REDACCIÓN ELONCE
Familiares y amigos de jóvenes asesinados o heridos en hechos cometidos por jóvenes se concentraron este jueves y marcharon hacia Tribunales. Presentaron escritos ante autoridades y respaldaron la ley Jeremías, mientras se acercan audiencias y vencimientos de prisiones preventivas.
Un nuevo pedido de justicia se hizo visible este jueves 29 de enero en el centro de Paraná, donde familiares y amigos de víctimas de delitos cometidos por menores de edad se concentraron en Plaza 1° de Mayo y luego marcharon hacia el edificio de Tribunales para reclamar avances en distintas causas judiciales y acompañar el debate legislativo por la baja de la edad de imputabilidad.
La convocatoria reunió a allegados de los casos de Facundo Bracamonte, Katherine Alva, Eduardo Silva y Tomás Flores, entre otros. Con carteles, pancartas y escritos formales, exigieron que los procesos no terminen con liberaciones anticipadas y que se garantice seguridad para las familias, en un contexto marcado por audiencias próximas y vencimientos de prisiones preventivas.
Reclamo conjunto ante la Justicia
Dalila Vicari ofició como vocera del grupo y explicó que decidieron organizarse para visibilizar lo que definió como una problemática común. Señaló que se trata de “una unión que nunca debió existir”, integrada por familias que perdieron hijos, hermanos o padres en hechos violentos protagonizados por adolescentes.
Sobre los plazos judiciales que se avecinan, advirtió que “se vence el reloj de la Justicia” y remarcó la incertidumbre que atraviesan: “Estamos a días de que decidan si los asesinos vuelven a la calle o pagan por lo que hicieron”. Según indicó, presentaron seis escritos dirigidos a funcionarios provinciales y magistrados porque consideran que “no es solo un caso policial, es una emergencia social”.
Impulso a la ley Jeremías
El pedido de justicia también incluyó el respaldo a la llamada ley Jeremías, iniciativa que propone juzgar el delito por su gravedad y reducir la edad de imputabilidad. Vicari fue directa al fijar la postura del grupo: “Exigimos respuestas y que se apruebe la ley Jeremías y la baja de imputabilidad”.
Durante la jornada, se promovió además una campaña de adhesiones ciudadanas. María Hernández detalló que ya reunieron unas 20.000 firmas y buscan ampliar el respaldo en todo el país. Afirmó que la modificación legal “es muy necesaria” ante la cantidad de hechos delictivos cometidos por menores.
El impacto en las familias
Entre los presentes estuvo la madre de Facundo Bracamonte, quien acompañó la movilización junto a otros allegados. Explicó que el objetivo es que las causas tengan condenas efectivas y que los responsables no recuperen la libertad de manera anticipada. “Queremos que cumplan la condena que corresponde, como adultos, no como menores, y que no los dejen libres”, sostuvo.
También confirmó que apoyan el debate legislativo que se tratará en el Congreso: “Estamos a favor de que la edad baje a 14 años”.
Tras la concentración en la plaza céntrica, los manifestantes caminaron hacia Tribunales, donde entregaron la documentación y reiteraron el pedido de justicia ante autoridades judiciales. Anticiparon que continuarán con acciones públicas mientras se desarrollan las audiencias previstas para febrero.
