El organismo considera que subsidiar precios para toda la población resulta más costoso que brindar asistencia focalizada. La recomendación se conoce mientras la canasta de servicios públicos del AMBA acumula un aumento del 867% desde diciembre de 2023.
Las subas de alimentos y energía llevan a los gobiernos a buscar medidas para aliviar el gasto de los hogares. En ese contexto, el FMI cuestionó los subsidios generalizados y recomendó priorizar transferencias temporales destinadas a las personas de menores ingresos.
El organismo considera que reducir precios para toda la población demanda más recursos públicos y distribuye parte de la ayuda entre sectores que no la necesitan. Su propuesta apunta a concentrar la asistencia en los hogares más afectados por el aumento del costo de vida.
Según el documento difundido este martes y reseñado por Ámbito, los subsidios generalizados y los controles de precios son mecanismos ineficientes y costosos. El análisis aborda las crisis del costo de vida agravadas por los conflictos en Ucrania y Medio Oriente y su impacto sobre alimentos y energía.
Por qué cuestiona los subsidios generalizados
Los cálculos presentados por el FMI indican que proteger a los sectores vulnerables mediante subsidios al consumidor cuesta entre tres y seis veces más que hacerlo con asistencia directa. Cuando la ayuda se canaliza a través de subsidios a productores, el costo resulta entre 14 y 22 veces mayor.
El informe también señala que los subsidios a la energía y los combustibles benefician de manera desproporcionada a los hogares de mayores ingresos. En los países evaluados, menos de 20 centavos de cada euro destinado a subsidios energéticos llegaron al 20% más pobre de la población.
Frente a esa distribución, el organismo recomienda utilizar los sistemas de protección social existentes para realizar transferencias focalizadas y temporales. Esa orientación coincide con su posición de priorizar a los sectores vulnerables y evitar medidas amplias que comprometan los recursos fiscales.
La asistencia y las cuentas públicas
El FMI advierte que los aumentos persistentes de alimentos y energía afectan especialmente a las familias de menores ingresos, porque deterioran su capacidad de compra. La recomendación busca atender ese impacto sin extender el mismo beneficio a toda la población.
El documento también cuestiona las respuestas basadas en una indexación generalizada de salarios mínimos, remuneraciones públicas y pensiones cuando no existe margen fiscal. Según el análisis, esas medidas pueden aumentar la presión sobre las cuentas públicas y contribuir a la persistencia de la inflación.
Se trata de recomendaciones generales sobre cómo responder a las crisis del costo de vida. El planteo no constituye, por sí solo, un anuncio de cambios en las tarifas argentinas ni una nueva medida para los usuarios.
Cuánto aumentaron los servicios en el AMBA
En la Argentina, el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP —UBA-Conicet— estimó que un hogar promedio del AMBA sin subsidios necesitó $268.405 en septiembre para cubrir energía, transporte y agua potable. El monto corresponde a esa región y no representa una canasta uniforme para todo el país.
Desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2026, esa canasta aumentó un 867%, frente a una suba estimada del 254% en el nivel general de precios. Los mayores incrementos se registraron en gas natural, con más del 1.600%, y transporte, con casi el 1.500%.
Pese a esos aumentos, el Observatorio calculó que las tarifas pagadas por los hogares del AMBA cubren, en promedio, el 54% de los costos de los servicios, mientras que el Estado afronta el 46% restante. Estos datos describen el escenario local en el que se conoce la recomendación del FMI de reemplazar ayudas generalizadas por asistencia dirigida a los sectores vulnerables.
