REDACCIÓN ELONCE
La expresidenta del Colegio Inmobiliario de Entre Ríos, Paula Armándola, analizó el mercado de alquileres y cuestionó los proyectos de desregulación inmobiliaria. Advirtió que la medida podría afectar la calidad profesional, la protección patrimonial y el ordenamiento territorial.
La desregulación inmobiliaria genera preocupación entre los corredores y profesionales del sector. Así lo expresó la expresidenta del Colegio Inmobiliario de Entre Ríos, Paula Armándola, quien analizó el impacto que podrían tener las iniciativas que buscan flexibilizar el ejercicio de la actividad, al tiempo que describió las dificultades que enfrentan hoy quienes intentan acceder a un alquiler.
En diálogo con Elonce, Armándola señaló que actualmente el principal problema no radica únicamente en los valores de los alquileres, sino en el contexto económico general. “Los precios se vienen ajustando cada vez más, hubo muchísima más oferta. Ahora se está contrayendo un poco la demanda, pero no por los precios de los alquileres en sí, sino por la situación macroeconómica que está viviendo el país”, explicó.
A esa situación se suma la dificultad para reunir las garantías exigidas para firmar un contrato. “El tema de los requisitos suele ser un problema, más que nada el tema de las garantías que tienen que servir para poder cumplir como garante del precio del alquiler”, sostuvo.
El desafío de ingresar a un alquiler
Según detalló la dirigente inmobiliaria, los montos necesarios para acceder a una vivienda representan una barrera importante para muchas familias. Explicó que los jubilados y pensionados no suelen ser aceptados como garantes debido a las limitaciones legales para ejecutar ingresos en caso de incumplimiento.
“Por ley, lo único que se le puede embargar al garante para cubrir el alquiler del inquilino es el 25%. Entonces tenés que sumar muchos 25% para llegar al precio del alquiler que pueda servirle al propietario”, indicó.
Armándola precisó que actualmente un monoambiente ronda entre los 400.000 y 500.000 pesos mensuales, más expensas y servicios, mientras que otras propiedades pueden alcanzar alquileres cercanos al millón y medio de pesos. En ese contexto, aseguró que el ingreso inicial puede acercarse al millón de pesos entre depósito, sellados y honorarios.
“Estás en algo de 400.000 pesos y llegás casi al millón para poder entrar”, resumió sobre los costos que afronta una persona al momento de alquilar.
La defensa de la profesionalización
Consultada sobre los proyectos de desregulación, Armándola sostuvo que el verdadero riesgo es la pérdida de estándares profesionales dentro de la actividad.
“Lo que propone, para mí, de fondo es un sistema de desprofesionalización de las personas que ejercemos el corretaje inmobiliario”, afirmó.
En ese sentido, argumentó que la formación académica y la capacitación continua son fundamentales para brindar un servicio de calidad. “Si una persona no se prepara, no se ejercita, no supera determinadas barreras, generalmente no va a brindar el mejor servicio posible”, manifestó.
La expresidenta del Colegio Inmobiliario de Entre Ríos destacó que la provincia cuenta con una legislación pionera en el país para regular la actividad. “Entre Ríos, afortunadamente, es la única provincia que tiene una ley que protege a la profesión, que es la Ley 11.084”, remarcó.
Entre Ríos como referencia nacional
Armándola defendió además el proceso de profesionalización que se impulsó en la provincia durante los últimos años y destacó el desarrollo de una carrera de grado específica para la actividad.
“Hoy en la provincia de Entre Ríos no hay duda de que es una carrera profesional, no hay duda de que la sociedad, a través de un debate legislativo, eligió formar a esos profesionales para brindar un mejor servicio al mismo precio”, sostuvo.
La dirigente recordó también el trabajo realizado por referentes históricos de la institución. “Tengo el orgullo de ser hija de José María Armándola y de María Magdalena Benítez, que formaron el colegio y soñaron con la carrera de grado”, expresó.
Asimismo, destacó el modelo de ordenamiento territorial denominado Entre Ríos Entre Arroyos, una propuesta que busca compatibilizar el desarrollo inmobiliario con la protección ambiental y el uso responsable del suelo.
El rol del corredor en la protección del patrimonio
Para Armándola, el corredor inmobiliario no solo participa de operaciones comerciales, sino que también cumple una función social vinculada al cuidado del patrimonio y la planificación territorial.
“El corredor inmobiliario debería ser el profesional que cuida y vigila esas transacciones inmobiliarias en donde se está vendiendo un humedal. Hay que ser sinceros y decir: no se puede urbanizar”, ejemplificó.
A su entender, la falta de información y controles puede derivar en consecuencias negativas para toda la sociedad, como la contaminación ambiental, la pérdida de suelo productivo o el crecimiento urbano desordenado.
“Estamos hablando de ahorro y vivienda, o sea, son dos necesidades básicas que necesitan un acompañamiento”, enfatizó. Y agregó: “No el 100% de las personas están formadas o tienen por qué saber sobre todo el bagaje de conocimiento contable, jurídico y también psicológico que implica una operación inmobiliaria”.
Finalmente, sostuvo que la provincia se encuentra en una posición de vanguardia gracias a las herramientas legales y académicas desarrolladas en los últimos años, y consideró que avanzar hacia una desregulación inmobiliaria podría significar una pérdida de protección para quienes invierten sus ahorros o proyectan acceder a una vivienda.
