Un informe del Observatorio de Tierras reveló que 36 departamentos del país superan el límite del 15% de propiedad extranjera establecido por la Ley de Tierras Rurales. El relevamiento reavivó el debate en medio de la discusión por la posible modificación de esa normativa.
Más de 13 millones de hectáreas rurales de Argentina permanecen bajo control de empresas y capitales extranjeros, según un informe del Observatorio de Tierras, elaborado a partir de datos oficiales obtenidos mediante un pedido de acceso a la información pública.
Esa superficie vuelve a poner en el centro de la escena el debate sobre la vigencia de la Ley de Tierras Rurales, mientras el Gobierno nacional impulsa modificaciones a la normativa.
Estados Unidos, Italia y España encabezan la lista de países con mayor presencia en tierras rurales argentinas. Entre los tres concentran más de la mitad de las hectáreas extranjerizadas. También aparecen empresas y fondos de inversión con origen en Suiza, Chile, Uruguay, Emiratos Árabes Unidos, el Estado de Qatar y sociedades radicadas en paraísos fiscales.
Aunque la Ley 26.737, sancionada en 2011, establece que la propiedad extranjera no puede superar el 15% del territorio nacional, provincial o departamental, el informe advierte que 36 departamentos del país exceden ampliamente ese límite.
Zonas estratégicas por el agua, los minerales y la logística
El estudio, elaborado por el investigador del Conicet Matías Oberlin y la socióloga Julieta Caggiano, identifica un patrón común en la localización de esas propiedades: se concentran en áreas fronterizas y en regiones con abundantes recursos naturales.
"La mecánica es muy clara: son tierras de frontera o ricas en recursos minerales e hídricos", explicó Oberlin a Página12. El investigador sostuvo que los capitales extranjeros "se ubican donde hay recursos que son finitos, como en la Cordillera, donde hay glaciares y minerales críticos, o en la hidrovía del Paraná".
Entre los departamentos con mayor nivel de extranjerización aparecen Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta), donde más de la mitad de la superficie rural pertenece a propietarios extranjeros.
El informe también advierte una fuerte presencia de capitales internacionales en áreas vinculadas al río Paraná. Allí figuran Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), además de Campana (Buenos Aires), departamentos donde la propiedad extranjera supera el 30% de las tierras rurales.
Casos emblemáticos en distintas provincias
Uno de los ejemplos más significativos es Misiones, donde cinco departamentos ya superan el límite establecido por la ley. Allí predominan capitales chilenos, principalmente de la empresa Arauco, dedicada al monocultivo forestal.
Según el informe, la compañía posee más de 230.000 hectáreas. Investigaciones publicadas en el libro Fiebre por la Tierra, de Fernando Romero Wimer y Paula Fernández Hellmund, indican que controla más del 40% de nueve cuencas hidrográficas provinciales y concentra casi la mitad de los bosques nativos alcanzados por su expansión.
En Chubut, el grupo italiano Benetton continúa siendo el mayor propietario privado de tierras, con unas 900.000 hectáreas en la zona de Cushamen. El Observatorio sostiene que la concentración de la propiedad ha generado conflictos con comunidades originarias y disputas por el acceso a recursos hídricos.
También aparecen importantes inversiones extranjeras en Salta, donde empresas estadounidenses y chinas poseen extensas superficies destinadas a la agricultura, la ganadería, la minería y la explotación de hidrocarburos.
Minería, glaciares y recursos estratégicos
El informe señala que la extranjerización también avanza sobre departamentos cordilleranos donde confluyen proyectos mineros y reservas hídricas.
En Malargüe (Mendoza), casi el 15% de la superficie rural pertenece a propietarios extranjeros. Allí se desarrollan proyectos vinculados a la extracción de uranio, cobre, oro, hierro y potasio, además de encontrarse una importante superficie glaciar.
Situaciones similares se registran en Iglesia (San Juan), donde el 25% de las tierras rurales está en manos de capitales extranjeros; en Tinogasta (Catamarca), con el 27%; y en General Lamadrid (La Rioja), donde la extranjerización alcanza el 57% del territorio rural.
Según el Observatorio de Tierras, estos departamentos presentan una superposición entre recursos hídricos estratégicos, áreas glaciares y proyectos extractivos impulsados por empresas internacionales.
El debate por la Ley de Tierras
La difusión del informe coincidió con la discusión sobre un proyecto del Gobierno nacional que propone modificar aspectos centrales de la Ley de Tierras Rurales.
En ese contexto, Oberlin advirtió que la discusión no apunta a la inmigración ni a los pequeños productores extranjeros, sino al control territorial ejercido por grandes grupos económicos.
"Extranjerización no quiere decir personas que nacieron afuera, vienen a vivir, trabajan y se instalan en nuestro país. Estamos hablando de grandes capitales que se apropian de una porción importantísima de nuestro territorio y la controlan desde afuera", sostuvo el investigador en declaraciones a APFD.
Además, afirmó que la iniciativa oficial busca "derogar los artículos principales de la Ley de Tierras", lo que, a su criterio, profundizaría el proceso de concentración sobre zonas estratégicas del país.