El Tribunal Oral Federal de Paraná dictó penas para los líderes y colaboradores de dos asociaciones ilícitas que tramitaban pensiones no contributivas con documentación adulterada. Entre los condenados hay punteros políticos, empleados públicos y trabajadores de la salud.
Ocho personas fueron condenadas por integrar dos organizaciones delictivas que gestionaban -de forma fraudulenta- pensiones no contributivas por invalidez. La investigación, llevada adelante por el Juzgado Federal de Concordia entre 2022 y 2024, reveló una estructura organizada que utilizaba certificados médicos falsificados y cobraba hasta $60.000 por cada trámite.
El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a Hugo Doroteo Cabrera, puntero del barrio María Goretti, y Cristina Repetto, referente del barrio El Silencio, como cabecillas de las asociaciones ilícitas en Concordia. Ambos recibieron una pena de cuatro años de prisión efectiva, que cumplirán bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
Los demás condenados, con penas de tres años de prisión condicional, fueron:
-Pedro Altamirano, trabajador del Hospital Felipe Heras.
-Yanina Meyer, empleada provincial.
-Isabel Méndez, del comedor comunitario “Ojitos Tristes”.
-Maximiliano Monzón, Graciela González y Sara Cheruzzo, colaboradores en la captación de “clientes”.
Las maniobras delictivas incluían la presentación de diagnósticos médicos falsos ante ANSES y ANDIS para acceder a pensiones por invalidez. Además, se detectó que Cabrera vendía Carnets Únicos de Discapacidad (CUD) truchos, con los que se accedía a beneficios como el transporte público gratuito.
Según determinó la Justicia, cada integrante de las redes cumplía un rol específico, desde la recolección y carga de datos hasta la atención de personas interesadas y el cobro de los trámites ilegales. La causa judicial se inició tras una denuncia presentada el 1º de diciembre de 2022, y derivó en 22 allanamientos clave para reunir pruebas, publicó Concordia Policiales.
