Los cesanteados de Uniónbat y Laboratorios Pyam todavía esperan el pago correspondiente. Las empresas avanzaron con concursos preventivos y el sindicato denunció una presunta maniobra de “vaciamiento y fraude laboral”.
Más de 120 trabajadores despedidos de Uniónbat y Laboratorios Pyam, empresas instaladas en el Parque Industrial Gualeguaychú (PIG), todavía no cobraron la totalidad de las indemnizaciones correspondientes, luego de varios meses de conflicto.
Las dos firmas avanzaron con concursos preventivos mientras mantienen deudas con su personal cesanteado. En el caso de Pyam, algunos empleados recibieron pagos parciales en cuotas, pero otros no percibieron ningún monto.
“No cobraron nada de nada”, afirmó a R2820 Martín Gómez, integrante de la comisión directiva del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate-Campana, organización que cuenta con representación gremial en Gualeguaychú.
El dirigente calificó la situación como “una grave maniobra de vaciamiento y fraude laboral que dejó a más de 120 familias de Gualeguaychú en la calle, sin trabajo y sin cobrar un peso”.
La situación de los trabajadores de Pyam
En Laboratorios Pyam fueron alrededor de 20 los empleados alcanzados por las desvinculaciones. La empresa despidió a nueve operarios durante abril y a otros 11 en mayo.
Luego de diferentes instancias de negociación, el 25 de julio fracasaron los intentos de conciliación desarrollados en la Secretaría de Trabajo y las últimas cesantías quedaron firmes.
Dos meses después de aquella resolución, los 11 trabajadores correspondientes al segundo grupo no habían cobrado sus indemnizaciones. Los otros despedidos recibían pagos parciales en cuotas.
La empresa abrió la semana pasada un concurso preventivo, procedimiento mediante el cual deberá presentar una propuesta para afrontar las obligaciones acumuladas con sus acreedores.
Entre quienes reclaman el pago se encuentran los trabajadores despedidos. La causa se tramita ante la Justicia laboral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde el sindicato recordaron que la empresa les habría comunicado a los empleados que no abonaría las indemnizaciones y que debían iniciar acciones judiciales para intentar cobrar.
Uniónbat solicitó su concurso preventivo
Uniónbat siguió un camino similar y solicitó el 14 de agosto la apertura de su concurso preventivo. El procedimiento deberá ser analizado por la Justicia y, en caso de ser admitido, se determinará cómo se afrontarán las deudas pendientes, incluidas las indemnizaciones laborales.
Desde el sindicato estimaron que la solicitud podría ser aceptada y señalaron que recién entonces comenzarían a definirse las condiciones y los plazos de pago.
La última audiencia de conciliación obligatoria entre la empresa y los trabajadores despedidos se realizó el 4 de agosto. El encuentro terminó sin acuerdo y quedaron firmes los 100 despidos que habían sido comunicados a fines de junio.
Gómez recordó que, una vez finalizada la conciliación, la compañía tenía un plazo para cumplir con las obligaciones laborales. “El 4 de agosto se terminó la conciliación y la empresa tenía cuatro días para pagar. La empresa no pagó”, manifestó el dirigente.
El cierre de la producción local
Uniónbat comunicó el 26 de junio el despido de 100 empleados que desarrollaban tareas en la fabricación de baterías. La compañía también anunció su decisión de dejar de operar en el Parque Industrial Gualeguaychú y concentrar su producción en una planta de 9.400 metros cuadrados ubicada en San Martín, provincia de Buenos Aires.
Tras conocerse las cesantías, los trabajadores instalaron un acampe frente al establecimiento para reclamar la continuidad de los puestos laborales y el pago de las indemnizaciones. Además, realizaron manifestaciones en el acceso al Parque Industrial y sobre la ruta nacional 14.
Las protestas y las sucesivas instancias de conciliación no modificaron la decisión empresarial. Los despidos quedaron firmes y el conflicto continuó centrado en el cobro de las acreencias laborales.
El sindicato denunció una presunta maniobra
El Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas sostuvo que las presentaciones concursales buscarían postergar o impedir el pago de las indemnizaciones. “Esto no es una crisis. Es una estafa planificada”, afirmó la organización gremial mediante un comunicado.
El sindicato acusó a las empresas de “usar la figura del concurso para vaciar las empresas, quedarse con los bienes y dejar a los trabajadores con la mano vacía”.
Las afirmaciones forman parte de la denuncia pública formulada por la entidad sindical y deberán ser evaluadas por las autoridades judiciales competentes.
La organización reclamó que se investigue a los responsables de las dos compañías por un posible vaciamiento y fraude laboral. También exigió que la Justicia garantice el pago total de las indemnizaciones adeudadas a todos los trabajadores.
Reclamo de intervención estatal
El gremio solicitó la intervención de los gobiernos provincial y municipal para acompañar a las familias afectadas por los despidos. Según señaló, los cesanteados quedaron sin puestos de trabajo y, en numerosos casos, sin los recursos correspondientes a las indemnizaciones previstas por la legislación laboral.
La entidad convocó además a organizaciones sociales, políticas y sindicales y a la comunidad de Gualeguaychú a respaldar el reclamo. “La solidaridad hoy es la única herramienta que tenemos para hacerle frente a estos atropellos”, sostuvo el sindicato.
