El hecho ocurrió durante la madrugada en un domicilio de la ciudad. La mujer denunció que fue atacada en la vía pública luego de una discusión. El agresor tenía prohibición de acercamiento y fue localizado por la Policía a pocas cuadras del lugar.
Un nuevo episodio de violencia de género se registró durante la madrugada en la ciudad de La Paz, donde un hombre fue detenido tras ser denunciado por su expareja por agresiones físicas y por incumplir medidas judiciales vigentes. La intervención estuvo a cargo de personal de la Comisaría de la Mujer, el Niño y la Violencia Familiar, que actuó a partir del llamado de la víctima.
Según se informó desde la Jefatura Departamental, el hecho ocurrió en un domicilio de la ciudad cuando el acusado se presentó en la vivienda de la mujer. En ese contexto se produjo una discusión que derivó en una agresión física en la vía pública, situación ante la cual la damnificada logró retirarse del lugar y dar aviso inmediato a la Policía.
Medidas judiciales vigentes
De acuerdo a los primeros datos de la causa, el hombre ya contaba con restricciones impuestas por la Justicia, entre ellas una prohibición de acercamiento y de realizar actos molestos hacia la denunciante. Por ese motivo, además de las lesiones leves, se le atribuye el delito de desobediencia judicial.
Con la denuncia radicada, la Unidad Fiscal en turno ordenó su localización y aprehensión. Minutos después, efectivos policiales lograron interceptarlo en inmediaciones de su domicilio y procedieron a su traslado a la Jefatura Departamental La Paz, donde quedó a disposición de la Justicia.
Intervención especializada
En el procedimiento participaron distintas áreas, entre ellas la Comisaría de la Mujer, el Niño y la Violencia Familiar y el Comando Radioeléctrico, mientras que la Fiscalía y la Defensa continuarán con las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades.
El caso se enmarca en las intervenciones que se realizan ante denuncias por violencia de género, con protocolos específicos orientados a resguardar la integridad de las víctimas y garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales dictadas por los tribunales.