La Justicia ordenó las detenciones de dos ex funcionarias de la ANMAT y requirió documentación al Ministerio de Salud en el marco de la causa por el fentanilo contaminado producido por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Se investigan 114 fallecimientos y más de 40 personas lesionadas.
El fentanilo contaminado volvió a ubicarse en el centro de la escena judicial tras un nuevo avance en la investigación por las 114 muertes atribuidas al medicamento elaborado por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Este martes, el juez federal Ernesto Kreplak ordenó las detenciones de dos ex funcionarias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y requirió documentación al Ministerio de Salud de la Nación para profundizar la pesquisa.
Las detenidas son Nélida Agustina Bisio, quien se desempeñó como titular de la ANMAT hasta enero de este año, y Gabriela Mantecón Fumadó, ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), organismo encargado del control específico de medicamentos. Ambas quedaron bajo investigación por su presunta responsabilidad en el control de la producción y circulación del fentanilo cuestionado.
Las medidas se desarrollan bajo secreto de sumario. En el caso de Bisio, el procedimiento se concretó en su domicilio de Quilmes, mientras que, en paralelo, la Justicia solicitó al Ministerio de Salud los registros de ingresos y egresos de personas al edificio de esa cartera correspondientes a los años 2024 y 2025.
La hipótesis judicial sobre el control del fentanilo
Según el sitio Fiscales.gob.ar, las ex funcionarias "tuvieron responsabilidades en que se produjera, comercializara y suministrara el fentanilo contaminado, que culminó con casi un centenar de fallecidos y más de cuarenta lesionados".
Además, sostiene que "conocían el escenario de riesgo elevado generado por las condiciones en las que ambos laboratorios fabricaron el medicamento y que se podían provocar muertes y lesiones".
La investigación encuadró las conductas en los artículos 200 y 201 bis del Código Penal. Estas figuras contemplan penas que pueden alcanzar hasta 25 años de prisión cuando la adulteración o falsificación de sustancias medicinales provoca lesiones graves o la muerte.
En el Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, confirmaron la entrega de la documentación de ingresos y egresos solicitada por la Justicia.
Una causa que apunta también a los organismos de control
El caso comenzó a tomar notoriedad en mayo de 2025, cuando se conocieron las primeras muertes de pacientes internados en el Hospital Italiano de La Plata. Las investigaciones determinaron que las ampollas de fentanilo contenían bacterias multirresistentes capaces de provocar infecciones letales en personas sedadas.
Los análisis realizados por el Instituto ANLIS-Malbrán y las pericias del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema establecieron la relación entre esas bacterias y los fallecimientos registrados. Paralelamente, la investigación judicial acumuló testimonios y pruebas que describieron graves irregularidades en los procesos de fabricación de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
Desde el inicio de la causa también la Justicia puso bajo la lupa el rol de la ANMAT. Busca determinar si existieron omisiones en los controles, si las inspecciones detectaron irregularidades que no derivaron en medidas suficientes y si esas fallas permitieron que el fentanilo contaminado continuara circulando antes de ser retirado del mercado.
Con las detenciones de Bisio y Mantecón Fumado, la investigación da un giro significativo. Hasta ahora el expediente se había concentrado principalmente en los responsables de los laboratorios productores —entre ellos Ariel García Furfaro y otros imputados—, pero ahora el foco también alcanza a los organismos estatales que debían controlar la fabricación, comercialización y retiro de los lotes cuestionados, en una causa considerada una de las mayores tragedias sanitarias de la historia reciente del país.
