El proyecto impulsado por el Gobierno propone modificaciones en la venta de medicamentos, el mercado inmobiliario, los arrendamientos rurales, las garrafas y el sistema financiero. También prevé cambios para cooperativas, traductores y la actividad vitivinícola.
El Gobierno nacional tiene en revisión un nuevo proyecto de ley de desregulación económica que prevé modificar reglas históricas en distintos sectores de la actividad productiva y comercial. La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, y aguarda la firma del presidente Javier Milei antes de ser enviada al Congreso.
El objetivo es eliminar regulaciones que el oficialismo considera obstáculos para la competencia, reducir costos y facilitar el ingreso de nuevos actores a diferentes mercados. Entre los rubros alcanzados figuran la venta de medicamentos, la navegación fluvial, el mercado inmobiliario, los arrendamientos rurales, la industria vitivinícola, el régimen de garrafas, el sistema financiero, los traductores públicos y las cooperativas.
Uno de los capítulos más relevantes modifica el régimen de comercialización de medicamentos de venta libre. La propuesta habilita su exhibición en góndolas y amplía la posibilidad de comercialización por internet con entrega a domicilio.
La iniciativa busca otorgar respaldo legislativo a cambios que habían sido incorporados mediante el DNU 70/2023, pero que quedaron parcialmente suspendidos por decisiones judiciales tras presentaciones de entidades farmacéuticas.
El proyecto también elimina el régimen de precio uniforme para los libros, permitiendo que cada librería establezca libremente sus valores, promociones y descuentos. Según el Gobierno, la medida favorecerá la competencia y podría reducir los precios para los consumidores.
En paralelo, propone desregular el mercado del gas licuado de petróleo (GLP), limitando la intervención estatal únicamente a los controles de seguridad y dejando de fijar precios, márgenes de rentabilidad y cupos para las garrafas.
Cambios en el sistema financiero y el agro
La iniciativa incorpora una actualización de los regímenes de prendas y warrants para digitalizar las garantías utilizadas en el acceso al crédito.
Entre las novedades figura la posibilidad de utilizar activos virtuales, como criptomonedas, como garantía de obligaciones, además de incorporar contratos inteligentes, firmas digitales y un registro federal unificado para consultar todas las garantías constituidas en el país.
En el sector agropecuario, el proyecto deroga la ley de arrendamientos rurales, eliminando los plazos mínimos y otras condiciones obligatorias para los contratos de alquiler de campos. De aprobarse, propietarios y productores podrán "pactar libremente" la duración, el precio y la modalidad de pago, mientras que los contratos vigentes continuarán hasta su vencimiento.
Apertura en navegación y cambios para el mercado inmobiliario
El texto también busca reflotar parte de la reforma del cabotaje incluida en el DNU 340/2025, que fue rechazado por el Congreso.
La propuesta habilita que embarcaciones extranjeras puedan realizar transporte fluvial interno mediante permisos temporarios y establece un esquema progresivo para incorporar tripulación argentina según el tiempo de permanencia en el país.
Otro de los cambios más debatidos apunta al mercado inmobiliario. El proyecto elimina la obligatoriedad del título universitario y de la matrícula profesional para ejercer como corredor o martillero público, con el argumento de que esos requisitos representan barreras de ingreso y restringen la competencia.
Reforma para el vino, traductores y cooperativas
La iniciativa redefine además las funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que pasaría a concentrarse exclusivamente en verificar que los productos sean genuinos y aptos para el consumo.
En ese marco, también propone la disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), organismo encargado actualmente de ejecutar políticas de promoción, desarrollo sostenible y posicionamiento internacional del vino argentino.
El proyecto elimina además la obligación general de presentar traducciones realizadas por traductores públicos matriculados en trámites ante la administración nacional, requisito que solo se mantendría en los casos previstos por la reglamentación.
Finalmente, incorpora modificaciones tributarias para las cooperativas. La propuesta elimina la exención plena del Impuesto a las Ganancias y establece que aquellas entidades cuyos excedentes superen los $500 millones anuales deberán tributar ese impuesto.
