La iniciativa propone reemplazar progresivamente los expedientes en papel, ampliar el uso de la firma digital y evitar que los ciudadanos presenten datos que la Provincia ya tiene. El texto incorporó garantías para los trabajadores estatales y mantendrá la atención presencial.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción por mayoría al proyecto de Ley de Transformación e Innovación Digital impulsado por el Poder Ejecutivo provincial. La iniciativa busca ampliar los trámites digitales, reducir progresivamente el uso del papel y facilitar el intercambio de información entre organismos públicos. Ahora deberá ser tratada por el Senado.
Uno de los puntos centrales es el principio de “una sola vez”: si una persona ya entregó documentación a un organismo provincial, la propuesta apunta a que otra dependencia pueda acceder a esos datos de forma segura, sin volver a solicitárselos. El proyecto también contempla documentos y notificaciones digitales, además del reconocimiento de la firma digital y electrónica.
El Gobierno vinculó la iniciativa con herramientas que ya se utilizan, como el sistema de Gestión Documental Electrónica y la plataforma Mi Entre Ríos. Según los datos difundidos por el Ejecutivo, esta última superó los 100.000 usuarios y permite acceder a más de 50 trámites y servicios.
Atención presencial y derechos laborales
La implementación prevista sería progresiva y conservaría los canales de atención presencial, especialmente para adultos mayores, personas con discapacidad, habitantes de zonas rurales y quienes no tienen conectividad.
Durante el debate legislativo, UPCN había planteado reparos sobre el impacto de la transformación digital en las condiciones de trabajo y reclamado garantías para el personal estatal. Según informó el Ejecutivo, el texto que obtuvo media sanción incorporó un artículo sobre la protección de esos derechos y el compromiso de brindar capacitación.
Datos públicos e inteligencia artificial
El proyecto también establece pautas para la custodia y protección de los datos públicos. Para el uso de inteligencia artificial en la administración provincial, prevé criterios de transparencia, auditoría, supervisión humana y prevención de sesgos.
Además, actualiza las reglas para contratar servicios tecnológicos, como almacenamiento en la nube, licencias y suscripciones. Ninguno de estos cambios es ley todavía: el proyecto deberá obtener la aprobación del Senado para completar su trámite legislativo.
