REDACCIÓN ELONCE
Tras el fallo que dejó sin efecto las mayores distancias de resguardo para las fumigaciones en Tierra Alta, Gimena Rosso confirmó a Elonce que los vecinos preparan un planteo ante la Corte Suprema. “No podemos resignar nuestros derechos humanos”, afirmó.
Las fumigaciones en Tierra Alta volverán a ser motivo de una presentación judicial. Vecinos de la zona de Colonia Ensayo preparan un planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) rechazara los amparos ambientales y dejara sin efecto las distancias de protección que habían sido establecidas en primera instancia.
Gimena Rosso, una de las vecinas que impulsó el reclamo, manifestó su sorpresa por la resolución y confirmó a Elonce que avanzarán hacia el máximo tribunal nacional. “Si bien entendíamos que era posible que no se declarara la inconstitucionalidad de la ley, no creímos que iban a tocar las medidas de restricción porque ya estaban respaldadas a través de muchas sentencias”, expresó.
El STJ resolvió rechazar las acciones de amparo acumuladas correspondientes a Tierra Alta y a una familia de Aldea Brasilera. La sentencia de primera instancia había establecido una distancia mínima de 1.095 metros para las aplicaciones terrestres y 3.000 metros para las aéreas. El máximo tribunal provincial consideró que esas restricciones no podían imponerse por encima de las contempladas en la Ley Nº 11.178 sin declarar previamente la inconstitucionalidad de la normativa.
“Nos quedan cinco días y nos estamos organizando”
Rosso señaló que el conflicto judicial comenzó años atrás y recordó las distintas instancias atravesadas por los habitantes de la zona. “Nosotros venimos con esto desde 2022 y desde la primera vez que lo presentamos nos otorgaron las medidas de protección con la ley anterior, que permitía fumigar a 50 metros”, indicó.
Respecto de la nueva legislación provincial, sostuvo: “Si bien ahora hay una ley nueva, la 11.178, sigue siendo igualmente inconstitucional porque, aunque hay un distanciamiento mayor, son 100 metros para las pulverizadoras terrestres. Sigue siendo insuficiente porque lo que la ciencia dice es que, para morigerar el daño que genera estar expuestos a las aplicaciones con agrotóxicos, la distancia de exclusión total tiene que ser 1.095 metros, no 50, ni 100 ni 500, como propone la ley que está en vigencia en este momento”.
Consultada sobre los próximos pasos, confirmó que preparan un recurso ante la Corte. “Desde que salió la sentencia tenemos 10 días para presentar el reclamo en la Corte Suprema de la Nación, de los cuales nos quedan cinco, y nos estamos organizando para avanzar”, afirmó.
El caso de una niña de Aldea Brasilera
Uno de los amparos rechazados correspondía a una familia de Aldea Brasilera. Según informó oficialmente el Poder Judicial, el STJ entendió que en el proceso sumarísimo de amparo no se acreditaron con suficiencia una probabilidad seria de riesgo individual ni el nexo causal entre la situación de la niña y las aplicaciones realizadas en predios linderos. También aclaró que el rechazo no implicaba desatender la protección ambiental ni la tutela preferente de la menor.
Rosso cuestionó esa conclusión y relató: “Nos organizamos para costear un estudio genético que se hizo en Córdoba y luego se solicitaron las medidas de protección. El Estado mismo pudo corroborar el daño: pidió una serie de estudios dentro de la provincia para descartar que estuviera relacionado con los agrotóxicos y no lo pudo descartar, sino que terminó confirmando que era cierto”.
En ese sentido, la vecina insistió en que continuarán con las acciones judiciales. “No podemos resignar nuestros derechos humanos porque el derecho a la salud y a un ambiente sano es un derecho humano, un derecho fundamental. Así que avanzaremos como lo venimos haciendo hasta ahora”, sostuvo.
Reclamos por controles y cumplimiento de las medidas
Durante la entrevista, Rosso también cuestionó el accionar de organismos públicos ante denuncias relacionadas con aplicaciones realizadas cerca de viviendas. “Son cuatro años de estar todo el tiempo solicitando medidas, lidiando con los productores y con la Policía”, expresó.
Además, sostuvo que hubo dificultades para acceder a información sobre las aplicaciones. “A nosotros no nos quieren brindar información respecto de las recetas, aunque la ley actual dice que nos tienen que avisar con 48 horas de anticipación para que podamos tomar las medidas necesarias”, señaló.
Según explicó, la preocupación excede a las 19 familias comprendidas directamente por el amparo de Tierra Alta, debido a la proximidad de otros sectores poblados. “Nosotros decimos que son más de 200 familias porque contabilizamos el barrio Tierra Alta, pero son muchísimas más”, afirmó.
“Otra vez estamos en esta situación”
Rosso sostuvo que la decisión judicial dejó nuevamente a los habitantes ante un escenario de incertidumbre respecto de las pulverizaciones. “Otra vez estamos en esta situación de extrema violencia, vulnerabilidad, desventaja y desigualdad”, manifestó.
El STJ fundamentó su decisión en que la Ley Nº 11.178 estableció un régimen propio de zonas de exclusión y amortiguamiento. También cuestionó que los loteos Tierra Alta I, II y III hubieran sido considerados judicialmente como planta urbana o zona sensible sin respaldo registral ni intervención de la autoridad comunal correspondiente.
La entrevistada también cuestionó la respuesta institucional frente a los reclamos y sostuvo que la comuna no había cumplido disposiciones anteriores. “Desde el primer fallo del amparo a la comuna se le ordenó que debía realizar el ordenamiento territorial y el monitoreo de agua de red. Sabemos que el agua con la que nos abastecen está contaminada y nunca cumplió con estas cuestiones”, aseguró.
Mientras vuelve a regir el esquema previsto por la normativa provincial, los vecinos preparan la siguiente instancia judicial. “Pensamos seguir adelante, afrontar los costos para pedir la inconstitucionalidad de la ley y solicitar nuevamente las medidas porque, si no, no podemos vivir ahí”, concluyó Rosso.
