Quince agentes penitenciarios fueron detenidos por los ataques denunciados por cuatro internas de la Unidad Penal Nº 51. La causa investiga golpes, humillaciones, torturas y abusos sexuales cometidos durante un operativo.
Quince integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense —ocho mujeres y siete varones— fueron detenidos acusados de torturar y abusar sexualmente de cuatro internas de la Unidad Penal Nº 51 de Magdalena. Los hechos investigados ocurrieron entre la tarde del 3 de junio de 2026 y la madrugada del día siguiente.
Las detenciones habían sido solicitadas por el fiscal Álvaro Garganta y fueron ordenadas por el juez de Garantías Juan Pablo Masi. Entre los acusados se encuentran autoridades de la cárcel, personal de Sanidad e integrantes de grupos especiales del Servicio Penitenciario.
Según la acusación, las víctimas fueron golpeadas, rociadas con gas pimienta y sometidas a humillaciones mientras estaban bajo custodia. En relación con dos de las mujeres también se investigan abusos sexuales.
Las acusaciones contra la jefa penitenciaria
Entre las principales acusadas se encuentra Daiana Belén Balmaceda, quien se desempeñaba como jefa de Vigilancia y Tratamiento. La Fiscalía la señaló como presunta autora de torturas contra las cuatro víctimas.
Además, fue imputada como coautora de un abuso sexual con acceso carnal contra una interna y como partícipe necesaria de otro ataque sexual denunciado por otra mujer. Las responsabilidades atribuidas son provisorias y deberán determinarse durante el proceso judicial.
El expediente reunió declaraciones de las víctimas y testimonios de integrantes del propio Servicio Penitenciario. Una testigo relató que observó a una interna boca abajo en el piso de un aula, con las manos esposadas o mientras le colocaban las esposas.
Según esa declaración, Balmaceda se encontraba junto a la mujer y, después de salir del lugar, fue escuchada cuando gritó: “Las quiero a todas ataditas”.
“El penal lo manejamos nosotras”
Otro testimonio ubicó a Balmaceda dando instrucciones y arengando al personal durante el operativo. La frase incorporada al expediente fue: “Vamos, vamos, que sepan que el penal lo manejamos nosotras”.
Una de las víctimas declaró que la jefa penitenciaria ingresó a su celda y ordenó que fuera trasladada. Una vez reducida, siempre según su testimonio, la obligó a arrodillarse, informó TN.
“Besame la bota porque esta es mi cárcel, acá se hace lo que yo digo”, declaró la interna que le expresó Balmaceda. La mujer también denunció que fue sometida a diferentes humillaciones mientras permanecía bajo custodia.
La investigación indicó que la secuencia comenzó después de un conflicto entre internas. La intervención del personal penitenciario habría derivado en una serie de agresiones coordinadas contra las cuatro mujeres.
La denuncia contra una enfermera
Una de las internas aseguró que, después de ser golpeada y asfixiada con gas, consiguió pedir asistencia en el sector médico del penal. Sin embargo, denunció que la enfermera de guardia se negó a atenderla y tampoco registró las lesiones.
Antes de devolverla al aislamiento, la trabajadora le habría advertido: “Para que aprendas que estás en Magdalena”, según la declaración incorporada a la causa.
Otra de las víctimas denunció que recibió golpes de puño y patadas mientras estaba esposada. También sostuvo que varias agentes la insultaron, la obligaron a arrodillarse y la golpearon en diferentes partes del cuerpo.
Una tercera interna declaró que fue llevada hasta un aula, donde quedó reducida junto a personal penitenciario. La acusación sostuvo que en ese lugar habría sido víctima de un abuso sexual y ubicó a Balmaceda entre las agentes presuntamente involucradas.
Dos denuncias por abusos sexuales
Otra mujer relató que fue trasladada hasta un sector diferente de la cárcel, donde varios agentes varones le habrían quitado la ropa y sometido a abusos mientras estaba bajo custodia.
Los 15 detenidos no afrontan las mismas acusaciones. El fiscal individualizó la intervención atribuida a cada uno y los imputó como presuntos autores o partícipes necesarios, según el rol que habrían cumplido.
La causa incluye imputaciones por tortura y, respecto de dos víctimas, por abuso sexual con acceso carnal, gravemente ultrajante y agravado por haber sido cometido por integrantes de una fuerza de seguridad durante el ejercicio de sus funciones.
Además de las declaraciones, la Fiscalía incorporó planillas de asistencia y registros internos de la Unidad Penal Nº 51. La documentación permitió establecer qué agentes se encontraban presentes y qué tareas desempeñaban cuando ocurrieron los hechos denunciados.
