La iniciativa impulsada por el oficialismo recibió cuestionamientos del peronismo y de legisladores libertarios, que remarcaron que la medida debía ser temporal y no transformarse en una regla permanente.
La Legislatura entrerriana avanzó este miércoles en la prórroga de la emergencia en obras públicas, una herramienta jurídica destinada a acelerar certificaciones, pagos y trámites administrativos vinculados a obras viales y de infraestructura.
La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para dar ingreso formal al proyecto, que luego fue tratado en la comisión de Obras Públicas y Planeamiento, donde se resolvió emitir dictamen favorable.
El texto, de autoría del Poder Ejecutivo, restablece la vigencia de la Ley Nº 11.138, prorrogada por la Ley Nº 11.177, desde el 1° de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre del mismo año. La modificación incorporada fue de carácter formal, sin cambios de fondo en su alcance. Con esos pasos, se cumplió el circuito legislativo previo a la sanción definitiva.
La posición del oficialismo
Desde el oficialismo se defendió la continuidad del régimen. La diputada Noelia Taborda explicó a Elonce que la herramienta otorga “tiempo administrativo para cerrar certificaciones y saldar compromisos con empresas”. Y agregó que el Ejecutivo “necesita contar con un marco normativo mientras concluyen negociaciones con Nación y con firmas contratistas”.
La legisladora señaló que no se trata de un esquema discrecional sobre obras, sino de una hoja de ruta definida por el Ministerio de Planeamiento. “Las prioridades se establecen según el estado y la localización de cada proyecto”, indicó.
Los cuestionamientos opositores
Desde Unión por la Patria no acompañaron la votación. El diputado Juan José Bahillo sostuvo ante Elonce que la medida “ya no aparece como extraordinaria”, al remarcar que la provincia transitó “tres años bajo emergencia”, situación que, a su criterio, evidencia “problemas de gestión y coordinación administrativa”.
El legislador advirtió que el régimen excepcional “no debería sustituir los mecanismos ordinarios” y planteó que el financiamiento interrumpido desde Nación redujo el volumen de obra pública, por lo que “no habría motivos para sostener un esquema de excepción en términos administrativos”.
