La empleada atendía al público y limpiaba el comercio, pero su empleadora negó el vínculo laboral cuando recibió el reclamo. La Justicia comprobó que cobraba menos de la mitad del salario correspondiente y consideró justificado el despido indirecto.
Una mujer que trabajó durante casi siete años en una panadería de General Rodríguez obtuvo un fallo que condenó a su empleadora a pagarle $57.142.582. El Tribunal del Trabajo de Moreno consideró acreditado que la relación laboral nunca estuvo registrada.
La trabajadora había ingresado en noviembre de 2012 y prestó servicios hasta 2019. Cumplía una jornada de 40 horas semanales, con tareas de atención al público y limpieza del establecimiento.
La diferencia salarial quedó reflejada en los valores de junio de 2019. Cobraba $12.000 mensuales, mientras que la remuneración correspondiente a su categoría y jornada ascendía a $30.605,44, incluidos el básico y los adicionales.
Las pruebas que acreditaron el trabajo en la panadería
Ante el reclamo, la empleadora negó que hubiera existido una relación de dependencia. Sin embargo, las declaraciones testimoniales y otras constancias del expediente permitieron reconstruir las condiciones en las que la mujer trabajaba.
Las testigos identificaron a la demandada como la persona que estaba al frente de la panadería. Coincidieron en que contrataba al personal, daba instrucciones y pagaba los salarios.
El tribunal también valoró que la empleadora no se presentara a una instancia de declaración pese a haber sido notificada. A esto se sumó la ausencia de registros laborales con los datos de la trabajadora.
Por qué se consideró justificado el despido indirecto
Los magistrados concluyeron que negar el vínculo frente al reclamo formal de la empleada constituía un incumplimiento grave. Por ese motivo, consideraron justificada su decisión de dar por terminada la relación laboral por responsabilidad de la empleadora.
La resolución reconoció las indemnizaciones derivadas de esa ruptura. Para establecerlas, el tribunal tomó en cuenta la antigüedad, las tareas, la jornada y la remuneración que correspondía percibir.
El reclamo separado por diferencias salariales fue rechazado. Los jueces señalaron que la demandante no había presentado un cálculo pormenorizado de ese concepto.
Cómo se llegó a la condena de $57 millones
El capital histórico reconocido fue de $1.242.655,13. Su actualización mediante la tasa pasiva arrojó $34.589.349, una suma que quedó por debajo del mínimo resultante del criterio legal aplicado al expediente.
Por esa razón, el tribunal fijó la condena en $57.142.582, con valores actualizados al 5 de noviembre de 2026. La sentencia aplicó el artículo 55 de la Ley 27.802 y rechazó el planteo de inconstitucionalidad formulado contra esa disposición.
El fallo fue firmado por Beatriz Alicia Maffia, Claudia Nora Maestri y Javier Eduardo Ribó, integrantes del Tribunal del Trabajo de Moreno. La suma corresponde a los conceptos reconocidos y actualizados en el caso de esta trabajadora de la panadería.