La medida de fuerza de prácticos, pilotos y baqueanos mantenía sin actividad a decenas de embarcaciones y afectaba especialmente al río Paraná. El conflicto comenzó tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, que desreguló el servicio de practicaje.
Los puertos argentinos permanecen paralizados por una medida de fuerza de prácticos, pilotos y baqueanos, iniciada el sábado 1° de agosto en rechazo al Decreto 690/2026 del Gobierno nacional, que avanzó en la desregulación del servicio de practicaje. El conflicto alcanzaba especialmente a la Hidrovía Paraná-Paraguay y mantenía sin actividad a decenas de embarcaciones.
El practicaje es el servicio mediante el cual profesionales especializados asesoran a los capitanes para navegar y maniobrar buques de manera segura en puertos, ríos y canales.
La protesta se extendió desde las terminales portuarias del extremo sur del país hasta el Río de la Plata y el río Paraná. El mayor impacto se registra en el corredor fluvial por el que circula gran parte del comercio exterior argentino, con complicaciones en terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes. Por lo menos 140 buques quedaron sin poder operar.
El lock-out comenzó luego de la entrada en vigencia de la normativa promovida por el Gobierno nacional y el área de Desregulación encabezada por Federico Sturzenegger. La reforma apuntó a modificar las condiciones bajo las cuales se prestaba hasta ahora el servicio de practicaje en aguas argentinas.
Qué establece el decreto que originó el conflicto
Entre sus principales modificaciones, el Decreto 690/2026 buscó eliminar lo que el Ejecutivo consideró “barreras de entrada” al sector, fomentar una mayor competencia y reducir los costos operativos vinculados con la navegación comercial.
La normativa también permitió avanzar hacia la contratación directa de los servicios y contempló que determinados capitanes pudieran navegar sin la obligación de contar con contratos de prácticos, bajo las condiciones previstas por la regulación.
Los profesionales del sector rechazaron esas modificaciones y advirtieron que podrían afectar la seguridad de la navegación. La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificó la reforma como “abusiva e inconstitucional” y anticipó que llevaría el conflicto a los tribunales.
Anunciaron una presentación ante la Justicia Federal
La entidad adelantó que promovería una Acción de Amparo ante la Justicia Federal y que realizaría una denuncia penal contra los funcionarios que participaron de la normativa.
Desde la organización sostuvieron que la desregulación podría comprometer la seguridad náutica de los ríos y cuestionaron especialmente los cambios relacionados con la obligatoriedad de contar con profesionales especializados para determinadas operaciones.
Mientras continuaba la disputa, el impacto comenzó a sentirse en la actividad portuaria. La falta de prestación del servicio dejó a embarcaciones sin posibilidad de completar algunas de las maniobras necesarias para ingresar, salir o desplazarse por sectores de navegación que requieren la intervención de estos profesionales.
Prefectura intimó a retomar el servicio
Frente a las complicaciones logísticas, la Prefectura Naval Argentina envió cédulas de “intimación perentoria” a los profesionales involucrados en la protesta para exigirles que retomaran la prestación.
La fuerza argumentó que el practicaje revestía características de servicio público esencial y advirtió sobre las consecuencias legales que podrían derivarse de la continuidad de la medida.
Pese a la intimación, prácticos, pilotos y baqueanos ratificaron la protesta y mantienen paralizadas numerosas operaciones portuarias. La situación genera preocupación debido a la relevancia estratégica del Río de la Plata y de la Hidrovía Paraná-Paraguay para las exportaciones e importaciones argentinas.
Excepciones para combustibles y gas
Los profesionales establecieron, sin embargo, algunas excepciones a la medida. Continuaron brindando asistencia a buques petroleros y embarcaciones destinadas al transporte de gas licuado, con el objetivo de evitar problemas en el abastecimiento energético.
La decisión busca reducir los riesgos de contingencias ambientales derivadas de la permanencia o desplazamiento de este tipo de embarcaciones en los cursos fluviales.
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