquez Pens explicó que, ante la falta de respuestas administrativas, debieron recurrir a acciones judiciales como amparos y pedidos de sanciones para acelerar los expedientes. “Los amparos están llevando entre un año y un año y medio”, precisó.
En ese sentido, consideró necesario que el Estado agilice los procedimientos para evitar que las personas deban atravesar largos procesos judiciales para acceder a derechos básicos.
El fallo conocido en Entre Ríos ordenó restituir el beneficio a personas cuya situación médica y social ya había sido acreditada previamente mediante evaluaciones oficiales.
