La Justicia ordenó aplicar de manera total la cautelar sobre salarios docentes y no docentes y becas estudiantiles. Advirtió que impondrá multas por cada día de demora si el Ejecutivo incumple el plazo.
La Justicia intimó al Gobierno nacional a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario en un plazo de cinco días. La resolución alcanzó los artículos 5 y 6 de la norma, vinculados con la recomposición de salarios docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles.
La decisión fue adoptada por el juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick, quien consideró que el Poder Ejecutivo todavía no dio cumplimiento total a la medida cautelar dictada en la causa.
El magistrado también advirtió que, si el Estado nacional no acata la orden dentro del plazo establecido, podrá aplicar astreintes, es decir, multas por cada día de demora.
Qué ordenó el juez Cormick
“En virtud de lo actuado en la causa, atendiendo a lo peticionado por la parte actora y verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora”, indicó Cormick.
La intimación había sido reclamada durante las últimas semanas por las universidades nacionales, que denunciaron que el Ejecutivo no aplicó integralmente las actualizaciones establecidas en la norma.
La resolución judicial se centró en los artículos que ordenan recomponer los ingresos de docentes y trabajadores no docentes, además de actualizar los programas de becas destinados a estudiantes universitarios.
Una cautelar que quedó firme
Cormick había dictado la medida cautelar en diciembre. Posteriormente, la Cámara de Apelaciones confirmó la resolución en marzo y la controversia llegó hasta la Corte Suprema de Justicia.
El 25 de junio, el máximo tribunal rechazó el planteo presentado por el Gobierno y dejó firme la orden que obliga al Ejecutivo a cumplir las disposiciones salariales y estudiantiles de la Ley de Financiamiento Universitario.
Pese a esos antecedentes, el juez verificó que la cautelar no había sido aplicada de manera total. Por ese motivo, dispuso la nueva intimación y estableció un plazo perentorio para su cumplimiento.
Reclamo por una recomposición salarial
Las universidades nacionales y los gremios docentes y no docentes estimaron que resta aplicar una recomposición salarial del 31,2% para cumplir con lo dispuesto por la legislación.
En la última reunión paritaria, el Gobierno ofreció un aumento del 3%. La propuesta fue rechazada por las organizaciones sindicales, que consideraron que el porcentaje se encontraba lejos de compensar la pérdida del poder adquisitivo.
El conflicto salarial había provocado durante los últimos meses paros, clases públicas y movilizaciones en distintas universidades del país. Los sectores académicos sostuvieron que el deterioro de los ingresos afecta el funcionamiento de las instituciones y dificulta la permanencia de docentes e investigadores.
Nueva marcha federal universitaria
Tras la propuesta salarial del Ejecutivo, universidades, gremios y agrupaciones estudiantiles convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre.
Las organizaciones también anunciaron medidas de fuerza para reclamar la aplicación de la ley y el cumplimiento de las resoluciones judiciales. La actualización de las becas será otro de los puntos centrales de las protestas.
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