REDACCIÓN ELONCE
El Senado dio media sanción al proyecto de acuerdo con fondos buitre por 171 millones de dólares. La iniciativa ahora deberá tratarse en Diputados antes del 30 de junio.
El Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de acuerdo con fondos buitre que habilita un plan de pago por 171 millones de dólares a dos acreedores que mantenían litigios contra la Argentina desde el default de 2001. La iniciativa fue impulsada por el oficialismo y obtuvo 40 votos a favor y 22 en contra, tras un debate atravesado por fuertes cruces políticos.
El entendimiento se enmarca en un acuerdo de conciliación alcanzado en la justicia de Estados Unidos, que contempla una quita cercana al 30% sobre los montos reclamados. Según lo aprobado, el Estado deberá pagar 67 millones de dólares a Bainbridge Ltd. y 104 millones de dólares al fondo Attestor Value Master Fund LP.
La iniciativa ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados, que tendrá plazo hasta el 30 de junio para convertirla en ley, según lo establecido en el acuerdo internacional que dio origen a la negociación.
El alcance del acuerdo y sus efectos jurídicos
El proyecto también establece que, una vez concretado el pago, quedarán sin efecto medidas de embargo que pesaban sobre activos argentinos en Estados Unidos, entre ellos acciones de Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
Durante el debate, el senador oficialista Agustín Monteverde defendió la iniciativa al señalar que “este acuerdo entraña una serie de ventajas para Argentina” y agregó que “Attestor y Bainbridge se obligan a no iniciar nuevas acciones legales y a no interferir en operaciones de financiamiento”.
En esa línea, sostuvo además que el entendimiento implica “la reinsertación internacional de Argentina” y que permite “salir del listado de morosos”, al tiempo que destacó la reducción de litigios pendientes como uno de los principales beneficios del esquema acordado.
Cruces políticos en el recinto
La discusión legislativa estuvo marcada por posiciones enfrentadas entre oficialismo y oposición. Desde el bloque justicialista, Jorge Capitanich cuestionó el acuerdo al afirmar que “estos mecanismos premian las conductas de los fondos buitre o holdouts”.
El exgobernador chaqueño también planteó dudas sobre la metodología del arreglo y sostuvo que “la documentación es incompleta y el cierre parcial no implica una estrategia para terminar de resolver el problema de fondo”.
Además, advirtió sobre posibles tensiones con principios internacionales de reestructuración de deuda soberana impulsados por la ONU, recordando iniciativas promovidas anteriormente por la Argentina en ese ámbito.
Defensa del acuerdo y cierre del debate
En contraste, legisladores del oficialismo y aliados defendieron la iniciativa como un paso hacia la normalización financiera. La senadora Patricia Bullrich sostuvo que con esta aprobación se busca “cerrar una herida que tiene 25 años” vinculada al default de 2001.
Desde otra mirada favorable, la senadora Carmen Álvarez Rivero afirmó que “sin seguridad jurídica no hay inversiones, no hay crédito, no hay empleo de calidad”, en defensa del rumbo económico.
Por su parte, el senador José Mayans rechazó el proyecto y anticipó el voto negativo del bloque opositor, al señalar: “No vamos a ser cómplices del manejo de la deuda y del desastre que están haciendo con la economía argentina”.
El proyecto ahora pasa a Diputados, donde el oficialismo buscará sancionarlo antes del vencimiento del plazo fijado en el acuerdo internacional.
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