El Gobierno nacional desreguló el reglamento que los comerciantes de armas y municiones deben cumplir, por lo que varias condiciones fueron eliminadas para simplificar su ingreso y/o permanencia en el rubro.
A través de una nueva medida publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional eliminó varios requisitos que regían para los comerciantes de armas, municiones y repuestos. La desregulación fue implementada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), bajo la dirección de Juan Pablo Allan, y se enmarca en el plan de simplificación administrativa promovido por el Poder Ejecutivo.
La Resolución 49/2025 oficializa la decisión de eliminar “la obligatoriedad de contar con la habilitación municipal y/o rehabilitación, y la inscripción y/o reinscripción de instalaciones comerciales e industriales proporcionadas por la ANMaC”. Dicha medida impacta directamente sobre los distribuidores mayoristas y minoristas, talleres de reparación, fábricas de armas y emprendimientos de producción artesanal.
El Gobierno argumenta que la normativa vigente implicaba una carga burocrática innecesaria para los usuarios comerciales, en especial aquellos de menor escala. Con esta flexibilización, se busca “reducir la carga administrativa y burocrática tanto para el gobierno como para los ciudadanos”, en línea con la revisión integral de normativas dispuesta por el Ejecutivo.
Alcance de la desregulación: beneficiarios y condiciones
La resolución incluye un amplio espectro de actores vinculados al comercio y la fabricación de materiales controlados. Según el artículo 1°, “las autoridades incluyeron a las fábricas de materiales de usos especiales, fábricas de repuestos principales de armas, fábricas de municiones, fábricas de componentes de munición y fábricas de elementos de recarga de municiones”.
También se incorporan “los talleres de recarga comercial de municiones, de reparación y armado de materiales de usos especiales -para vehículos blindados-, plantas de destrucción de materiales de usos especiales y depósito de armas y/o municiones”. Esta disposición extiende los beneficios de desregulación a nuevas áreas del sector armamentístico.
Del mismo modo, se suman los clubes y entidades de tiro. En este caso, “el director de la ANMaC extendió el beneficio hacia los usuarios entidades de tiro con instalaciones propias, quienes tampoco precisarán de las habilitaciones municipales e inscripciones del organismo mencionadas previamente”.
Requisitos de seguridad y normativas locales siguen vigentes
A pesar de los cambios, la normativa aclara que los comercios deben seguir cumpliendo con otras obligaciones legales. En el artículo 3°, se establece que los tipos de usuarios alcanzados por la medida “deberán cumplir con los demás requisitos y condiciones de seguridad para la guarda y almacenamiento de materiales controlados conforme lo establece la normativa vigente”.
Asimismo, se precisa que “contar con la inscripción y habilitación de ANMaC no significará que los comerciantes dejarán de cumplir con las normativas instaladas a nivel nacional, provincial y municipal. Sobre todo, aquellas normativas que afectarían al inicio y continuidad de las actividades”.
El Ejecutivo justificó esta reforma al señalar que existen más de 2.000 municipios en el país, con normativas propias, lo cual genera una superposición de requisitos que dificultan los trámites administrativos. La medida, por tanto, apunta a una simplificación real para los usuarios comerciales, sin dejar de lado los aspectos básicos de control y seguridad.
Reutilización de armas decomisadas y lucha contra el crimen
Otra novedad incluida en la resolución es la posibilidad de que las armas decomisadas puedan ser reutilizadas por las fuerzas estatales. Las autoridades explicaron que esta flexibilización está relacionada con el desarrollo del plan de desregulación y simplificación del Estado.
En ese marco, “se trató de la habilitación que le otorgaron a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para poder reutilizar las armas que hubieran sido decomisadas en operativos contra las armas delictivas”. Estas armas deberán pasar por los procesos regulares de entrega y registro ante la ANMaC, y permanecerán almacenadas hasta su destino final.
Además, se introdujeron cambios al procedimiento de destrucción de armas. Tras una sentencia judicial firme, “la ANMaC determinará los métodos para su eliminación o su aprovechamiento con fines de interés público”. En todos los casos, “los materiales solo podrán ser utilizados por las Fuerzas Policiales o de Seguridad Federales”.
De acuerdo con los fundamentos del decreto presidencial, esta decisión busca “fortalecer la lucha contra el crimen organizado y optimizar el uso de recursos estatales”, integrando eficiencia y control en la política de seguridad pública.
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