Economía dispuso que el organismo intervenga también en trámites sujetos a regímenes especiales, incluidos los del sector energético. La resolución modifica su integración y busca evitar la duplicación de estructuras técnicas dentro del ministerio.
El Ministerio de Economía amplió las atribuciones de la comisión que analiza los procesos de redeterminación de precios de los contratos de obra pública. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 2001/2026, publicada este jueves 19 de noviembre en el Boletín Oficial.
La modificación permite que el organismo intervenga en procedimientos sujetos a regímenes especiales o particulares. Su participación alcanzará tanto a expedientes ya iniciados como a los que se abran en el futuro y requieran una comisión técnica.
La redeterminación es el procedimiento utilizado para revisar los precios contractuales ante variaciones de costos. La intervención deberá ajustarse a la metodología, los pasos y las condiciones del régimen aplicable a cada contrato.
Cómo quedó integrada la comisión
La resolución también cambia la composición del organismo creado en 2024. La presidencia estará a cargo de la Secretaría Legal y Administrativa y serán miembros permanentes los titulares de Obras Públicas, Energía y Transporte.
La incorporación de Energía acompaña la reorganización de la estructura del Ministerio de Economía. La actualización contempla la supresión de la ex Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda.
Además, participarán miembros no permanentes según el expediente que se analice. Podrán pertenecer a subsecretarías, organismos descentralizados o empresas públicas donde tramite la revisión de precios.
Qué cambia para los contratos del sector energético
Los procedimientos del sector energético que requieran una comisión técnica pasarán por la estructura unificada. La ampliación de funciones comprende los trámites de obra pública sujetos a regímenes especiales que cumplan esa condición.
En los fundamentos, Economía sostuvo que la concentración de estas tareas busca aprovechar los recursos disponibles y evitar estructuras técnicas duplicadas. El objetivo declarado es simplificar la gestión administrativa.
La nueva organización reúne la evaluación de esos expedientes en una misma comisión. Cada revisión de precios de obra pública deberá realizarse conforme a las reglas particulares del contrato correspondiente.