La Justicia Federal dispuso una inspección en un predio de 5.300 hectáreas de Islas de las Lechiguanas. Buscan determinar la existencia de terraplenes, su impacto ambiental y posibles daños sobre humedales y cursos de agua.
El Juzgado Federal de Victoria, a cargo de Federico Martín, ordenó una inspección judicial en un campo de 5.300 hectáreas ubicado en Islas de las Lechiguanas, en el Delta entrerriano, en el marco de una causa que investiga la construcción de terraplenes, el bloqueo de cursos de agua y presuntas afectaciones ambientales sobre humedales.
La resolución se adoptó a partir de una presentación realizada por la Asociación Civil Unidos por la Vida y el Medio Ambiente, organización que impulsa desde 2020 una acción preventiva por daño ambiental y reclama medidas de recomposición del ecosistema afectado.
Según la denuncia, en el predio se habría construido un terraplén de aproximadamente 12 kilómetros de extensión que alteró los drenajes naturales del humedal y bloqueó el acceso a cursos de agua de la zona. Además, se denunció el traslado de agroquímicos y la realización de actividades agrícolas en sectores insulares del río Paraná.
Señalan a propietarios y una empresa agropecuaria
La entidad ambientalista atribuyó responsabilidades a los propietarios Fabio Ernesto Di Fonzo y Juan Pedro Nazar, así como a la firma El Mapuche SRL, a quienes acusa de haber ejecutado obras destinadas a secar lagunas y humedales para desarrollar actividades agrícolas y ganaderas.
De acuerdo con la presentación judicial, las construcciones habrían provocado modificaciones sobre espacios públicos y ecosistemas protegidos, generando riesgos para el ambiente y la salud pública. La organización sostuvo que existen pruebas sobre la construcción ilegal de terraplenes y canalizaciones en la zona denunciada.
En función de esos planteos, el magistrado dispuso una constatación en el terreno para evaluar el estado actual del área, determinar la existencia de las estructuras denunciadas y analizar los posibles efectos ambientales que habrían generado.
Convocaron a organismos provinciales
Para la inspección prevista, fueron convocados distintos organismos técnicos y ambientales de la provincia. Entre ellos se encuentran la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, la Dirección de Áreas Naturales Protegidas, la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias y el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa).
El objetivo es que los especialistas informen sobre la fecha estimada de construcción de los terraplenes, su estado de conservación y el eventual impacto generado sobre los humedales. También deberán expedirse respecto de posibles medidas de restauración ambiental y alternativas de solución.
Asimismo, el juez notificó a los propietarios y responsables del establecimiento sobre la realización de la diligencia y advirtió que, en caso de impedir el ingreso de las autoridades, podrá ordenarse un allanamiento con apoyo de la fuerza pública.
Antecedentes de la causa
La controversia se remonta a 2020, cuando organizaciones ambientales denunciaron la existencia de endicamientos en campos ubicados frente a la localidad bonaerense de Ramallo. En ese contexto, la Justicia Federal había dictado medidas cautelares para impedir nuevas intervenciones humanas con capacidad de alterar el ecosistema del Delta del Gualeguay.
Aquella resolución también dispuso el retiro de maquinaria pesada y restringió nuevas actividades en el humedal, en una causa que posteriormente derivó en distintos planteos judiciales vinculados a la producción agropecuaria desarrollada en la zona. (Era Verde)
