El imputado recibió ocho meses de pena condicional y deberá cumplir reglas de conducta, entre ellas la prohibición de tener animales bajo su cuidado. El hecho marcó antecedente en la provincia, ya que por primera vez se dispuso prisión preventiva de un acusado de maltrato animal.
La Justicia de Entre Ríos resolvió mediante un juicio abreviado la causa por el caso de maltrato y crueldad animal que conmocionó a la localidad de Santa Anita, en el departamento Uruguay. El acuerdo, alcanzado en los tribunales de Concepción del Uruguay, estableció una condena de ocho meses de prisión de ejecución condicional para H.J.O., acusado de infringir la Ley Nacional Nº 14.346 de Protección contra el Maltrato y la Crueldad Animal.
La información fue confirmada por la abogada Cecilia Domínguez, quien intervino en la audiencia junto a representantes de la organización Conciencia Animal Entre Ríos, constituida como querellante en representación del perro asesinado.
Además de la pena de prisión condicional, el imputado deberá cumplir una serie de reglas de conducta impuestas por la Justicia. Entre ellas figuran fijar domicilio, abstenerse de contactar a los testigos, no realizar actos perturbatorios, continuar con tratamiento psicológico y psiquiátrico y no tener animales convivientes ni bajo su guarda durante el tiempo establecido.
Un caso que generó conmoción
El hecho ocurrió en Santa Anita y provocó un fuerte repudio social luego de que se difundieran imágenes del perro, que fue ahorcado. La causa movilizó a vecinos, organizaciones proteccionistas y usuarios de redes sociales, que reclamaron justicia y sanciones más severas para los responsables de hechos de crueldad animal.
La investigación también marcó un antecedente en la provincia, ya que por primera vez la Justicia entrerriana dispuso la prisión preventiva de un acusado por un delito de maltrato y crueldad animal.
Piden aumentar las penas
Tras conocerse el acuerdo, la abogada Cecilia Domínguez señaló que la condena puede resultar insuficiente para gran parte de la sociedad, aunque recordó que la legislación vigente limita las penas previstas para este tipo de delitos.
"Si bien para muchos la pena es muy escasa, y es cierto, debemos recordar que el máximo de la escala penal de la Ley Nº 14.346 es de hasta un año de prisión",
expresó.
La letrada insistió en la necesidad de reformar la Ley de Protección contra el Maltrato y la Crueldad Animal para incrementar las sanciones y fortalecer las herramientas judiciales frente a este tipo de hechos.
Con esta resolución, la causa quedó encaminada hacia su cierre judicial, aunque volvió a instalar el debate sobre la necesidad de endurecer las penas para quienes ejercen violencia contra los animales.
